La maldición que persigue a un bloque de vecinos de Sevilla desde el caso Malaya

En el barrio del Porvenir, muy cerca del cuartel de la Guardia Civil, hay un residencial que parece perseguido por una maldición por culpa de dos de propietarios, precisamente los promotores que proyectaron el inmueble. Uno es Juan Antonio Roca, responsable de Urbanismo en Marbella en la época de Jesús Gil y cabecilla de aquella trama de corrupción que originó el caso Malaya. El otro es Narciso F.L., un conocido empresario del ladrillo, igualmente asiduo en los tribunales, cuya última visita a la Audiencia de Sevilla se saldó hace apenas unos días con una nueva condena bajo el brazo por aprovechar su cargo como presidente de la comunidad para desviar el dinero de sus vecinos y destinarlo al “pago de deudas personales”. Así actuó durante ocho años, ni más ni menos.

Los hechos, ocurridos entre el 29 de junio de 2010 y el 7 de noviembre de 2018, fueron reconocidos por el encausado ante la Sección Primera de la Audiencia tal como constaban en el escrito de acusación de la Fiscalía. Narciso F.L., “abusando del poder que le había sido atribuido sobre la cuenta corriente de la que era titular la comunidad de propietarios” del número 40 de la calle Progreso y siendo la “única persona autorizada para disponer” de esos fondos, en ambos casos por ser el presidente de la comunidad, “utilizó dicha cuenta para canalizar sus propios ingresos y gastos personales y empresariales”.

La acusación, y por tanto la sentencia, no se detiene en desgranar las “muchas operaciones” que llevó a cabo el empresario y vecino, pero sí enumera seis cheques que “libró contra la cuenta de la comunidad de propietarios”. Seis de ellos, por un importe de 28.450 euros, fueron a favor de Tacio Invest, con el que Narciso F.L. mantenía una deuda por el alquiler de un inmueble. Y el beneficiario de otro, por un valor de 42.911 euros, fue Proconsa, sociedad a la que el investigado también debía dinero por la reforma de una vivienda. La “particularidad” de este último caso es que el acreedor, para más inri, era un “socio” suyo.

Este conjunto concreto de cheques cuyo fin pervirtió sumaba 71.361 euros, pero en total la comunidad sufrió un “perjuicio” de 125.734,34 euros “a causa de esta indebida y no autorizada gestión” de su cuenta corriente “para el cobro y pago de asuntos y negocios personales” del acusado.

La Audiencia, con la conformidad de Narciso F.L. tras el acuerdo de su abogado con la Fiscalía, lo condenó a seis meses de cárcel y 540 euros de multa por un delito de administración desleal. El Ministerio Público pedía inicialmente tres años, pero aceptó rebajar la pena al estimar las atenuantes de dilaciones indebidas (transcurrieron más de cinco años entre la comisión del delito y la celebración del juicio) y confesión tardía (reconoció todo en la vista oral y eso supuso una “colaboración con la Justicia”). Es más, el empresario no entrará en la cárcel si paga otra multa acordada por los jueces para precisamente suspender la ejecución de la pena de reclusión.

El tribunal, que anticipó el fallo en la misma sala y declaró firme la sentencia, no le impuso en cambio ninguna indemnización para los vecinos. De hecho, el actual presidente de la comunidad compareció como testigo para renunciar expresamente a cualquier acción civil. El motivo es sencillo: como no eran estas las únicas cantidades que el promotor adeudaba a sus vecinos y había otros procedimientos en marcha, terminó alcanzando un acuerdo extrajudicial para compensarlos y en ese pacto estaban incluidos los 125.000 euros. Y no sólo devolvió el dinero, sino que aceptó irse del bloque, donde poseía varios pisos porque allí también residían algunos familiares suyos.

Esta no es la primera condena para Narciso F.L. En 2022, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla le impuso tres años y medio de cárcel y el pago de una indemnización de 1,56 millones de euros por estafar a los dueños de un hotel de la calle Gravina, cuatro hermanos y la mujer de uno de ellos, a los que convenció para hacer unos apartamentos turísticos. Las víctimas “perdieron su patrimonio”, según la sentencia, a la que el Supremo dio firmeza en marzo de 2023. El reo aún está cumpliendo esa pena y precisamente el 18 de junio acudió al juicio por los hechos de la calle Progreso desde la prisión. Narciso F.L. fue uno de los promotores más activos de Sevilla hace dos décadas. Su operación más famosa fue la venta a Ferrovial del solar del concesionario Tysa-Ford, en la Carretera de Carmona, por 31,4 millones de euros.

El inmueble de Progreso 40 empezó a construirse a principios del siglo XXI. El proyecto fue desarrollado entre otras por la sociedad Condeor, vinculada a Juan Antonio Roca, que controlaba el 30,74%. El propio Roca, de hecho, se quedó en propiedad un par de pisos. Su participación hizo que la promoción se viese salpicada en el caso Malaya. En la primavera de 2006, durante la investigación de esa trama de corrupción urbanística, la finca fue intervenida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que ordenó al Registro de la Propiedad que bloquease ese y otros dos inmuebles que Roca poseía en Sevilla. Por aquel famoso caso, el otrora asesor de Gil y Gil acabó siendo condenado a diecisiete años de cárcel.

Las desventuras del número 40 de la calle Progreso no terminaron ahí. Durante su construcción, el Ayuntamiento también paralizó y precintó la obra hasta dos veces (en septiembre y en diciembre de 2005) por contravenir las condiciones de la licencia, que había sido solicitada precisamente por la empresa de Narciso F.L. La obra, además, fue denunciada por vecinos del barrio que entendían que el nuevo edificio presentaba algunas irregularidades, como superar la altura legal. En enero de 2006, la obra logró la licencia definitiva después de añadir modificaciones al proyecto.