Narcotráfico en Sevilla: condenan al líder del clan del Peto y a su mujer por segunda vez en tres meses

La Audiencia de Sevilla, en concreto su Sección Cuarta, impuso ayer un año y medio de cárcel a cinco traficantes que vendían droga y gestionaban distintos fumaderos en Castilblanco de los Arroyos. El caso, resuelto tras un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía, no dejaría de ser uno más de los muchos relacionados con sustancias estupefacientes que a diario se ventilan en los juzgados de la ciudad si no fuese porque entre los protagonistas había un matrimonio que ya fue enjuiciado y condenado el pasado 25 de noviembre, curiosamente también en la Sección Cuarta y tras otro pacto con la Fiscalía. Se trata de Antonio G.S. y Beatriz V.B., alias Bea. El marido, conocido como el Peto, da nombre y lidera uno de los tres clanes de Burguillos castigados hace casi tres meses justos por dirigir un supermercado de la droga en esa localidad.

En aquel juicio, la Audiencia impuso entre tres años y un año y seis meses de prisión a un total de trece traficantes. Once eran miembros de alguno de los grupos que habían montado ese negocio en la calle Serrezuela en 2019: el clan del Peto, el clan del Picadura y el clan de los Madera. El trasiego de toxicómanos llegó a ser tan intenso, y las denuncias vecinales tan continuas, que las autoridades incluso hablaron de “alarma social”. Los acusados, entre ellos el Peto y Bea, admitieron los hechos (como ocurrió ayer) y a cambio lograron las atenuantes de drogadicción, confesión y dilaciones indebidas. El esposo aceptó un año y nueve meses de cárcel y su pareja, un año y medio.

Según los hechos que se declararon probados, ambos “explotaban” un punto de venta que también hacía las veces de “fumadero” y “los días pares” se dedicaban a lo mismo en otro inmueble en la misma vía. En su domicilio, entre otras cosas, había “una raya de cocaína preparada para ser esnifada en la habitación de los niños”.

Posteriormente, en consonancia con la solicitud de su abogado y con la postura de la Fiscalía, la Audiencia suspendió la ejecución de la pena de prisión de la pareja del cabecilla pero no la de este último. En otras palabras, dejó que Bea siguiera libre siempre que no cometa ningún delito en cuatro años y pague una multa de 880 euros (220 días con una cuota diaria de 4 euros). En cuanto a Antonio G.S., tuvo que empezar a cumplir esa condena de un año y nueve meses. De hecho, ayer llegó a la Sala desde la cárcel y custodiado por dos policías.

El segundo caso, el que se juzgó ayer, data de la primavera de 2020, cuando la Guardia Civil detectó un “incremento del tráfico ilícito” en Castiblanco y puso en marcha la Operación Istriana. Por tanto, ocurrió poco después de que el Peto y su pareja fuesen detenidos por el narcosúper de Burguillos. En este asunto, la Fiscalía pedía cinco años de cárcel para ellos por regentar un punto de venta de droga que fue registrado el 17 de junio. Los agentes encontraron a Antonio G.S. en plenas “labores de venta” y hallaron “unas pinzas impregnadas de cocaína”, una bolsa con cinco gramos de esa sustancia y diferentes medicamentos usados para cortar la droga. En casa del matrimonio, además, fueron intervenidos otros 5,62 gramos de coca. Así lo indicaba el escrito de la Fiscalía, con el que los encausados se mostraron de acuerdo después de la negociación de su abogado.

El resto de traficantes enjuiciados ayer también se conformó con ese año y medio de reclusión, fruto de la aplicación de las atenuantes de drogadicción (todos eran consumidores de cocaína y eso “disminuía levemente” sus facultades) y dilaciones indebidas. Son Triana N.A., Pedro P.A. y José Ángel S.A. Los tres se librarán de entrar en la cárcel si no cometen ningún delito en tres años. Sus defensas así lo pidieron y la Fiscalía se mostró de acuerdo.

En esto, Beatriz V.B. también repite el resultado que ya obtuvo en el juicio de noviembre. La Sala, que ayer mismo dictó sentencia firme en la sala, suspenderá la ejecución de su pena de prisión durante tres años a cambio de que pague una multa exactamente igual a la de hace tres meses: 880 euros. En el caso de su marido está por ver qué ocurrirá. El fiscal se opuso a que sea beneficiado con la suspensión porque “está cumpliendo condena”.