Las ocho Fiscalías provinciales de Andalucía archivan la denuncia de Marea Blanca por las listas de espera del SAS

Las ocho Fiscalías Provinciales de Andalucía han archivado las denuncias presentadas ante estas Fiscalías el pasado mes de octubre por la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los prolongados tiempos de espera para la atención diagnóstica y terapéutica por entender que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía.

Las ocho Fiscalías Provinciales argumentan para su archivo que examinadas las denuncias no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan ser susceptibles de imputar responsabilidad penal concreta como delito y carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito.

También señalan que no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito, sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión como sería en este caso la contenciosa-administrativa.

La Marea Blanca de Andalucía presentó ocho denuncias, una por cada provincia, para que la Fiscalía investigue si el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está incurriendo en un delito contra el derecho fundamental a una atención sanitaria al incumplir "sistemáticamente" los plazos legales de espera.

La iniciativa, promovida por la Mesa Defensa de la Sanidad Pública y la Marea Blanca, buscaba que el Ministerio Público investigue si los tiempos de espera para la atención del médicos especialista y la realización de las pruebas diagnósticas en los centros sanitarios del SAS vulneran los derechos de los pacientes.

Una de las portavoces de la Marea Blanca de Andalucía, Isabel Toral, explicó en su día que la denuncia formalizada en las ocho provincias se apoya en sentencias condenatorias al SAS de casos individuales, lo que demuestra que esos retrasos tienen consecuencias en la salud de los pacientes que llegan incluso a la muerte.

"Queremos que se investigue si es delito las demoras prolongadas e injustificadas del SAS en las pruebas diagnósticas y las consultas", ha apuntado Toral, que ha añadido que la Marea estima que los pacientes tarden entre 8 y 15 meses en lograr una cita con el especialista, muy por encima de los dos meses de plazo legal.

"Son tiempos inadmisibles para cualquier persona con problemas graves de salud que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el empeoramiento de una enfermedad o que esa enfermedad se genere una incapacidad", subrayó entonces sobre unas denuncias que ahora ha archivado el Ministerio Público.