Un segundo opositor se persona ahora como perjudicado en el caso de la filtración de las oposiciones de la Policía Local

El caso de la filtración de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla del año 2012 sigue enredándose después de que el Ayuntamiento de Sevilla planteara que la sentencia que acarrea el cese de 44 agentes no puede ejecutarse por el importante coste económico que supone y los problemas para la seguridad ciudadana, una petición a la que se ha unido la formulada por la mayoría de los 44 policías locales que han pedido a la juez que "fije la indemnización"pero sin aclarar quién debe pagarla.

Ahora, después de once años y para complicar aún más si cabe la situación, ha aparecido un nuevo opositor que se ha personado como perjudicado en las actuaciones que se siguen en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, que dictó la sentencia que ordenaba a repetir el caso práctico de las oposiciones, lo que implicaba el cese de los 44 policías locales, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Hasta ahora las partes que han intervenido en este proceso eran el Ayuntamiento de Sevilla, como administración responsable de las oposiciones y encargada de ejecutar el fallo; el opositor que impugnó el proceso y que ha estado personado como demandante desde el principio; y los 44 agentes de la Policía Local de Sevilla a los que afecta directamente el caso y que están divididos a efectos de representación jurídica en dos grupos -uno formado por 34 agentes y otro por diez-.

Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso-administrativo recibió el pasado 25 de septiembre el escrito de un segundo opositor personándose en las actuaciones con abogado y procurador, una personación que se ha producido después de todos estos años y cuando se está precisamente dirimiendo si la sentencia debe ejecutarse o es de imposible cumplimiento, en cuyo caso, habría que fijar una indemnización para el opositor demandante, han confirmado las mismas fuentes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se refirió recientemente a la posibilidad de que los policías estuvieran intentando llegar a un acuerdo económico con el opositor denunciante y la respuesta del regidor no aclaró nada. "Lo que estén negociando las partes son como en cualquier otro juicio las negociaciones que se producen entre las partes, yo no tengo ni idea", aseveró entonces José Luis Sanz.

La representación jurídica de este nuevo opositor que se ha personado en el caso recuerda que en julio pasado el Ayuntamiento ordenó la repetición del caso práctico -como establecía la sentencia- y fijó la realización del examen para el próximo 30 de septiembre, una prueba que la juez ha suspendido cautelarmente y a la que podían presentarse todos aquellos aspirantes que en su día concurireron al jercicio anulado por la sentencia y que tenían aprobado el examen tipo test que constituía la primera parte del tercer ejercicio.

En ese grupo se encontraba precisamente este segundo opositor, que se ha personado en la pieza de ejecución de la sentencia al considerarse como "parte afectada por la ejecución que se está tramitando" en dicho juzgado de lo Contencioso-administrativo.

La postura el Ayuntamiento

El juzgado ha admitido la personación de este opositor, al tiempo que ha admitido a trámite el incidente de inejecución planteado por el Ayuntamiento de Sevilla y cuatro incidentes de inejecución formulados por el grupo de diez policías locales. De la misma forma, ha admitido a trámite la petición del primer opositor para que se declare la "nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento" de Sevilla, lo que no quiere decir que esta parte haya planteado la inejecución de la sentencia, como ha asegurado el Ayuntamiento hispalense.

En concreto, en el escrito del primer opositor se denuncia que el Consistorio "incumple diversos aspectos impuestos como consecuencia natural de la ejecución, así como que de forma implícita está considerando inejecutables parte de estos pronunciamientos, especialmente aquellos que afectan al mantenimiento de relaciones funcionariales, ya de forma transitoria hasta que se publique el nuevo resultado del proceso selectivo con carácter definitivo, ya por la continuidad de forma definitiva de los nombramiento de oficiales y categorías superiores como respecto de los cuales en la práctica se propone la inejecutabilidad".

Así, el denunciante de las oposiciones asegura que la composición del tribunal que proponer el Ayuntamiento "no respeta las bases de proceso" y también rechaza que el Consistorio indicara que se mantendría el "reconocimiento médico en aquellos aspirantes que en su día aprobaron de forma indebida, exigiendo, por el contrario, un nuevo reconocimiento a aquellos que, como el actor, resulten seleccionados como consecuencia del nuevo listado que se configure a partir de la celebración de la prueba", señala entre otros motivos. Y también rechaza que se "libere" a los aspirantes cuyo nombramiento se anule y sean nuevamente seleccionados de la fase de formación obligatoria en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la inejecución de la sentencia alegando el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana por el cese de los funcionarios. Estos son los dos principales argumentos que el Ayuntamiento de Sevilla ha alegado, siguiendo el planteamiento de una de las defensas, para plantear al juzgado que es imposible ejecutar la sentencia que ordenó repetir las oposiciones a 44 agentes afectados por el caso de la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012, de la que fueron absueltos. En un giro inesperado, el Ayuntamiento pasó de informar al juzgado de que los policías serían cesados a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a comunicar a la juez de que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.