El noveno juicio de Invercaria se suspende hasta que acabe la huelga de los LAJ

El noveno juicio de la macrocausa de Invercaria, la sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía, no ha podido comenzar este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla porque, tal como temían las partes desde hace días, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) impide la celebración de casi cualquier acto judicial. Por ejemplo, una vista oral como esta en la que se deben enjuiciar los 2,2 millones de euros concedidos a cuatro sociedades: Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización.

Tras casi una hora de reunión en la sala, con el tribunal y la Fiscalía Anticorrupción presentes, las partes han acordado aplazar el inicio del juicio hasta que concluya el paro de los LAJ, que de momento está convocado con carácter indefinido. Como la problemática habitual de colapso judicial e imposibilidad de habilitar nuevas fechas a corto plazo es perenne en la Audiencia, las acusaciones y los jueces confían en que la vista pueda comenzar la próxima semana, pero al mismo tiempo se enfrentan a que el límite para concluir el proceso está fijado para el 8 de marzo.

Los delitos que se atribuyen a los ocho acusados presentes en esta pieza separada son prevaricación, malversación de caudales públicos y gestión interesada. Según explicó el juez que investigó el caso, el responsable de este "mecanismo de inversión separado en distintas entidades, cuando obedecía a un solo proyecto", fue Tomás Pérez-Sauquillo, entonces presidente de Invercaria, que "instó y autorizó estas inversiones sin ajustarse a las normas internas específicas previstas" en el plan director de la mercantil y en la normativa económica que lo regulaba.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Pérez-Sauquillo y para el ex director financiero Antonio Nieto seis años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta por malversación; otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación; y el pago de una multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de gestión interesada.

La Fiscalía también solicita para dos representantes de las empresas beneficiarias seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación; dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por malversación, y el pago de una multa de 3.000 euros y un año de inhabilitación por gestión interesada. El fiscal pide que estos cuatro acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed con 1.885.066,1 euros.

Pérez-Sauquillo, que no se ha presentado a la que habría sido la primera sesión del juicio por problemas de salud, ya fue condenado antes a tres años y medio de cárcel por el préstamo a Aceitunas Tatis; a dos años y tres meses por los gastos de personal; a tres años por el préstamo participativo de 300.000 euros a Fumapa; y a la misma pena por los 1,5 millones de euros concedidas a Cedes Electria. También fue absuelto en otras piezas, como las relativas a la modista cordobesa Juana Martín; a la empresa Lolita Canalla, propiedad de la diseñadora María Malo; y a Own&Spa, administrada por el ahora presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno.

El Ministerio Público, además, pide para el representante de otra de las empresas que recibieron las ayudas seis años de inhabilitación especial por prevaricación y dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por malversación, así como que indemnice a Inverseed, heredera de Invercaria, con 834.640,97.

Por último, pide un año de inhabilitación y el pago de una multa de 3.000 euros para los otros tres acusados: el hermano de Pérez-Sauquillo y las esposas del entonces presidente y de Nieto, que eran las presidentas de una sociedad que a su vez adquirió participaciones de las empresas que recibieron las ayudas.