La Fiscalía pide cuatro años de cárcel a Torrijos por la mordida de Fitonovo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado una condena de cuatro años y el pago de una multa de 6.000 euros para el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal de la misma formación José Manuel García, en relación con las mordidas de 155.000 euros pagadas supuestamente por Fitonovo para “financiar” este partido. En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso este periódico, el Ministerio Público reclama además penas de cinco años y medio de cárcel y multa de 10.200 euros para el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP), a los que atribuye además de un delito de cohecho otro de tráfico de influencias, a cada uno de los procesados.

Esta misma pena de cinco años y medio reclama para el ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Carredano y el ex responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, mientras que otro dirigente de IU, Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fue representante en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento, se enfrenta a una petición de tres años de prisión y multa de 4.200 euros por un delito de cohecho.

En total son 13 las personas que se sentarán en el banquillo por el caso Fitonovo en esta pieza separada de las siete en las que se dividió finalmente la macrocausa. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata atribuye al PSOE a IU, en el auto de apertura de juicio oral, la condición de partícipes a título lucrativo, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía destaca que Fitonovo creó una infraestructura, “tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

La prolongación en el tiempo de las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados”, prosigue el fiscal de la Audiencia Nacional, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.

De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

La dirección de la trama criminal creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.), ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para “articular concurrencias ficticiasen procedimientos públicos” de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, recoge el fiscal, “el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la trama criminal”. Para ello, la empresa Fitonovo tenía constituida una caja B que se nutría de “facturación falsa” con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

Según la acusación pública, José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a la instalación de césped en 11 campos de fútbol (por importe de 6.966.320,8 euros), siendo concejal de Juventud y Deportes José Manuel García (IU) y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos. Fitonovo pagó esos 155.000 euros en dos pagos, de 70.000 y 85.000 euros, realizados los días 30 de marzo de 2010 y 18 de febrero de 2011. La primera de las mordidas se entregó a Antonio Miguel Ruiz Carmona “en una caja de zapatos”, precisa el fiscal.

José Manuel García “intervino decisivamente, como dirigente de Izquierda Unida, en connivencia con otros dirigentes como Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos” de esos 11 campos de fútbol.

Por su parte, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, consiguieron que Fitonovo asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”. En este sentido, señala que Fitonovo, para “maquillar la operación” los pagos se realizaron por parte de Klevin S.L. –empresa dedicada a la desratización– que abonó determinadas obras en la sede de esta agrupación local por importe de 6.839,36 euros.

Del mismo modo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya que como “compensación por el incremento importante” de Fitonovo en la facturación, el Ayuntamiento hispalense, a “requerimiento de Gómez Lobo”, se abonó por Fitonovo al PSOE el 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros. “Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 euros y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de Langostinos Maera, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y González Palomo, de Fitonovo”, llegándose a abonar, según consta en los archivos de la Caja B la suma de 123.000 euros.

Dinero en efectivo, teléfonos y hasta un caballo y una yegua

El funcionario Francisco Luis Huertas, jefe obrero de Personal del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, recibió diversas dádivas, entre ellas dinero en efectivo, teléfonos móviles, y hasta un caballo y una yegua.

Según explica el juez José de la Mata en el auto de apertura de juicio oral, el poder de esta persona derivaba de la “supuesta influencia política de la que disfrutaría con las personas de Domingo Enrique Castaño, y los ex concejales Manuel Gómez Lobo, Alfonso Mir del Castillo y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis”, éste último actual delegado del Gobierno en Andalucía.

El funcionario conseguiría “para su propio beneficio a través de su empresa Elementos Urbanos, la adjudicación para Fitonovo de “múltiples contratos” en materia de juegos infantiles.