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El juzgado declara insolventes a los dueños de Magrudis por la fianza de 5 millones

Caso Magrudis

En el caso de la veterinaria municipal procesada se ha declarado la solvencia al haberla garantizado la aseguradora del Ayuntamiento.

La juez exigió una fianza de 5 millones al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario del brote

El Ayuntamiento de Sevilla defiende que la "responsabilidad máxima" recae en los empresarios de Magrudis / María José López / Ep

¿Alguien pensaba que los dueños de Magrudis podrían hacer frente a una fianza de 5 millones? El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha declarado insolventes a los dueños de Magrudis imputados por el mayor brote de listeriosis detectado en 2019 en España, que provocó cuatro muertos, siete abortos y 245 lesionados.

En sendos decretos dictados con fecha del pasado 24 de febrero, el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha declarado insolventes a los dueños de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, su mujer, Encarnación Rodríguez, y sus hijos Sandro y Mario, así como a la propia empresa que elaboraba la carne 'La Mechá' y a otra de las sociedades implicadas, Elaborados Cárnicos Mario.

Todo ello después de que se haya solicitado información de los organismos oficiales correspondientes acerca de los "medios de vida y fortuna, habiéndose informado de que no se le conocen bienes susceptibles de embargo".

En otro decreto, el juzgado declara la solvencia de la veterinaria municipal María José O. B., una vez que la compañía aseguradora del Ayuntamiento presentó un escrito "asegurando dicha prestación", según recoge la resolución del juzgado.

En noviembre pasado, la instructora del caso, Pilar Ordóñez, dictó el auto de apertura de juicio oral contra los seis acusados, entre los que se incluye la veterinaria municipal María José O. B., y requirió a cinco de ellos, entre ellos los dueños, para que en el plazo de un día presten una fianza solidaria de cinco millones de euros.

En la misma resolución, la juez declaró responsables civiles directos de los delitos -contra salud pública, cuatro delitos de homicidio imprudente y 245 delitos de lesiones- a las compañías aseguradoras Axa -que tencía contrada una póliza con Magrudis y que cubría sólo 300.000 euros, dinero que ya se depositó en el juzgado-, AIG Europe y Zurich, que tienen suscritas pólizas de responabilidad con el Ayuntamiento de Sevilla.

En concreto, con respecto al Ayuntamiento, la juez requirió también el plazo de un día al Consistorio para que preste la fianza solidaria de 5.025.648,40 euros, como responsable civil subsidiario de los delitos de "homicios, abortos, lesionados y de la indemnización a la Junta de Andalucía" por el gasto sanitario que provocó el brote de listeriores. Todo ello, precisaba el auto, para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 764.2 y 3 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

En el auto, la magistrada requirió a Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. para que, en el plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla)”, y 36.000 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”.

Además, solicitó a los investigados José Antonio Marín Ponce y a su hijo Sandro para que, en el mismo plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 3.060 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”.

Al otro hijo, Mario, y a la mujer del dueño Encarnación Rodríguez se les requiere que presten fianza por importes de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 1.440 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”.

Por último, requirió a la inspectora veterinaria municipal María José O.B. se le reclama que en el plazo de un día “preste fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía)”, y al acusado Sergio L.G. para que “preste fianza solidaria en cantidad de 1.440 euros como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérsele”.

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