La Policía desmantela una trama de facturas falsas en la prisión de Sevilla

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desmantelado una trama para la elaboración de facturas falsas que se giraban a los centros penitenciarios de Sevilla, en una investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en la que han sido detenidas tres personas, entre ellas el ingeniero jefe del servicio de mantenimiento de los centros penitenciarios de Sevilla y que está considerado como líder de un fraude en el que participaban los responsables de dos empresas subcontratistas de los servicios de seguridad y contraincendios de las cárceles ubicadas en la provincia de Sevilla.

La investigación se inició en marzo de 2023, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por uno de los socios de las subcontratistas Imaco y Ofimaco, y tras la judicialización del caso estuvo declarada secreta durante más de nueve meses, en concreto, hasta junio pasado, cuando se llevaron a cabo los tres arrestos y una serie de registros, incluido uno que se desarrolló en la prisión de Sevilla-I, en las oficinas del responsable del servicio de mantenimiento y principal investigado, F. T. G. Junto a este ingeniero, que se encargaba del mantenimiento de las cáceles sevillanas (Sevilla-I, el CIS y la unidad de Madres, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario y la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, ya cerrada) fueron detenidos los administradores de las empresas mencionadas, L. M. C. D. y J. M. B. T., a los que se atribuyen delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad, si bien la Policía considera que los hechos incluso podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización o grupo criminal.

La juez de Instrucción número 10 ha concluido en un auto que hay indicios de la existencia de una "contabilidad paralela o ilícita, con cargo a los presupuestos del centro penitenciario", consistente en la elaboración de "facturas falsas" con un sobrecoste cuyo importe es destinado a la compra de una "variedad de productos para terceras personas de su entorno". En los correos cruzados entre el ingeniero investigado y las empresas Imaco y Ofimaco figura la adquisición de televisores, teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, lavadoras y frigoríficos, y la juez cifra en 158.829,07 euros la cuantía de las facturas falsas cargadas al centro penitenciario entre los años 2016 y 2022, aunque otras fuentes consultadas consideran que el fraude sería mucho mayor.

La instructora, en el auto al que tuvo acceso este periódico, considera que el ingeniero F. T. G. se "lucraría de la venta de estos productos", algunos de los cuales fueron entregados a funcionarios del centro penitenciario.

En un atestado remitido al juzgado, la Policía considera que los investigados utilizaron varios mecanismos para lograr un "enriquecimiento ilícito a costa de los presupuestos de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, valiéndose de facturas falsas". Según la UDEF, un primer mecanismo consistía en que el ingeniero y las empresas Imaco y Ofimaco se repartirían la cantidad integra de parte de las facturas falsas, de las cuales las empresas subcontratistas se quedarían con un porcentaje de entre el 40 y el 50%, y el resto sería para F. T. G., quien a su vez facturaba mensualmente con estas empresas por diferentes trabajos de asesoría y consultoría que, a su juicio, "no se habrían realizado", con una operativa que en realidad estaría "encubriendo los beneficios ilícitos -o parte de los mismos- obtenidos mediante la falsificación de las facturas y la malversación de los fondos del centro penitenciario de Sevilla, aflorando de esta forma el dinero negro y procediendo al blanqueo del mismo, con servicios y asesoramientos supuestamente realizados". Se incluyen así facturas de diciembre de 2020 por importe de 2.639,40 euros, de abril de 2021 por 2.014 euros, o de febrero de 2022 por 1.547,60, entre otras muchas.

Emitían facturas que denominaban "pedreas" a final de año con el presupuesto no ejecutado

La Policía llama la atención sobre las facturas que emiten a cargo de las denominadas "pedreas", un concepto con el que se referían a la elaboración de facturas a final de año, con cargo a las cantidades del presupuesto anual del centro penitenciario que "no se han ejecutado" y con el que liquidaban la totalidad del presupuesto asignado para dicho ejercicio. Como ejemplos de estas "pedreas", destacan dos facturas emitidas el 29 de octubre de 2018 por importe de más de 18.000 euros cada una.

Una segunda modalidad con la que se perfeccionaba el fraude consistía en que el jefe de mantenimiento, en connivencia con los dos empresarios investigados, llevaban una contabilidad ilícita que denominaban "Tesorería". En esta Tesorería se contabilizaban y emitían facturas falsas cobradas al centro penitenciario cuyo importe sería destinado a la compra de "un gran número de productos, tales como electrodomésticos, móviles, ordenadores y otros, que, con posterioridad, serían repartidos a diferentes personas", entre las que se encuentran funcionarios y empresarios con vínculos mercantiles con el centro. La Policía señala sobre esta modalidad una doble hipótesis: que el jefe de mantenimiento estuviera ofreciendo la compra de estos productos a personas próximas a su entorno "a un precio inferior al del mercado", o bien, que estos artículos o parte de ellos se hayan adquirido "como regalos, ante algún compromiso o trato de favor".

Los tres detenidos se acogieron a su derecho a no declarar tanto ante la Policía como cuando fueron puestos a disposición judicial, y a continuación fueron puestos en libertad, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.