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Un juzgado investiga a Bernat Soria por alzamiento de bienes tras no pagar una deuda de 400.000 euros

Alzamiento de bienes

Se investiga la donación de bienes a sus dos hijas para quedarse sin patrimonio a su nombre y aparentar "su total insolvencia", según la querella admitida a trámite

Un juzgado investiga a Bernat Soria por alzamiento de bienes tras no pagar una deuda de 400.000 euros / Juan Carlos Muñoz

Un juzgado de Sevilla ha citado este lunes al ex ministro de Sanidad Bernat Soria a declarar en calidad de investigado por delitos de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes, por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic -pionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una sentencia dictada el 31 de mayo de 2021.

La deuda de 400.000 euros había sido reclamada por la empresa Vegetal Green, propiedad de Sergio Samblás, contra Andalucell, Bernat Soria, Biocorp y José Antonio Mateos -ex director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía-, y el origen de la misma deriva de un préstamo concedido en su día por otra sociedad -denominada Bula Investment Company- a Newbiotechnic, empresa que fue declarada en concurso de acreedores en abril de 2017, siendo reconocida ya dicha deuda por la administración concursal.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que cita a declarar como investigados a Bernat Soria y a dos hijas, a las que "donó" una serie de bienes para "proteger o enriquecer el patrimonio familiar", frustrando de esta forma el pago de una deuda que, incluidos los intereses y costas, supera los 500.000 euros y consiguiendo que "aparentemente a día de hoy Bernat Soria sea jurídicamente insolvente a pesar de tener un patrimonio valorado en varios millones de euros", según ha explicado a este periódico el abogado Pedro Mancera, que representa al empresario denunciante.

La querella contra Bernat Soria señala que entre los meses de junio y julio de 2019 la Agencia Tributaria abrió hasta 8 inspecciones a Bernat Soria que acabaron con "abultadas liquidaciones y sanciones, todo ello debido a las múltiples irregularidades fiscales cometidas", y en este sentido señala que el ex ministro, "viéndose en una inminente delicada situación económica al acumulársele las obligaciones" puso en septiembre de 2019 todos sus bienes a nombre de sus dos hijas, que también han sido citadas a declarar.

De esta forma, prosigue el denunciante, Bernat Soria queda "totalmente insolvente sin poseer actualmente patrimonio alguno, por lo que frustra cualquier tipo de ejecución" de la sentencia que lo condenó a pagar ese más de medio millón de euros.

El ex ministro "vació todas sus cuentas bancarias", sostiene la querella

Fue cuando el acreedor solicitó la ejecución de esa sentencia cuando el juzgado realizó una averiguación patrimonial de Soria que puso de manifiesto su insolvencia, "habiendo vaciado sus cuentas bancarias y donado todos su bienes a sus hijas, reservándose el usufructo, todo ello con el fin de frustrar los derechos de los acreedores, dificultando las acciones de cobro ejecutivo de Vegetal Green".

La querella adjunta además una notificación de la resolución de la Seguridad social que acuerda el embargo parcial de la pensión del ex ministro, y en este sentido, destaca que "con los embargos practicados", el acreedor "tardaría más de 50 años en cobrar íntegramente la deuda".

El ex ministro, concluye, tenía un amplio patrimonio personal hasta septiembre de 2019, valorado en varios millones, por lo que "transmitía confianza y solvencia ante sus acreedores". Sin embargo, durante ese año se le acumularon diversas obligaciones de pago que le llevaron a "urdir un plan por el cual quedaría insolvente para no responder de sus deudas, donando a sus hijas todo su patrimonio mediante escritura pública", que fue suscrita ante notario el 4 de septiembre 2019.

Su despido de la Junta fue legal, según el juez

El juzgado Social 3 de Sevilla rechazó en septiembre de 2021 todas las demandas del ex ministro Bernat Soria contra la Junta de Andalucía por su despido como responsable de la investigación con células madre en el Cabimer. La sentencia no consideró demostrado que la Junta llevara a cabo contra él una campaña de “desprestigio internacional” y “muerte científica” por los que Soria reclamó 2,7 millones de euros de indemnización.

La sentencia declaró el despido como procedente, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, y considera que Bernat Soria vulneró el compromiso de exclusividad con la Junta, lo que constituye un “incumplimiento grave y culpable de la buena fe contractual“.

La demanda del ex ministro de Sanidad socialista entre 2007 y 2009 se dirigió contra la fundación pública andaluza Progreso y Salud, con la que en 2005 había suscrito un contrato de trabajo de alta dirección como director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) para investigar sobre células madres.

Una vez cesado como ministro, Soria suscribió un nuevo contrato para prestar servicios como investigador de la fundación Progreso y Salud y como director del Observatorio de Prospectiva y Alianzas Internacionales en I+D e investigador del Cabimer.

Recuerda la sentencia que una de las estipulaciones recogía que Soria se obligaba a no desarrollar “actividades comerciales, profesionales o laborales de cualquier índole por cuenta propia o ajena con otra empresa” y a cambio de esa exclusividad percibiría 5.000 euros anuales, lo que hacía un sueldobruto total de 180.000 euros. "A buen seguro uno de los más elevados del sector público andaluz", según el juez.

Pero fue socio de sociedades de asesoramiento en terapia celular y biotecnología, así como apoderado con amplios poderes de una empresa de asesoría y gestión de laboratorios y empresas farmacéuticas.

Según el juez, con ello “incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad” y mantuvo esas actividades ocultas a su empleadora, hechos “de la gravedad suficiente para considerarse como una falta que permite el despido”. Ello con independencia de que el despido disciplinario “no es un juicio sobre la actitud o idoneidad del trabajador”, que en el caso de Bernat Soria “está sobradamente reconocida”.

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