Los peritos oficiales insisten en la teoría del "perverso sistema" y la "magia" de las subvenciones

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe sobre las ayudas de los ERE a instancias del juzgado han insistido este martes en la teoría del "perverso sistema" que, según sostienen, la Junta implantó para la concesión de las subvenciones durante una década, y han apelado a cómo los expedientes de transferencias de financiación "por arte de magia" se convertían en subvenciones.

En una nueva sesión del juicio -la 116 desde que inició la vista oral y la 20 de la prueba pericial-, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha mostrado a los peritos del juzgado la queja que el Parlamento andaluz elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del auto de la juez Mercedes Alaya en el que la entonces instructora del caso de los ERE encargó a estos peritos que determinaran qué pudo conocer la comisión de Presupuestos del Parlamento sobre las irregularidades y qué pudo hacer la comisión para detener esas irregularidades.

El letrado le ha preguntado a los expertos si tras la lectura de esa queja mantenían o rectificaban sus afirmaciones respecto a que el Parlamento fue inducido a error con el programa 31L por el que se concedían las ayudas en la fase de elaboración de los presupuestos, a lo que el portavoz de los peritos, Ángel Turrión, ha contestado que se ratificaban en "todo lo que han dicho".

Por el contrario, los peritos propuestos por las defensas de varios ex altos cargos han reiterado que es "imposible" que se produjera una enmienda a la partida 31L sin que el Parlamento tuviera conocimiento sobre el contenido de las ayudas que se estaban dando, por cuanto "se conocía cuál era el contenido del programa", ha expresado el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha elaborado un informe a instancias de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.

Turrión replicó que el programa 31L es "claro que contenía concesión de subvenciones, pero lo que en ningún caso señaló es el verdadero sistema de concesión de subvenciones que después implantó la Consejería de Empleo" y a su juicio el aspecto clave está en determinar si la ley de Presupuestos modificó el sistema de concesión de subvenciones, si el Parlamento era conocedor y si se modifica el sistema de fiscalización de las transferencias. "Queda claro que en ningún caso se explicó el verdadero sistema de concesión de subvenciones que había hecho la dirección general de Trabajo", ha opinado Turrión.

Durante esta sesión también se ha vuelto a analizar el papel de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de los interventores delegados en la Consejería de Empleo en el control de las subvenciones, aspecto en el que el catedrático de Derecho Administrativo José Ignacio López, que ha elaborado un informe pericial a instancia de la defensa de Antonio Fernandez, ha defendido que si el interventor delegado hubiera realizado un "informe de disconformidad" sobre las ayudas, al no existir crédito presupuestario disponible, "no habría forma de trasladar fondos al IFA y no se podrían conceder ayudas", con lo que se hubiera detenido dicha concesión.

Por su parte, Turrión contestó que "nunca nadie sometió" al interventor de la consejería de Empleo un expediente de concesión de subvenciones, sólo se le presentó un expediente de transferencias de financiación y el interventor delegado "no podía saber si detrás de ese expediente de transferencias de financiación había un expediente de concesión de subvenciones". El perito ha insistido en que era necesario que las ayudas se hubieran fiscalizado previamente como cualquier otro gasto. "¿Había que fiscalizarlo? Sí; ¿Se hizo? No, en ningún caso", ha argumentado el perito, que ha añadido que esos expedientes de transferencias de financiación "como por arte de magia" se convertían en subvención.

Turrión ha indicado que ese "perverso sistema" se utilizó durante diez años para la concesión de subvenciones en Andalucía y ha añadido que con independencia de que el interventor delegado pudiera tener indicios de las irregularidades, "lo que no cabe duda es de que la intervención general de la Junta lo sabe y lo verifica con el informe adicional de 2003", que se notifica en 2005.