El 'déjà vu' de los peritos de la IGAE en el cuarto juicio de los ERE

Un auténtico 'déjà vu' en el caso de los ERE cuatro años después del primer juicio. Y los que quedan, si tenemos en cuenta que hay más de un centenar de juicios en cola en la Audiencia de Sevilla. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han comparecido este martes en el cuarto juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas que por importe de 420.708,47 euros recibió la empresa Novomag Manufacturas Metálicas (Nueva Magefesa), de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Los peritos de la IGAE, liderados por Ángel Turrión -al que algunas defensas definieron en el juicio de la pieza política como el "Forrest Gump del Derecho"-, han vuelto a exponer con ocasión de este nuevo juicio sus tesis respecto al sistema de "ingeniería" presupuestaria y contable que se diseñó para ocultar el pago de las ayudas de los ERE a través de las transferencias de financiación de la famosa partida presupuestaria 31L.

Así, Ángel Turrión ha indicado que la concesión y el pago material de las ayudas estaban sometidas a "fiscalización previa" por parte de la Intervención General de la Junta, por lo que debían "cumplirse los requisitos. La fiscalización de esa ayuda a la empresa Novomag, ha precisado, "debió realizarse en la Consejería de Empleo pero fue imposible porque los fondos habían sido transferidos al IFA/Idea para que efectuara el pago, con lo que se obviaba el paso legalmente exigible de la fiscalización previa por parte del interventor de la Consejería de Empleo".

El perito ha recordado en su declaración ante el tribunal, en el que está la magistrada Encarnación Gómez -que también formó parte del juicio del "procedimiento específico"-, que el juzgado les encargó realizar un análisis de la legalidad de las ayudas, y ha añadido que la ayuda a Novomag, "al igual que las 270" que investigaron en la macrocausa de los ERE, era "imposible que hubieran cumplido el procedimiento legalmente establecido, porque para empezar nunca tuvieron un crédito presupuestario adecuado". La legalidad "era imposible cumplirla, porque no había decrecido adecuado y no podían concederse, porque la autoridad que las concedía no tenía competencia para ello", ha reiterado.

La ayuda a Novomag, ha continuado, es fiscalizada en el IFA/Idea, pero se hace "a posteriori" porque la agencia está sometida al sistema de Control Financiero Permanente (CFP), no a la fiscalización previa, por lo que "lo único que podía fiscalizar el IFA es el pago de la ayuda, no la concesión".

El presupuesto "falseado" de la Consejería de Empleo

De la misma forma, ha manifestado, al igual que dijo en el primer juicio, que "el presupuesto de la Consejería de Empleo estaba falseado para permitir ese procedimiento anómalo, para auge no se siguieran los pasos en la concesión de las subvenciones y para que el interventor no pudiera verlo".

La defensa de los cinco trabajadores acusados de Novomag -este juicio es el primero de los ERE que se dirige sólo contra los beneficiarios, no contra las autoridades que concedieron las ayudas- ha planteado si en el año 2003 estas personas, "ciudadanos medios", podían tener conocimiento esta "ingeniería" presupuestaria que se estableció en la concesión de las ayudas entre los años 2000 y 2010, a lo que los peritos han respondido que no podían conocerlo, porque era un "sistema opaco que no estaba al alcance de cualquiera". Sin embargo, sí que ha señalado que los acusados "debían saber que tenían que pedir la ayuda, tener una necesidad, cumplir los requisitos y justificar el destino de la subvención".

El perito también ha dicho que la ley general de Subvenciones establece como requisito para recibir una ayuda estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social o la Hacienda Pública. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que cinco acusados constituyeron la empresa Novomag para “poder recibir fondos públicos de la Junta con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur (Idisur)".

Sobre este extremo, los peritos han dicho que en el caso de Novomag, no existe ni solicitud de la ayuda ni tampoco "ninguna documentación procedente del beneficiario para el cumplimiento de los fines de la subvención". A su juicio, la subvención "debería haberla pedido el verdadero beneficiario", en alusión a la empresa Idisur, dado que "no podía concederse esa subvención a Novomag para el pago de las obligaciones pendientes de otra entidad, no tiene sentido", ha opinado.

El fiscal rebaja a un año y siete meses la petición de condena

Tras el interrogatorio de los peritos, la Fiscalía Anticorrupción ha modificado sus conclusiones provisionales, en las que ha aplicado una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y, en consecuencia, ha rebajado a un año y siete meses de prisión y cuatro años de inhabilitación la petición de condena para los cinco acusados

Inicialmente, el Ministerio Público pedía una condena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados, y también otros ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación. En materia de responsabilidad civil, reclama que los acusados y Novomag indemnicen a la Junta de Andalucía con 420.708,47 euros, la cantidad abonada en la ayuda.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía considera igualmente que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero solicita una condena de 18 meses de prisión menos un día cada uno de los cinco acusados, lo que posibilitaría en caso de condena la suspensión del ingreso en prisión.