Un ladrón seguirá en prisión para evitar la "sensación de impunidad"

Un ladrón seguirá en prisión para evitar la "sensación de impunidad". Así lo ha decidido una juez de Sevilla que ha rechazado la puesta en libertad de un ciudadano de origen portugués, M. C. R. M., de 41 años, que fue encarcelado el pasado 9 de abril después de haber robado un camión y embestir contra un patrullero de la Policía Nacional. La decisión de la instructora se produce en contra del criterio de la Fiscalía, que no se oponía a su excarcelación bajo fianza de 3.000 euros, pero que la magistrada rechaza por la "peligrosidad criminal" del sospechoso, que condujo de forma temeraria con el riesgo de atropellar a niños en la barriada de Torreblanca.

El investigado llevaba en prisión desde hace poco más de un mes, en concreto, desde el pasado 9 de abril, y su defensa solicitó la puesta en libertad provisional, con o sin fianza. La abogada que ejerce la acusación particular, Mónica Gallardo Bejarano, que representa a la empresa propietaria del vehículo sustraído, se opuso a la petición de libertad, argumentando la peligrosidad del investigado y la gravedad de los hechos que se le imputan.

Sin embargo, la Fiscalía de Sevilla, emitió un dictamen en el que no se oponía a la libertad provisional, siempre que se acordara bajo las siguientes "condiciones": la imposición de una fianza de 3.000 euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio español y la obligación de comparecer en el juzgado de guardia cada 15 días.

La titular del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Moreno, ha decidido finalmente que el investigado continúe en prisión provisional, una medida que justifica tanto por el "número y entidad de los hechos delictivos, como por la peligrosidad criminal que demuestra con tales hechos, como por reputarse inútiles las medidas cautelares que propone el Ministerio Fiscal para disuadir al investigado de reiterar su conducta delictiva", según expone la instructora en el auto en el que rechaza la puesta en libertad del individuo.

Dice la juez que los hechos investigados no son de "menor entidad" como sostiene la defensa, puesto que en el transcurso de 12 horas el ciudadano de origen portugués ha cometido diversos hechos de forma seguida y con una "violencia" grave. Así, relata la instructora que sobre las cuatro de la mañana robó un camión en la localidad de Paradas, que condujo pese a que no tenía ningún permiso, y sobre las siete de la mañana rompió la ventanilla de un coche y sustrajo herramientas de su interior.

A las cuatro de la tarde ese mismo día fue sorprendido por la Policía cuando conducía en dirección contraria y de forma "temeraria" sale huyendo de los agentes, "invadiendo el acerado, conduciendo a tal velocidad por un poblado chabolista de Torreblanca, pese a haber personas, incluidos niños, en la calle, con riesgo de atropellarlas".

A continuación, impactó el camión con unos cables eléctricos que arrancó y cayeron sobre el vehículo policial, causando con ello el "peligro de electrocución" de terceras personas. Para la instructora, "no es verdad" que embistiera "accidentalmente" contra el patrullero. "Muy al contrario, cuando el vehículo policial en su persecución logra colocarse en paralelo a la altura del camión, el investigado intencionadamente impacta repetidamente el camión contra el vehículo policial". Y tras chocar contra un muro y contra el patrullero, dañó dicho elemento y dejó "inservible" el coche de los agentes, que resultaron además heridos.

La historia no acaba ahí porque tras salir huyendo a pie, los agentes logran alcanzarlo y en ese momento el individuo "forcejea con patadas y puños para eludir la detención". Y a todo ello hay que unir que durante la persecución, el camión golpeó a otro vehículo que estaba estacionado.

La juez destaca la gravedad de los hechos y los posibles delitos que se le pueden atribuir, tales como un delito de robo -o robo de uso de vehículo, un delito de robo con fuerza en las cosas -que conlleva una pena de hasta tres años de cárcel-, un delito de conducción temeraria -que puede suponer una pena de hasta dos años de prisión- y un delito de atentado a agentes de la autoridad, que el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y los tres años.

"Si a tal número y variedad delictiva se añade el escaso tiempo de prisión preventiva transcurrido y la pendencia de escasas y simples diligencias instructoras, debe concluirse que la actividad investigada revela una peligrosidad criminal en el investigado con gran potencial de reiterar conductas análogas o similares, dado el poco respeto que el investigado ha demostrado a numerosos bienes jurídicos", asevera la juez.

En este sentido, la magistrada concluye que excarcelar en estas circunstancias al imputado "sólo ayudaría a generar una sensación de impunidad que a su vez reportaría en ampliar el riesgo de reiteración delictiva".