El juzgado ordena precintar un noveno pozo en la finca de la Casa de Alba investigada por supuesta detracción ilegal de agua
Medio ambiente
El Seprona informó al órgano judicial de que no está en funcionamiento pero alertó del riesgo de que vuelva a estarlo si no se clausuraba
Citan como investigado a un nieto de la Duquesa de Alba en una causa sobre pozos en Doñana

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que está investigando a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria en la causa relativa a ocho pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar y gestionada por la Casa de Alba, ha ampliado a un noveno pozo las medidas cautelares que había dictado sobre el recinto.
En una reciente providencia fechada el 13 de febrero y recogida por Europa Press, el órgano judicial da cuenta de un nuevo informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil avisando de que si bien en el auto judicial inicial "se interesan actuaciones sobre ocho pozos sin autorización, sería conveniente extenderlas a un noveno pozo en cuestión". Este pozo "no está en funcionamiento en la actualidad" pero "podría estarlo si se le vuelven a instalar los elementos".
"Siendo que eran nueve los pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se acuerda ampliar las medidas cautelares y el precinto acordado al denominado pozo número ocho y que al parecer no se encontraría en funcionamiento en la actualidad", expone el juzgado en su nueva providencia.
En un auto previo dictado el 31 de enero, el juzgado de Sanlúcar ordenaba la citación como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria para el próximo jueves. También decretaba el precinto de los pozos en cuestión, así como "la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello, y quedando apercibida la parte investigada en estas actuaciones, con la mera notificación de esta resolución a través de su representación procesal, de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados".
Según el juzgado, "los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar en el término municipal de Aznalcázar y propiedad de la sociedad Eurotecnia Agraria, que han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico".
La empresa desliga a Eugenia Martínez de Irujo
En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a esta investigación incoada por el Juzgado número 1 de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta, según el Ministerio Público, por los citados ocho pozos supuestamente ilegales en la finca Aljóbar. La mercantil desligó a la aristócrata de la gestión de la entidad y aseguró que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".
En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar" y defendía que Eugenia Martinez de Irujo "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" agrícola de naranjos que hay en dicha finca.
El posible "impacto colateral" en Doñana
El juzgado, por su parte, cree que hay "indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas".
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