El octavo juicio de Invercaria llega diez años después de la investigación y con 12 acusados

El octavo juicio de la macrocausa de Invercaria arranca este lunes diez años después de que se iniciara la investigación. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebra a partir de hoy el juicio por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque los hechos son incluso todavía más antiguos, dado que se remontan al año 2006, con lo que han pasado ya 16 años hasta ser enjuiciados.

El retraso en el inicio de este juicio, que se celebrará en 45 sesiones hasta el mes de enero de 2023, se debe al colapso que arrastran las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla. Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse hace 10 años, en concreto en 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente. En concreto, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado. Para Laura Gómiz solicita seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.

Los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acusa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

La Fiscalía reclama a los 12 procesados una indemnización de 1.365.000 euros para Invercaria.

El proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

Sin análisis ni evaluación de la operación

En el escrito de acusación, el fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto, sostiene que el consejo de administración de Invercaria aprobó el 29 de junio de 2006 la financiación del proyecto de FIVA, después de que Pérez-Sauquillo asegurara que el Comité de Inversiones lo había analizado, todo ello "a sabiendas de que no existía tal análisis ni evaluación de la operación de financiación".

El Ministerio Público considera que Fiva únicamente registró ingresos en el ejercicio 2008 por importe de 31.836,03 euros, lo cual "pone en evidencia la total falta de operatividad de la plataforma, única fuente de ingreso por actividad mercantil de Fiva".

Además, prosigue diciendo que las decisiones de tomas de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de Fiva por parte de Invercaria fueron realizadas por los acusados "sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable, permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de Fiva encausados, los cuales desde el inicio del proyecto han venido facturando servicios a la mercantil y ello aún conociendo la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto".

Así, señala el fiscal que los acusados quebrantaron las "más elementales pautas de conducta en la administración de los fondos públicos de Invercaria -tanto en la fase de estudio, negociación, formalización y seguimiento de las operaciones- conociendo los incumplimientos de los hitos previstos en los planes de negocio sobre resultados y cifras de negocio del proyecto Fiva".

La concentración de fondos públicos en este proyecto ocasionó "una grave perturbación en la actividad de fomento que la sociedad pública andaluza tenía encomendada" y el perjuicio económico se ha materializado de la siguiente forma: 284.000 euros por la aportación de capital dineraria, 716.000 euros por el principal de préstamos impagados, 359.171 euros por los préstamos otorgados a Grupo Imagen y Barainsa, y 5.699,87 euros por las asistencias financieras no devueltas.

Por su parte, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla aseguró en el auto de procesamiento que la sociedad Invercaria realizó diversas aportaciones de capital, concesión de préstamos y asistencias financieras con sus fondos propios procedentes de su socio único –la agencia Idea-, a la sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva).

La constitución de Fiva, de la que se nombraría presidente del consejo de Administración a Tomás Pérez-Sauquillo, se recoge en una escritura pública de 13 de noviembre de 2006 con un capital social de 30.000 euros, dividida en 30.000 participaciones, de las cuales Invercaria tenía 12.000 participaciones, Grupo Imagen 7.500, Novasoft 3.000 y Corporación gráfica para el desarrollo del sector otras 7.500.

El 19 de junio de 2007 se acuerda una ampliación de capital en 180.000 euros, suscribiendo Invercaria otras 72.000 participaciones, Novasoft 18.000, mientras que Grupo Imagen y Corporación Gráfica suscribieron 45.000 cada una. Según el juez, de las diligencias practicadas se deduce de forma indiciaria que la adquisición de 52.500 participaciones de un euro de las que era dueña Corporación Gráfica por parte de Innovaes Formas de Comunicación –formalizada el 29 de julio de 2008- “se materializó con fondos procedentes de cuentas corrientes de Tomás Pérez-Sauquillo, presidente de Invercaria, y de su hermano Mariano Pérez-Sauquillo”.

La compraventa fue abonada por Innovaes con un cheque bancario de 52.500 euros en una cuenta de Crisopeya Inversiones, administrada por la esposa de Mariano, de la que es también partícipe Antonio Nieto Garrido.

Esa cuenta, prosigue el auto, recibió un abono el 9 de julio de 2008 de 40.000 euros procedentes de una cuenta de la que es titular Mariano y el 23 de julio otro abono de 26.250 euros de una cuenta de Tomás. En febrero de 2009 se produjo otra ampliación de capital por importe de 500.000 euros, en la que Invercaria suscribió y desembolsó 200.000 participaciones por otros 200.000 euros, quedando la composición del accionariado -710.000 participaciones- de la siguiente forma: Novasoft con 302.500 participaciones; Invercaria, 284.000; Grupo Imagen, 71.000; e Innovaes, 52.500.

El juez señala que la sociedad Innovasur, gestionada y administrada por Juan Antonio Bardón, facturó en octubre de 2008 “sin haber realizado prestación de servicio alguno a Fiva”, dos facturas por importe de 2.296,80 euros.

Posteriormente, Novasoft transmitió sus participaciones a Grupo Imagen y a Barainsa por 179.585,50 euros a cada una de estas sociedades, y el mismo día -26 de noviembre de 2009- se formaliza una escritura pública de opción de compraventa de participaciones de Grupo Imagen a Invercaria de las participaciones adquiridas a Novasoft, con un precio de compraventa en caso de llevarse a cabo de un euro por participación y un plazo máximo de 26 de noviembre de 2011.

El mismo 26 de noviembre, se formaliza póliza de contrato de préstamo entre Invercaria y Grupo Imagen, por la que se concede 179.585,50 euros con vencimiento el 26 de noviembre de 2014 y cuyo destino exclusivo es “financiar la adquisición de participaciones sociales de una sociedad que desarrolle un proyecto empresarial en Andalucía”.

Cinco préstamos participativos

El juez concluye que Fiva recibió de Invercaria cinco préstamos participativos entre junio de 2007 y julio de 2008 por un importe total de 710.000 euros, y añade que “las decisiones de toma de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de Fiva por parte de Invercaria fueron realizadas sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de Fiva, al ponerse de manifiesto la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto Fiva”.

Para el instructor, todas estas decisiones fueron “conocidas, aprobadas y consentidas” por el propio Tomás Pérez-Sauquillo, como el directivo de Invercaria Antonio Nieto Garrido, y los consejeros Juan Vela Quiroga, Ramón Martínez López, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez. Jacinto Cañete e Isabel de Haro también eran “conocedores de todas estas decisiones, de su aprobación y del hecho de consentirlas” en su condición de miembros y asistentes a las sesiones del consejo rector de la agencia Idea, que los ratificó.

Lo mismo cabe apreciar, según el instructor, respecto de la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, quien tenía “información sobre las operaciones de financiación de Fiva y de la situación de esta entidad mercantil”, al haber desempeñado el cargo de directora general de Invercaria y asistir a las sesiones del consejo de administración en la que se facilitó la salida de Novasoft a Fiva, así como la concesión de préstamos para la compra de participaciones a Novasoft.