Unos peritos afirman que el procedimiento utilizado por Invercaria era "inapropiado"

La sesión de este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla del juicio de la pieza de Invercaria sobre los préstamos participativos a la diseñadora cordobesa Juana Martín estuvo protagonizada por dos parejas de peritos y sendos informes técnicos realizados. La primera pareja de expertos desentrañó, a preguntas tanto del fiscal, como las acusaciones y las defensas, el informe realizado sobre Invercaria. Ante las preguntas del Ministerio Público fueron tajantes: "Los fondos de la sociedad utilizados en el programa de préstamos participativos eran de origen público al tener como socio a Idea".

Según declararon ante el tribunal, "los gastos de explotación de Invercaria eran sufragados por Idea mediante transferencias para suplir las pérdidas. En varias ocasiones aparecen bajo el epígrafe de subvenciones". Los peritos explicaron que esta denominación "no es algo habitual en el mercado mercantil puesto que la regulación comunitaria establece que la Administración puede prestar el dinero a las empresas, pero en las mismas condiciones que las existentes en el mercado, porque si no, no existirían las mismas condiciones para todos", explicó uno de los peritos. Este técnico advirtió que si se hubiera investigado entonces, "se podría haber obligado a reintegrar esos fondos a la UE o haber derivado en una sanción a Invercaria o Idea". En este sentido, consideraron que el procedimiento utilizado por Invercaria "era inapropiado".

En este sentido, los expertos señalan que estas partidas estaban sujetas al control financiero de la intervención general y la Cámara de Cuentas.

Asimismo, a través de videoconferencia, declararon los peritos que realizaron el informe sobre el plan de empresa y viabilidad de la empresa de Juana Martín. En él señalaron que, a pesar de que la renta de la empresa empezó a disminuir a partir de 2007, "Invercaria continuó dando préstamos participativos a la sociedad". A preguntas del fiscal, reconocieron que existe entre 2006 y 2011 un proceso de descapitalización con resultado negativo en todos los ejercicios analizados. Según estos técnicos, "si se detectan desviaciones desde el primer año, debería de haber sido investigado". Ahora bien, a preguntas de uno de los abogados defensores, admitieron que no se pude afirmar que los fondos se hayan desviado.