El plan de choque no evita que Sevilla siga fijando juicios a tres años vista

El plan de choque impulsado por el Ministerio de Justicia, la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo insuficiente en la jurisdicción Social de Sevilla. Mientras los jueces se vean obligados a fijar juicios para dentro de tres años, la respuesta de la Justicia en asuntos tan delicados como los que afectan a los trabajadores sigue siendo un auténtico fracaso.

En esta ocasión, un abogado ha denunciado en las redes sociales el señalamiento de una vista oral para el “22 de mayo de 2024”, a las 9:45 horas, es decir, dentro de más de tres años. Y no se trata de un caso aislado, sino que varios juzgados de lo Social de Sevilla se han visto obligados a señalar juicios con esa demora tan sorprendente que al final hace buena esa frase que se repite constantemente en estos casos: “Una Justicia tardía no es Justicia”.

Desde hace varios años, los juzgados de lo Social de Sevilla, en los que se ha creado en 2020 el juzgado número 12, cuentan con un refuerzo de dos Jueces de Adscripción Territorial (JAT) y dos letrados de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales–, a los que desde el año 2016 se les han remitido un total de 11.682 asuntos por parte de 11 juzgados de lo Social. En 2016 fueron 2.640 los asuntos recibidos por estos jueces y secretarios de refuerzo; 4.422 en el año 2017; y 4.620 en el 2018. Desde este último año, no han recibido más asuntos.

Para la tramitación de estos más de 11.682 asuntos, han contado con una plantilla de 13 funcionarios: tres del cuerpo de Gestión Procesal, seis de Tramitación y cuatro de Auxilio Judicial.

Además, con motivo de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, se puso en marcha un plan de choque –de acuerdo con el Real Decreto 11/2020, de medidas urgentes– que afecta a los magistrados y a los funcionarios con el objetivo de aumentar la productividad de estos órganos, con un apoyo económico para que los funcionarios desempeñen un refuerzo por las tardes. Asimismo, está previsto otro nuevo refuerzo con dos sustitutos externos, a los que corresponderían unos 1.100 asuntos entre ambos jueces.

Según explica a este periódico el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, se trata de un refuerzo de carácter semestral, que está previsto que entre en funcionamiento en mayo o junio próximos, aunque todavía está pendiente de determinar qué órgano será el que señale la celebración de los juicios, si el juzgado que envía los asuntos a estos dos jueces de refuerzo o son estos últimos los que fijan el calendario.

El decano tiene clara cuál es la solución para acabar de una vez por todas con el tradicional colapso de esta jurisdicción. “La solución pasa por la creación de un número suficiente de órganos judiciales”, asevera Francisco Guerrero, que confía en que este año el Ministerio de Justicia cree el juzgado de lo Social número 13 de Sevilla y que su entrada en funcionamiento sea “lo antes posible”.

En cualquier caso, en la memoria de actividades y funcionamiento de los juzgados de Sevilla el decano reclama la creación de seis nuevos órganos judiciales de lo Social en Sevilla, debido al desfase entre el volumen de asuntos de entrada que fijan los módulos del CGPJ, que es actualmente de 800, y la carga real que soportan estos juzgados, que en Sevilla se sitúa entre los 1.100 y 1.200 asuntos, lo que supone una desviación sobre el módulo de entre 300 y 400 asuntos por cada juez y año.

La situación de colapso en la jurisdicción Social de Sevilla, recuerda el decano, se ha vuelto “estructural” desde el año 2007, con el inicio de la crisis económica y el aumento de los litigios laborales. Francisco Guerrero señala que los órganos de apoyo o de refuerzo “no tienen la agilidad” de un juzgado, puesto que éstos tramitan los recursos, las firmezas y las ejecuciones de los asuntos, por lo que su labor es “más completa y efectiva”.

El magistrado considera que la queja de los letrados y de los ciudadanos afectados por esta demora está “más que fundada y no existe justificación”, por lo que insiste en que la solución al problema está en “invertir más en la Justicia”. Guerrero recuerda que en el año 2020 se dictó un volumen de resoluciones que han “disminuido algo la pendencia”, se ha trabajado incluso durante el periodo de suspensión de las actuaciones judiciales tras la declaración del estado de alarma, pero esta labor “no es suficiente” puesto que Sevilla y Andalucía tienen una “litigiosidad muy alta”.

En el ámbito de la jurisdicción Social “los números cantan: hay muchos asuntos de reclamaciones de cantidad y de reclamaciones a la Seguridad Social, muchos asuntos de despidos y cada vez son más complicados”. El decano recuerda que el último año se ha producido además una situación extraordinaria, porque a la pendencia que se arrastraba por la crisis económica se ha sumado ahora la derivada de la pandemia del coronavirus.