Militares brasileños interrogan en Sevilla al sargento detenido con cocaína

Una comisión militar de Brasil, integrada por seis miembros, ha interrogado en Sevilla al sargento que fue detenido en junio en el aeropuerto de San Pablo cuando intentaba desembarcar con una maleta donde escondía 37 kilos de cocaína de gran pureza.

El objetivo de la comisión brasileña era intentar averiguar si el detenido, el sargento Manoel Silva Rodrigues, que viajaba en una comitiva oficial del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tenía conexiones en su país o en el ejército brasileño y los presuntos delitos de blanqueo de capitales que podría haber cometido.

Fuentes del caso informan a este periódico de que el militar se acogió a su derecho a no declarar y tan solo aseguró que su esposa y el militar del ejército brasileño con el que habitualmente trabajaba no tenían nada que ver con el alijo intervenido en el aeropuerto sevillano.

La comisión estaba integrada por dos coroneles, dos fiscales militares, un fiscal civil y un secretario judicial. Su viaje a España fue organizado por la Fiscalía de Cooperación Internacional, que actúa como intermediaria en este tipo de colaboración judicial entre países. La declaración tuvo lugar en el despacho de José Manuel Rueda, fiscal de Cooperación Internacional en Sevilla.

Manoel Silva fue trasladado desde la cárcel de Sevilla y permaneció todo el tiempo esposado y bajo vigilancia policial. Durante el interrogatorio le mostraron fotos de su desembarco en Sevilla el 25 de junio pasado, cuando el avión presidencial brasileño hizo escala de camino a una cumbre del G-20 en Japón.

Al igual que hizo ante la juez sevillana que investiga el alijo, Silva Rodrigues se acogió a su derecho a no declarar ante sus compañeros de armas.

En la declaración también estuvo presente la Guardia Civil, que ha intentado sin éxito averiguar los posibles destinatarios del alijo en Sevilla.

La apertura de esta investigación en el ejército brasileño fue anunciada por el propio Bolsonaro, quien a raíz de la detención del militar de su comitiva afirmó que “Todos tenemos la sospecha de que esta no fue la primera ocasión en que transportó drogas debido a la cantidad con la que fue sorprendido”.

La investigación en España está ya concluida y la Fiscalía ha presentado un escrito de acusación en el que pide ocho años de cárcel y una multa de 4 millones de euros para Silva Rodrigues. El inculpado ha cambiado recientemente de abogado y ya no le asiste uno de oficio sino un veterano letrado sevillano.

La cocaína tenía una pureza del 80% y un valor en el mercado negro de 1.419.262 euros, por lo que el fiscal aplica al inculpado la agravante de notoria importancia del alijo.