Un juzgado deja en libertad bajo fianza de 6.000 euros a un anciano que apuñaló a otro en una gasolinera de Palomares

Un juzgado de Coria del Río ha dejado en libertad provisional a un hombre de 67 años que en agosto del año pasado apuñaló a otro de 74 en una gasolinera de Palomares. A la Policía le contó que había salido de su casa “con intenciones de asesinar a alguien con el fin de que lo ingresen en un centro psiquiátrico”. No hubo asesinato porque la víctima detuvo el cuchillo con sus propias manos y la penetración del arma no llegó a ser letal, pero el agresor está siendo investigado por tentativa de homicidio. Mientras tanto, tras valorar un informe psiquiátrico que reconoce que sus facultades estaban mermadas cuando perpetró el acuchillamiento, la magistrada ya ha acordado suspender la prisión provisional a cambio de una fianza de 6.000 euros, El investigado, que pagó el pasado viernes y ya está en la calle, también deberá comparecer en el juzgado cada dos semanas y no aproximarse a menos de 300 metros del perjudicado ni comunicarse con él.

P.J.G.T. entró en prisión el 17 de agosto de 2023. Los hechos ocurrieron el día antes y son recogidos por el Juzgado Mixto número 1 de Coria en el auto que dictó el 28 de mayo para ordenar su puesta en libertad, como habían solicitado su abogada, Ofelia Liñán, y la Fiscalía. Según la magistrada, "existen indicios suficientes" de que el 16 de agosto, sobre las 10.30 de la mañana, P.J.G.T. "se dirigió contra" el otro varón y "con la intención de acabar con su vida lo apuñaló en la zona del vientre con un cuchillo de unos 20 centímetros". "La pena a imponer es de hasta diez años de prisión", anticipa también la titular del juzgado.

La explicación del ataque, si tiene alguna, aparece en el atestado. Los policías que acudieron a la gasolinera vieron al agresor sentado sobre el bordillo de la acera, "algo desorientado", y este les admitió que había salido de su casa con un cuchillo en la mano "con intenciones de asesinar a alguien con el fin de que lo ingresen en un centro psiquiátrico". Eso mismo repitió ya en la cárcel cuando fue visto por un psiquiatra, apenas cinco días después: "Necesitaba tratamiento psiquiátrico, pensé que me lo darían si hería a alguien", vino a decir.

El juzgado de Coria confirmó la prisión provisional el 12 de abril de 2024. La defensa presentó entonces un recurso de reforma para pedir la sustitución de la prisión preventiva por cualquier medida de privación de libertad menos restrictiva. La Fiscalía se adhirió y solicitó las medidas cautelares que finalmente han sido aprobadas. La acusación particular no se pronunció. La titular del juzgado recuerda que para mantener a un investigado en la cárcel “es necesario que alguna de las partes acusadoras” lo pida, algo que no ha ocurrido en este caso, y a eso le suma el informe de la forense. Estos factores “han modificado las circunstancias a valorar” y justifican su cambio de criterio y la concesión de la libertad, explica.

La principal conclusión de la psiquiatra fue que P.J.G.T. presenta un trastorno ansioso-depresivo compatible con que en el momento de los hechos sufriera un episodio disociativo y que, por tanto, pudo padecer una “importante limitación en su capacidad de conocer y querer”. Ese cuadro de depresión apareció cuando tenía 64 años y la probable causa fue el estrés laboral, pero la jubilación no resolvió el problema. De hecho, el día antes del suceso acudió a Urgencias y se le diagnosticaron ideas suicidas.

La magistrada aclara en su auto que el hecho de que investigado quede en libertad no es incompatible con “la existencia de indicios fundados de criminalidad”. El más importante es la propia declaración del hombre, que “procedió a reconocer los hechos” cuando los agentes se personaron en la gasolinera. Ese relato fue corroborado por algunos testigos y por la víctima. Por tanto, el incidente no deja de ser delicado y por eso la titular del órgano judicial acuerda las medidas cautelares ya citadas, “para asegurar la presencia del acusado a disposición judicial”. “La gravedad de los hechos y de las penas que puedan imponerse así lo justifican”, alega.

Como consecuencia de las obligaciones que le han sido impuestas, P.J.G.T. no podrá cambiar de domicilio ni salir de España sin autorización judicial. También deberá continuar con el tratamiento médico que ya sigue por su problema de salud mental. Si incumple alguno de estos requisitos, “podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar” y se enfrentará a la “posibilidad” de retornar a la cárcel, le avisa la magistrada.