Un letrado de la Junta deja los ERE para trabajar en una consejería

El letrado del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Ignacio Carrasco López, que desde 2011 ha ejercido la acusación particular en representación de la Administración andaluza en la macrocausa de los ERE, ha dejado de intervenir en este proceso para trasladarse a trabajar a la Consejería de Agricultura, todo ello en el marco de una reorganización de las funciones en el seno del gabinete jurídico.

Ignacio Carrasco llegó en 2011 a la instrucción de los ERE y ejerció la acusación particular, junto a la letrada María Victoria Gálvez –que sí continúa al frente de la investigación de los ERE–, en los momentos más difíciles de la instrucción, cuando se produjeron las prisiones preventivas de algunos de los encausados, como las del ex consejero de Empleo Antonio Fernández o la del principal imputado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, entre otros.

Tras más de ocho años en la investigación de los ERE, cuya mayor parte se desarrolló con los anteriores gobiernos andaluces del PSOE, Ignacio Carrasco se incorporó esta semana al gabinete jurídico de la Consejería de Agricultura.

Su marcha se ha producido, además, en el marco de un ataque frontal desde determinados medios a las últimas decisiones de los letrados de la Junta en procesos como el de la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, donde también han intervenido estos mismos letrados del gabinete jurídico de la Junta y cuya postura contradecía abiertamente la tesis que mantiene la acusación popular que ejerce el PP en este mismo proceso.

En concreto, el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos apoyó la petición de archivo de la causa de los avales de IDEA que habían planteado varias defensas a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y a la que se oponían con vehemencia la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular del PP, partido que sustenta el nuevo Ejecutivo andaluz.

Los letrados del gabinete jurídico de la Junta Ignacio Carrasco y María Victoria Gálvez sostuvieron en un escrito que los indicios de la comisión de delitos de prevaricación y malversación en esta investigación judicial se habían “desvanecido uno por uno” como consecuencia de las diligencias practicadas en el seno de la instrucción y, en su lugar, pedían a la juez que dedujera testimonio para investigar si las 12 empresas que recibieron esos avales y préstamos de la agencia IDEA –no los ex altos cargos imputados– podían haber incurrido en un delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La nueva Junta había apoyado con este planteamiento el archivo de la causa contra varios ex altos cargos de los anteriores gobiernos del PSOE –entre los investigados figura el ex consejero de Innovación Martín Soler–, lo que suscitaba las críticas desde las filas populares.

La polémica suscitada en torno a este planteamiento del gabinete jurídico y su distancia con las peticiones radicalmente opuestas de la acusación que ejerce el partido llevó incluso al Gobierno andaluz a tratar de silenciar que se había apoyado el archivo solicitado por las defensas.

Cuando en mayo pasado la juez Bolaños acordó el archivo provisional de la macrocausa de los avales con el mismo argumento que había aportado el gabinete jurídico de la Junta –al estimar que los indicios de delito se habían “desvanecido uno por uno”– las críticas desde los mismos medios arreciaron y se centraron en la figura del jefe del gabinete jurídico de la Administración autonómica.

Los mismos letrados de la Junta que habían pedido el archivo recurrieron entonces el auto de sobreseimiento de la juez, en un escrito en el que no se recurrió expresamente la decisión de la juez de archivar la macrocausa, sino la negativa de la juez María Núñez Bolaños a deducir los testimonios para que se investigue a los responsables de 12 empresas por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.

Los letrados consideraron entonces que el auto de Bolaños “yerra, dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa” cuando la instructora sostiene que los indicios de esos delitos “no surgen de las actuaciones judiciales sino de los expedientes de tramitación de las ayudas que obran desde un primer momento en poder de la Junta de Andalucía”.

La Junta recordó que con anterioridad había afirmado que “de las diligencias practicadas hasta el momento, fundamentalmente de la pericial realizada por la interventora Rocío Marcos, sí que se desprenden indicios de que algunos solicitantes pudieran haber falseados las solicitudes de concesión”, de ahí que solicitara la incoación de nuevas diligencias previas para investigar esos nuevos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.