Mano dura con la 'mafia del taxi' después de 25 años

Un cuarto de siglo ha tenido que pasar para asestar un duro golpe a la denominada 'mafia del taxi' de Sevilla, que desde hace más de dos décadas ostenta el monopolio de la parada del aeropuerto de San Pablo sin que ninguno de los gobiernos municipales hayan dado un paso firme para acabar con este grupo que se había adueñado de este servicio recurriendo a las amenazas, las coacciones y el vandalismo. La propia Justicia lo intentó en el año 2017, cuando la juez de Instrucción número 8 de la capital inició una macrocausa en la que llegó a procesar incluso a 27 taxistas, pero la causa, incluida la investigación por la quema de nueve vehículos de la empresa Cabify durante la Feria de Abril, quedó finalmente archivada porque no se respetaron los plazos legales de instrucción.

El pasado sábado, otro juez, el nuevo titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, ha adoptado una decisión sin precedentes, a instancias de la Fiscalía de Sevilla. El magistrado ha impuesto una orden de alejamiento del aeropuerto a los 18 taxistas que fueron detenidos el pasado jueves en una importante operación policial. La Policía arrestó a toda la junta directiva de la asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, incluso su presidente, Antonio Velarde, quienes han quedado en libertad con cargos pero con la prohibición de acercarse -tanto ellos como sus respectivas licencias del taxi- a menos de 500 metros del aeródromo sevillano mientras dure esta nueva investigación policial. Mano dura contra la 'mafia del taxi', un hecho insólito en todo este tiempo en el que se ha prolongado el control del aeropuerto.

La clave del monopolio de la parada, según explica el juez, está en el "gran lucro económico" que obtenían porque, hay que recordar, que la Tarifa Única del Aeropuerto tiene un coste que oscila entre los 25,72 euros y los 28,67 euros, el servicio más caro del taxi en Sevilla, ciudad que cuenta con unas 1.900 licencias de taxi, entre las que se encuentran unas 200 de asociados a Solidaridad del Taxi.

El problema del taxi en el aeródromo de San Pablo se remonta a 25 años. En el año 2000, cuando el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, aprobó en su primer mandato la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto, lo que permitiría la alternancia en el servicio entre todas las licencias, pero ese acuerdo nunca llegó a ponerse en marcha, a pesar de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró legal en el año 2002 ese acuerdo municipal. Desde entonces, ningún gobierno municipal -de distintos signos políticos- ha apostado por su implantación.

El gobierno de José Luis Sanz ha anunciado ahora que baraja esta posibilidad e incluso ha anunciado, a través de su delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, que convocará el consejo de gobierno del Instituto del Taxi para analizar la situación tras los últimos acontecimientos ocurridos en el aeropuerto y estudiar mejoras en la organización para "garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía". El alcalde tiene la oportunidad de contribuir a poner fin de una vez por todas a la denominada 'mafia del taxi', gracias a la decidida actuación de la Justicia y de la Fiscalía para acabar con este grupo a los que el juez atribuye entre otros delitos el de pertenencia a una "organización criminal".

Es el momento de saber si este gobierno municipal es capaz de estar a la altura de la gravedad de los hechos o todo se queda en meros anuncios de intenciones de cara a la galería, como ha ocurrido con otras propuestas o supuestas iniciativas que Sanz ha lanzado desde que llegó a la Alcaldía hispalense. No se puede olvidar tampoco que esa imagen de insultos, agresiones y actos vandálicos que se han producido en todos estos años en el aeropuerto es la primera imagen con la que pueden quedarse los miles de turistas que cada año visitan afortunadamente la ciudad de Sevilla.

Y cuidado, porque no actuar también puede tener sus consecuencias porque durante la investigación judicial del año 2017 la juez llegó a citar como investigado al entonces delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en relación con la supuesta conducta omisiva del Ayuntamiento en relación con el problema del aeropuerto. El delegado negó entonces cualquier tipo de "acuerdo o permisividad" para el uso exclusivo de la parada por parte de los miembros de Solidaridad del Taxi.

La juez reprochó entonces al Ayuntamiento que no adoptara "medida alguna para intentar vigilar esta situación o velar porque no se continuara produciendo" y todo ello a pesar de que se creó incluso una brigada de Policía Local para el aeropuerto que, sin embargo, resultaba insuficiente y carecía totalmente de recursos.

En este sentido, el juez ya ha advertido a los 18 taxistas investigados de que en el caso de que incumplan la prohibición de acercarse al aeropuerto podría provocar incluso su ingreso en prisión provisional. En este contexto queda claro que ahora es el momento para asestar el golpe definitivo a la denominada 'mafia del taxi' y regularizar la utilización de la parada por parte de la totalidad de los taxistas que hay en Sevilla, con el turno rotatorio. El sector, la imagen de ciudad y los propios usuarios saldrán ganando sin duda, porque en muchas ocasiones el monopolio dejaba sin taxis suficientes la parada para dar respuesta a la creciente demanda de pasajeros.