El juez procesa al sobrino de Felipe González y a tres directivos de Invercaria

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la macrocausa de Invercaria, ha dictado un auto en el que ha procesado al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías -sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González-, al ex presidente de esta sociedad, Tomás Pérez-Sauquillo, al ex directivo Cristóbal Cantos -que en su día denunció el caso-, y al ex director financiero Antonio Nieto Garrido, en la denominada pieza de "personal" de este macroproceso.

En un auto dictado el día 29 de marzo, el magistrado toma esta decisión al entender que los cuatro investigados podrían haber participado en un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal.

El auto se produce después de que el juez haya rechazado la petición de archivo planteada por la defensa del sobrino de Felipe González, que recuerda que tres informes avalan que no hay ningún delito en la conducta que se atribuye a este ex directivo en relación con el finiquito que percibió en octubre de 2007.

Por su parte, el juez considera que “existen indicios racionales de la concurrencia y presupuestos, al menos indiciariamente”, de ambos delitos, y centrándose en el delito de malversación precisa que “existen indicios racionales claros” del mismo “al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso” los cuatro investigados en su relación laboral con Invercaria, “prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido”.

En el auto, el juez explica que esta pieza separada procede del ramo principal y se abrió “por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron” la “disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados”.

De este modo, el magistrado señala que, como consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo “asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo”, de forma que “decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos que le correspondían”.

Según indica el instructor, “esta decisión la adoptaba Tomás Pérez-Sauquillo sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad”. Así, “nunca recabó el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, ni respetó los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

“Prevaliéndose de sus facultades como consejero delegado de Invercaria, Pérez-Saquillo, en los años 2007 a 2009, decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir personalmente de Invercaria y ello con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos de Invercaria” y “sin que existiera causa justificada” de dichas subidas salariales, asevera el magistrado.

El juez añade que, el 17 de abril de 2006, el investigado Antonio Nieto .suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para prestar sus servicios como director financiero, y añade que el presidente, “concertado” con Nieto, “sin que existiera fundamento objetivo que lo justificara, decidió retribuir al investigado en el periodo de los años 2007 a 2010 unas cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato de trabajo y la legislación vigente sin causa legal justificada”, y todo ello “sin que existiera otra causa de esas subidas salariales que el propósito de ambos de obtención de lucro por parte de Antonio Nieto en perjuicio de Invercaria”.

Seguidamente, el magistrado manifiesta que, el 1 de noviembre de 2005, el investigado Cristóbal Cantos suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria a fin de que ostentara el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a Cristóbal Cantos un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Según el auto, a la fecha de la extinción de la relación laboral, Cristóbal Cantos “tenía pendiente de devolver a Invercaria la suma de 17.962,53 euros” de ese préstamo personal.

Decidieron "condonarle" la deuda

El juez asevera que el ex presidente y el ex director financiero de esta sociedad de capital riesgo, “manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo personal”, con lo que “permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria”. El instructor considera que estos tres investigados “eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía todavía adeudada”.

A continuación, el magistrado señala que, el 1 de julio de 2005, el investigado Juan María González suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que, cuando comenzó a trabajar en Invercaria, esta sociedad de capital riesgo, “a petición” de este investigado, “se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a Juan María González durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia IDEA”, una operación con la que Juan María González “pasó a contraer una deuda con Invercaria” por una cuantía de 17.468,75 euros “en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria”.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral de Juan María González con Invercaria, “tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros de los que Invercaria le había prestado”, y señala que el ex presidente y el ex director financiero de la sociedad pública “decidieron condonarle esa cantidad pendiente de devolución”, con lo que “permitieron que obtuviera un lucro indebido con esos fondos públicos en perjuicio para el patrimonio de Invercaria”, siendo estos tres investigados “conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad de esta condonación”.

Para finalizar, el instructor manifiesta que, el 31 de mayo de 2010, este último investigado fue nombrado consejero delegado de Invercaria y, al día siguiente de su nombramiento, “concertó con Invercaria la concesión de un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador”, pero a la fecha del cese de la relación laboral “tenía pendiente de devolver 29.000 euros” que “no devolvió” en ese momento “con el consentimiento” del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.

El juez acuerda continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra las cuatro personas investigadas en la pieza separada de personal, dando traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares y popular para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.