La Policía cree que el fraude en la prisión de Sevilla se extiende a más empresas y a otras administraciones públicas

La Policía Nacional cree que el fraude detectado en las prisiones de Sevilla puede extenderse a más empresas que también participarían en la elaboración de las facturas falsas y que, además, la trama podría afectar a otros centros penitenciarios e incluso a otras administraciones públicas. Así lo expone la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el atestado remitido al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga al ingeniero jefe del servicio de mantenimiento de los centros penitenciarios de Sevilla y a los administradores de las empresas subcontratistas Imaco y Ofimaco, tal y como adelantó ayer este periódico.

En el informe policial, los agentes analizan una serie de correos electrónicos del principal investigado, el ingeniero F. T. G., en los que se recogen las instrucciones para la elaboración de las facturas falsas y la compra de distintos electrodomésticos para personas de su entorno. Del estudio de esos mensajes, los investigadores llegan a la conclusión de que además de Imaco y Ofimaco, otras empresas, también contratistas o suministradoras del centro penitenciario de Sevilla, estarían "llevando a cabo ilícitos semejantes en connivencia" con el jefe del servicio de mantenimiento.

En este sentido, la Policía también destaca que el volumen de adquisiciones es de tal magnitud, así como la implicación de otras empresas que participarían en el fraude, que el principal investigado reconoce en uno de los mensajes que no recuerda ni encuentra en sus documentos "quién" compró y le envió dos patinetes eléctricos -Xiaomi Pro 2- que fueron entregados agosto de 2021 en el domicilio de su ex mujer en Sevilla. El mail que el ingeniero envía el 14 de diciembre de 2021 al administrador de Imaco recoge precisamente en el campo destinado al asunto la pregunta "¿Fuisteis vosotros?" y en el cuerpo del mensaje relata precisamente que no encuentra quién le envió los dos patinetes eléctricos y lo necesita por "temas de garantía" de estos vehículos.

Del estudio de este mensaje, los investigadores concluyen que "el método y operativa" que estaría utilizando F. T. G. para la falsificación de las facturas falsas y proceder a la malversación de caudales públicos del centro penitenciario de Sevilla con la participación de las sociedades mercantiles mencionadas, "también estaría siendo utilizado con otras empresas que hasta la fecha no están identificadas, pero que vendría a poner en evidencia como el ingeniero jefe de mantenimiento, con el paso del tiempo, habría ido creando toda una red de empresas de su plena confianza sobre las que ejercería su control y liderazgo".

Contratos con el centro penitenciario de Málaga

El jefe de mantenimiento, añade el atestado, se serviría de esas empresas, con la "connivencia de sus administradores que también se verían beneficiados, para llevar a cabo todos los actos necesarios para malversar los caudales del centro penitenciario de Sevilla así como para darles apariencia de legalidad, blanqueando el origen ilegal de dichos fondos".

Los agentes indican que estos hechos "podrían ser extensibles a otros centros penitenciarios o administraciones públicas" y, en este sentido, el informe recopila varios contratos menores que Imaco y Ofimaco suscribieron en los años 2015 y 2016 con la dirección del centro penitenciario de Málaga.

Sobre el principal investigado, el ingeniero F. T. G., la Policía ha realizado un análisis patrimonial preliminar en el que llega a la conclusión de que su patrimonio no se corresponde con los ingresos que recibe como jefe del servicio de mantenimiento de los centros penitenciarios de Sevilla. Lo primero que destaca la UDEF es su participación en un gran número de sociedades mercantiles -citan hasta cinco empresas-, en la mayoría como socio único aunque en "ninguna de ellas ostenta cargo alguno de administrador"; así como los bienes inmuebles que posee y que es titular de "un anormal número de cuentas corrientes" (hasta 12 en varias entidades bancarias distintas).

Relatan asimismo que es propietario de un vehículo que en su versión más básica cuesta 60.000 euros y recuerda que su sueldo como jefe del servicio de Mantenimiento es de 35.562,06 euros brutos anuales más los pluses, lo que les lleva a la siguiente conclusión: "Dispone de un patrimonio -propiedades, vehículo- que en principio no parece corresponderse con el que tendría cualquier otro trabajador en función de los emolumentos que recibe como asalariado", algo que también consideran aplicable a la cantidad de cuentas bancarias en las que figura como titular.

La Policía considera que hay indicios de malversación, blanqueo de capitales e incluso de pertenencia a organización o grupo criminal, en los que F. T. G. "ejercería el liderazgo con la participación de otras personas físicas y jurídicas". El entramado, prosiguen, sería extensible "a otras mercantiles aún sin identificar, incluso a otros centros penitenciarios o administraciones, así como la previsible y presunta participación en los hechos de responsables o funcionarios del centro penitenciario con la consecuente inclusión de otros delitos penales como el cohecho", si bien por el momento la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que instruye la causa, sólo mantiene como investigadas a estas tres personas: el ingeniero y los administradores de Imaco y Ofimaco L. M. C. D. y J. M. B. T.