Los padres de la niña fallecida en la Feria de Maribáñez lamentan el trato que les dio el Ayuntamiento

La segunda sesión del juicio por la muerte de Alba, la niña de 12 años que falleció al electrocutarse cuando bajaba de una atracción tipo olla en la Feria de la pedanía palaciega de Maribáñez en 2014, vio ayer desfilar a decenas de testigos por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Entre ellos, los padres de la víctima, ahora distanciados pero con un lamento en común además del irreparable dolor por la pérdida. Juana Gómez y Juan Carretero criticaron que el Ayuntamiento de Los Palacios no se dignase dirigirse a ellos para darles alguna explicación de lo que ocurrió aquel 19 de septiembre de hace nueve años. El Consistorio es parte del juicio como responsable civil subsidiario y se expone a pagar parte de la indemnización que reclaman la Fiscalía y la propia familia de la niña, que había sido elegida Dama de la Feria ese año.

“¿Apoyo? Nada, sólo hubo un poco de politiqueo, algunos partidos se acercaron un poco, pero a mí no ha venido nadie”, explicó el padre, que añadió: "Reclamo que se haga justicia". “Nada, no recuerdo nada, nadie nos explicó nada”, corroboró la madre.

Hubo un par de testimonios especialmente estremecedores. Uno, el del padre del joven que iba delante de Alba al bajar de la atracción. “Llevaba el cambio de los diez euros dentro del zapato. Mientras lo sacaba, ella pasó. Se le metió en la cabeza que si no se hubiera parado, le habría tocado a él, y así ha estado años”, explicó el testigo. Y otro, el del bombero fuera de servicio que auxilió a Alba cuando se desplomó: “Me salvó la vida porque era la que estaba haciendo de toma de tierra. A mí y a los niños que había allí”, relató.

En cuanto al fondo del juicio, en el que se juzga por homicidio imprudente al dueño de la atracción, el entonces concejal de Seguridad Ciudadana y dos electricistas, hubo varias declaraciones significativas, como la del guardia civil que inspeccionó la olla y comprobó que la pica de tierra “no estaba suficientemente clavada”, sino “medio metro fuera”. “La medición daba un valor que no era el correcto, no aseguraba su función”, añadió. Es decir, no contenía cualquier derivación de corriente y pudo facilitar la electrocución de Alba. Además, prosiguió, un "perito municipal" le explicó que algunos de los diferenciales del cuadro eléctrico "no funcionaban". Así al menos consta en el atestado que firmó el guardia civil.

Este mismo agente también indicó que un policía local “escuchó ruidos metálicos y vio al dueño de la atracción clavando la pica en el suelo” minutos después del fatal accidente. El policía lo ratificó después. Las acusaciones defienden que ese acusado intentó así aparentar que la instalación estaba en las condiciones exigibles por la ley.

La maratoniana jornada dejó claro que el Ayuntamiento no emitió autorización física alguna para la puesta en marcha de las atracciones. “Es lo habitual”, defendió el empresario que medió entre los feriantes y el Consistorio y entregó la documentación de los cacharritos en las dependencias municipales. “Me parece total y absolutamente sorprendente que el expediente para autorizar la instalación de las atracciones no exista”, criticó el juez.