SPJ-USO se felicita por el “viraje” de la Junta sobre los interinos de Justicia

El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) mostró este viernes su “plena conformidad” con el “viraje” y “cambio de criterio” efectuado por el consejero de Turismo, Regeneración y Justicia, Juan Marín, al anunciar que se incluirán en las listas de reserva de funcionarios interinos de Justicia a quienes hayan aprobado un examen de la última oposición y no dos, como venía exigiendo la Junta.

En un comunicado, SPJ-USO recuerda que este mismo sindicato venía reclamando una medida de este tipo, que supondrá no solo un “beneficio para el personal afectado” sino también “para el conjunto de la administración de Justicia andaluza, que contará con un mayor número de efectivos para cubrir plazas vacantes o desocupadas temporalmente en estos tiempos complejos en los que, lloviendo sobre mojado, la pandemia también ha lastrado el ya de por sí consabido atraso que sufren los órganos judiciales andaluces”.

Todo ello “sin merma de los principios de mérito y capacidad que exige nuestra Constitución”, según el sindicato.

Además, “la suma de efectivos que supondrá este nuevo criterio se hace más necesaria por cuanto siguen sin publicarse los listados de la bolsa de interinos de Justicia que se abrió hace ya más de un año y, por consiguiente, sin integrarse en los mismos a todos aquellos aspirantes que, teniendo derecho a ello, lo solicitaron en su día y hoy por hoy continúan esperando”.

Tras la comparecencia de Marín en la correspondiente comisión parlamentaria, la consejería de Justicia precisó que había habido “un malentendido” en sus respuestas y que aún no está decidido como se van a resolver los recursos de los opositores excluidos, pero SPJ-USO se felicita por este “cambio de criterio” que considerará “como mérito suficiente para la inclusión en las listas de reserva haber acreditado haber aprobado al menos un examen en los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos Generales de Justicia”.

Marín atribuyó en el Parlamento el problema a que habían aplicado una normativa “sustancialmente mejorable” elaborada durante el anterior gobierno andaluz del PSOE.