Llama a la Policía porque le ocupan su casa en el centro de Sevilla y acaba detenido

La historia de Ricardo Román es tan surrealista que uno difícilmente se la creería si no viera los papeles que así la acreditan. Este hombre, desempleado de 55 años, tiene una vivienda a medias con su hermana en la calle Monsalves, en pleno centro de Sevilla. Su piso fue ocupado a finales del año pasado. Cuando denunció la ocupación y llamó a la Policía Nacional, terminó detenido y pasando una noche en el calabozo, mientras que los policías les entregaron las llaves al ocupa e invitaron a su hermana a retirar su coche de su plaza de aparcamiento. Como no podía ser de otra manera, la juez puso en libertad al detenido y archivó su caso a las pocas horas.

Pero la vivienda sigue ocupada y él, en el paro y teniendo un piso en el centro, tiene que pagarse un alquiler de 500 euros en el Cerro del Águila. Sabe que el ocupa alquila una habitación a través de Airbnb, y además que éste cobra una pensión de 900 euros. "Ocupó mi vivienda un mes después de firmar una suspensión de condena por delito de usurpación cometido en la vivienda de otro vecino. Me encuentro en una situación desesperada porque en septiembre termino de cobrar el paro y me veo en la calle", explica Ricardo Román, en una entrevista con este periódico.

Ricardo Román y su hermana Laura presentaron una denuncia por su detención, que consideran ilegal, ante el juzgado de Guardia. Los denunciados son los cuatro policías nacionales que lo arrestaron. En la denuncia, los hermanos aportan la escritura de propiedad de la vivienda de la calle Monsalves, que heredaron de su padre. Este piso se encuentra "en perfecto estado de uso, equipado y amueblado, con todo el menaje de cocina, muebles, sofá, televisor, camas, sábanas, toallas, nevera, lavavajillas, platos, fotos y recuerdos", todo de la propiedad de los hermanos.

El uso de esta vivienda era para satisfacer la necesidad de Laura, que reside en Ubrique pero que tiene que venir continuamente a Sevilla por motivos médicos, pues padece la enfermedad de Parkinson. Esta mujer viene a la capital andaluza una o dos veces por semana. Además, a partir del 11 diciembre de 2022 iba a ser la vivienda habitual de Ricardo, que se encuentra en el paro y se había visto obligado a rescindir el contrato de alquiler de la casa en la que vivía.

Todos esos planes se torcieron el 1 de diciembre, cuando Ricardo acudió a la vivienda y, al introducir la llave, no pudo abrir. Pensó que su hermana o la limpiadora que habían estado en la casa unos días antes se habrían dejado la llave puesta y llamó a un cerrajero. En ese momento, apareció un hombre que mostró un contrato de alquiler y aseguraba que era el actual inquilino del piso y que residía allí desde el 26 de noviembre. Le dijo también que tuviese cuidado porque él sabía mucho de Derecho. El propietario del piso sostiene que ese contrato es falso, y así lo afirma también el auto judicial en el que se archivaba el caso contra él tras su arresto. En el mismo documento, la juez expone que el ocupa usa una llave falsa para acceder a la vivienda.

Ricardo optó por llamar a otra hermana, para que estuviera con él y avisaran juntos a la Policía. Al llegar los agentes y ver el contrato que les mostró el ocupa, le dijeron a Ricardo que "ellos no podían hacer nada" y se marcharon del piso. Al día siguiente, 2 de diciembre, Ricardo volvió al edificio y accedió al patio interior del mismo, puesto que podía seguir haciendo uso de las zonas comunes. Allí pudo comprobar que el ocupa abandonaba la vivienda sin compañía de nadie y cargando bolsas de plástico y una mochila, por lo que decidió probar su llave en la cerradura y "abrió sin ninguna dificultad".

Una vez dentro del piso, comprobó que no faltaba nada, aunque estaba desordenado. No halló pertenencias del ocupa, por lo que pensó que éste se había marchado. Se quedó en la vivienda, almorzó en ella y subió a casa de unos vecinos, "donde pasó la tarde, comentó el asunto con ellos y se tranquilizó un poco". Mientras tanto, sus hermanas llegaron al edificio con el vehículo de una de ellas y aparcaron en la plaza de garaje de su propiedad. Ambas subieron y abrieron con sus llaves, "las de toda la vida".

Estando las hermanas en el piso, notaron que se introducía una llave en la cerradura y le daban una patada a la puerta. Sintieron a una persona que salía corriendo del edificio. Pasado un rato, llegó al bloque el ocupa acompañado de un menor de edad y cuatro policías nacionales. Una de las hermanas abrió la puerta a la Policía y los agentes "la invitaron a abandonar la vivienda porque le iban a hacer entrega de la misma al ocupante". "Debido a sus padecimientos y a la tensión que le provocaba la situación, invitó a pasar a los agentes porque no podía mantenerse de pie", asegura la denuncia.

En ese momento entraron en el piso los cuatro agentes y "lo registraron de arriba abajo, sin encontrar ni una sola pertenencia del ocupante". Una de las dueñas les mostró las escrituras para acreditar la propiedad de la vivienda, y además les enseñó documentación médica y su certificado de discapacidad, con los que pretendía exponer los motivos por los que se encontraba en ella. Al ver al ocupa, esta mujer pudo identificarlo como el inquilino del piso de enfrente, por lo que facilitó a los policías el número de teléfono del propietario de este otro inmueble.

Este hombre les indicó que el ocupa era su inquilino y que tenía señalada la fecha para el lanzamiento el 13 de diciembre. También les comentó que llevaba varios años viviendo en su casa y que "era perfecto conocedor de sus vecinos y de que éstos son los legítimos propietarios de la vivienda". "Hasta tal punto nos conocía que facilitó a la Policía el nombre y apellidos de Ricardo", añade la denuncia.

Los policías pidieron al ocupa que abriese la vivienda en la que había residido hasta entonces. "Al salir, le dijeron a Laura que no tenía que preocuparse, porque el ocupa era una persona que cuidaba bien las viviendas y que no se dedicaba a destrozarlas". Tres policías subieron al piso de los vecinos e invitaron a Ricardo a ir con ellos a su casa. Una vez en ella, le preguntaron si había cambiado el bombín, a lo que él respondió que no, que era el antiguo y que por eso abrían sus llaves y la de su hermana. Les pidieron las llaves y comprobaron que abrían, y en ese momento decidieron identificar y detener a Ricardo, al que esposaron.

"En ese momento, resolvieron confiscarnos nuestras llaves, lanzarnos de la vivienda, hacerle entrega al ocupante de las llaves y de la posesión de la vivienda de nuestra propiedad, con todo su contenido, y llevarse a Ricardo detenido por primera vez en sus 55 años de vida, en los que no ha tenido ni un solo altercado", expone la denuncia. "Para finalizar su ejemplarizante actuación, los agentes aconsejaron a Laura que se llevase el coche de la plaza de garaje de nuestra propiedad para evitar que el ocupa pudiese tomar represalias y causarle daños al vehículo".

Ricardo pasó la noche del 2 al 3 de diciembre en los calabozos de la Policía Nacional y fue puesto después a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que estaba de guardia. La juez dictó un auto acordando la libertad del detenido y el sobreseimiento del caso contra él, al no constituir los hechos ningún ilícito penal. En el auto se constata que la vivienda es propiedad de Ricardo Román y su hermana, así como que el ocupa aporta un contrato de arrendamiento falso y que no queda acreditado que el propietario cambiase la cerradura.

Para los dueños del piso, estos hechos pueden constituir un delito de allanamiento de morada y otro de falsedad documental presuntamente cometidos por el ocupante. Además, consideran que los agentes de la Policía Nacional incurrieron también en una detención ilegal y en una prevaricación, pues "desalojaron de la vivienda a sus legítimos propietarios y le entregaron las llaves y la posesión de la misma, con todo su contenido, a un tercero que carecía de título válido para ello".

La familia Román solicitó el desalojo inmediato del ocupa, pero el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el asunto. "Ni siquiera me han llamado a mí para ratificar mi denuncia. Este proceso va muy lento, y me temo que llegará el mes de septiembre y me veré en la calle. La situación es desesperada". Durante una visita al inmueble, sintió el rechazo de unos vecinos, que le negaron la entrada si no tenía llave. "Encima esto... A veces hay que contar hasta diez. Mi error fue llamar a la Policía el primer día, si me hubiera quedado dentro, probablemente el ocupa se habría ido, pero quise hacer las cosas bien".

Este periódico se puso en contacto con el ocupa, que declinó hacer cualquier declaración al respecto. Varios vecinos corroboraron que este hombre residía antes en el piso de enfrente, en el que estuvo viviendo un año con contrato legal y pagando el alquiler. Dejó de pagarlo al año y comenzó un largo proceso para desahuciarlo, que finalmente ganó el propietario. También hay una causa abierta por usurpación, pues se sospecha que utilizó la identidad del dueño de la vivienda para hacer un nuevo contrato de la luz, pues al dejar de pagarla se le cortó el suministro.

Además, él admite libremente que tiene ocupada la vivienda. Lo hace asegurando que tiene a su cargo a un menor y no puede quedar desamparado. Igualmente, afirman que alquila la vivienda a través de la plataforma Airbnb, para uso turístico, y que los días que el piso está alquilado él se marcha a dormir a la azotea, donde puede verse un colchón habitualmente. En el edificio se han registrado algunos destrozos en los buzones, que podrían deberse a un intento de conseguir facturas para dar de altas nuevos contratos de luz y agua, y también las cerraduras.