Muere Ángel Turrión, el principal perito del caso de los ERE

Ángel Turrión Macías, el principal perito del caso de los ERE, falleció el pasado 30 de septiembre en Madrid. Como experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ángel Turrión era el principal responsable del informe pericial que concluyó que las ayudas de los ERE se habían concedido sin procedimiento alguno y utilizando para ello de manera ilegal, según su tesis, el mecanismo de las transferencias de financiación entre la Consejería de Empleo y la agencia Idea para el pago de las ayudas. Aunque ya estaba jubilado, Ángel Turrión seguía compareciendo con frecuencia en la Audiencia de Sevilla para ratificar su informe en los juicios que se siguen celebrando.

Sus tesis, avalada por la juez Mercedes Alaya, que inició la instrucción de la macrocausa, y la Fiscalía Anticorrupción, han sido finalmente rebatida por las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que han amparado los recursos presentados por los ex altos cargos de la Junta condenados por los delitos de prevaricación y malversación, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La juez Alaya, que comenzó la investigación de los ERE en el año 2011, encargó a los peritos de la IGAE el informe pericial, que fue entregado en el juzgado en diciembre de 2013 y en el que estos profesionales avalaban las irregularidades detectadas en la concesión durante una década de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Los peritos incluyen desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas hasta la absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo. 

El informe pericial contenía un reproche fundamental por no haber adoptado medidas para evitar el fraude a tres ex consejeros de Economía y Hacienda, los que ocuparon el cargo en el período entre 2000 y 2009: la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguado. 

En el año 2018, en el marco del juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE, la "pieza política", Ángel Turrión y los peritos de las defensas de los ex altos cargos sostuvieron un auténtico rifirrafe que se prolongó durante semanas.

Crece el obituario de los ERE

Con la muerte de Ángel Turrión, el obituario relacionado con el caso de los ERE no para de crecer, sobre todo entre los investigados y acusados. Uno de los últimos fallecidos fue precisamente el principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que murió el 11 de octubre de 2020.

Desde que la juez Mercedes Alaya arrancó en el año 2011 la instrucción de este macroproceso, en el que hay más de 500 personas investigadas, han fallecido más de 15 personas que no han llegado a la celebración del juicio. Estas muertes se deben en su práctica totalidad a causas naturales, dado que muchas de estas personas tenían ya cierta edad cuando se acogieron a los procesos de prejubilaciones que, más de 15 años después en algunos casos, están siendo investigados por la Justicia. No obstante, hubo un caso en el que uno de los fallecidos fue víctima de un asesinato, ocurrido en Sevilla.

En los ERE también falleció el empresario jerezano José María Ruiz Mateos, quien había sido citado a declarar como investigado en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya, por supuesto tráfico de influencias en los cinco ERE de las empresas de su grupo en Andalucía. La juez también imputó a algunos de sus hijos, pero José María Ruiz Mateos nunca llegó a declarar en el juzgado por el caso de los ERE. Ruiz Mateos no acudió a declarar, alegando que había sufrido un deterioro en su estado de salud y, al final, su muerte se produjo en septiembre de 2015.

En enero de 2016 falleció el empresario de la Sierra Norte José Enrique Rosendo, a quien la Guardia Civil y la juez habían considerado como uno de los integrantes del "tándem" que –con José María Sayago– recibió de la Consejería de Empleo subvenciones por importe de más de 34 millones de euros. Su padre, Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), la localidad de la que también fue regidor Javier Guerrero, falleció dos años después, en noviembre de 2018.

Resulta curioso cómo además muchos de los fallecidos se concentran en la Sierra Norte de Sevilla, una de las zonas que según la investigación judicial fue una de las más beneficiadas por las ayudas de los ERE, por la vinculación con esta zona del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.

Otras personas relacionadas con las ayudas a empresas de la Sierra Norte que han fallecido antes de ser enjuiciados son Manuel Romero Álvarez, Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera.

En los primeros años de la investigación de esta macrocausa, en diciembre de 2015, también se produjo la muerte de Francisco Mencía Morales, que fue director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo que se encargaba del pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo y que la sentencia del primer juicio de los ERE ha considerado “ilegales”.

En el camino de esta larga instrucción también ha fallecido José Antonio García Prieto, un ex concejal del PSOE de Camas (Sevilla) que había percibido pólizas de prejubilaciones de tres empresas en las que no había trabajado.

En la lista de difuntos que estuvieron investigados también está Antonio Arquero García, un amigo de Javier Guerrero que cuando fue a declarar en el juzgado aseguró que con los 314.000 euros que percibió de una "renta de supervivencia" que le había sido concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló su casa en la localidad de El Pedroso.

También ha fallecido Mariano Martínez Fernández, un conocido del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que había sido trabajador de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros.

Otro de los investigados que han desaparecido en estos años que han transcurrido desde que comenzó la instrucción es Luis Gálvez Frijol, una persona que apareció como intruso en el ERE de la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro. El caso de esta persona resulta paradójico porque fue citado a declarar hasta en tres ocasiones –tanto por la juez Mercedes Alaya como por María Núñez Bolaños– y fue a la tercera citación cuando se descubrió que había fallecido en abril 2009, es decir, dos años antes de que arrancara la instrucción de la macrocausa.

No ha sido el único caso en el que ha sido citado a declarar como imputado un fallecido en una macrocausa. Le ocurrió también a la juez Mercedes Alaya cuando citó a declarar a Eduardo Báñez, el padre de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, en la investigación de las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

También murió en 2020 otro investigado que fue incluido presuntamente de manera indebida en el ERE de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).