Una presunta traficante peruana afincada en Sevilla sale de la cárcel en libertad provisional gracias a su bebé de dos meses

Una niña pequeña de apenas dos meses de edad ha conseguido algo que muchos abogados igual no logran en toda su carrera: ablandar a un tribunal y convencerlo para que deje en libertad provisional y saque de la cárcel a una persona que está siendo investigada y a punto de ser extraditada por un delito grave. En este caso el tribunal es la Audiencia Nacional, la persona es la madre de la bebé y el delito, el tráfico de drogas. Sobre la presunta narco, de hecho, pesa una orden de arresto dictada por un juez de su país natal que precisamente condujo a su ingreso en prisión. Su abogado solicitó la revocación de la medida y se ha salido con la suya: los tres magistrados de la Sala de lo Penal aceptan que la existencia de la recién nacida disminuye muy mucho el riesgo de que la madre se fugue y eluda la acción de la Justicia.

El origen de esta historia es un atestado policial del que “se desprende” la participación de la mujer en “la captación de personas para la realización de envíos de droga” desde su país a España. “Una de estas personas captadas ha sido condenada por ello en Perú”, refiere la Audiencia Nacional en un auto fechado el 8 de octubre. Fue esta arrestada la que identificó a su compatriota afincada en Sevilla como “la persona que contactó con ella para que realizara el envío de una caja contaminada con alcaloide de cocaína”. 

A raíz de ser señalada, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Callao dictó una Orden de Detención Internacional contra ella. Tras ser localizada por la Policía, el Juzgado Central de Instrucción número 3 dictó el pasado 27 de septiembre un auto en el que acordó su entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su posible implicación en un delito de tráfico de drogas. Y a continuación su abogado, Emilio Pelegrín Pujol, interpuso un recurso de apelación en el que impugnó esa medida cautelar, reclamó su revocación e interesó la imposición de otras “menos gravosas”. Su argumento principal era que no existía riesgo de fuga “a la vista del arraigo y las circunstancias personales de la recurrente, que consisten en que tiene una hija de dos meses de edad”. La Fiscalía, por el contrario, se opuso a la libertad de la presa mientras se resuelve su proceso de extradición a Perú.

“La recurrente no cuestiona los hechos que se le imputan en este momento procesal, que son su participación en un presunto delito de tráfico de drogas, sin perjuicio de hacerles una crítica”, resalta la Audiencia Nacional. Pero al margen de lo que los tribunales diriman más adelante sobre su culpabilidad o su inocencia, la investigada también alegó “la inexistencia de riesgo de fuga” basándose en que “tiene domicilio conocido y una hija de dos meses de edad”. 

El tribunal les da la razón a ella y a su letrado. “En el presente caso, [...] la medida cautelar acordada no es proporcionada”, establece. Según la magistrada ponente del auto, esas “circunstancias personales” de la mujer efectivamente “pueden mitigar el riesgo de fuga”.

“Ha acreditado su arraigo en Sevilla, no obstante estar de forma irregular en España, lo que no descarta per se el riesgo de fuga (que siempre está latente en los investigados penalmente), pero existe una circunstancia especial en este caso, como es la existencia de un hijo de dos meses, que sí que mitiga el riesgo de fuga en el sentido de abandonar el país o no estar a disposición del Juzgado Central de Instrucción para ejecutar la muy probable reclamación extradicional”, argumenta la Sala .

Así pues, la prisión provisional “no se compadece” con la situación de la presunta traficante. “Existen otras medidas alternativas que serían garantía bastante para asegurar la disponibilidad de la reclamada a los requerimientos del proceso”, reconoce también la Audiencia Nacional, que estima el recurso de la defensa, revoca el auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 y acuerda la “inmediata” libertad de la afectada. También le prohíbe salir de España y le impone la obligación de comparecer los lunes de todas las semanas “ante el tribunal competente” que investiga su caso. La decisión de la Sala de lo Penal es firme.