Dos peritos confirman que Fumapa estaba en causa de disolución y no tenía plan de negocios

Dos peritos que analizaron la situación económica de la empresa Fumapa, que recibió un préstamo que por importe de 359.581,6 euros le otorgó Invercaria, han confirmado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla que esta mercantil, ubicada en La Carolina (Jaén) y que tenía como uno de sus principales clientes a Santana Motor, se hallaba en "causa de disolución" cuando recibió el crédito, dado que contaba con un patrimonio negativo en el último ejercicio, y además no había presentado un "plan de negocios" para solicitar dicha ayuda por parte de la sociedad pública de capital riesgo andaluza.

Los dos expertos han asegurado, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, que la empresa Fumapa estaba en "causa de disolución por el deterioro progresivo de su patrimonio" y tenía asimismo un problema de falta de liquidez, por lo que a su juicio la sociedad "nunca estuvo en condiciones económicas de devolver el préstamo", puesto que el pasivo era superior al activo entre los años 2006 y siguientes.

A preguntas de los letrados de la defensa, los peritos sí han puesto de manifiesto que si se computaba el préstamo de Invercaria en el año 2006 la empresa "no entraría en causa de disolución".

Además, han considerado que la calidad de los documentos aportados para solicitar la ayuda a Invercaria era "insuficiente" y han cuestionado que la empresa incluyera en sus previsiones un aumento del 650% de la facturación prevista para 2008, lo que suponía 1,2 millones en un solo año, y en este sentido han indicado que la empresa "debería haber aportado un mínimo de verosimilitud a estas expectativas".

En esta sesión del juicio, octava que se celebra desde que se inició esta cuarta vista de la macrocausa de Invercaria, también ha comparecido un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha afirmado que las inversiones de Invercaria tenían que reunir una serie de requisitos obligatorios entre los que ha destacado que debían realizarse en "empresas viables económica, técnica y financieramente".

Este interventor ha explicado que las pérdidas de explotación de Invercaria en el año 2009 eran de 1,8 millones, aunque en los años 2005 y 2006 había tenido beneficios. El perito ha dicho igualmente que Invercaria "se nutría también de fondos europeos, no sólo de los fondos" que le transfería la agencia Idea, como los programas Campus y Atlantis, pero ha indicado que no ha encontrado en el sumario documentación alguna que acredite que Idea estaba autorizada a "desconcentrar la gestión" de estos fondos europeos en la sociedad pública de capital riesgo.

Este cuarto juicio de Invercaria finalizará el próximo 8 de noviembre, día en el que la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y las defensas expondrán sus conclusiones definitivas y los seis acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a última palabra.

En la pieza de Fumapa están acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, los que fueran miembros del consejo de Administración Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martínez López, así como los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares.

Anticorrupción reclama hasta seis años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros concedió esta sociedad pública andaluza de capital riesgo a la empresa Fumapa.

El Ministerio Público pide las mismas penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete, y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, les reclama dos años y medio de cárcel y seis inhabilitación para cada uno. A estos dos últimos acusados, el fiscal los consideran inductores de los delitos de prevaricación y malversación, apreciándoles además una circunstancia atenuante en su conducta prevista en el artículo 65.3 del Código Penal, para “cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor”, lo que permite imponer la pena inferior en un grado.

Además de las penas de cárcel y de inhabilitación, el Ministerio Público reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la agencia Idea con 300.000 euros, puesto que, según apunta en el escrito de conclusiones provisionales, “el perjuicio total a la mercantil Invercaria y a la agencia Idea asciende a 359.581,60 euros, cantidad que puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinados a inversiones, suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque”.