El acusado de violar a su hijastra alega que la relación era consentida
Juicio por violación
Los testigos afirman que la discapacidad psíquica de la víctima era “evidente”
La defensa pide una pena menor porque las amenazas no eran “concretas ni reales”
Un hombre de 60 años acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra disminuida alegó este martes que las relaciones fueron consentidas pero la víctima -cuya declaración judicial en octubre de 2018 se reprodujo en el juicio- declaró que el procesado le sujetaba las manos, le tapaba la boca para que no gritara y le amenazaba con ingresarla en un centro y no volver a ver a su madre.
La Fiscalía de Sevilla mantuvo su petición de 14 años de cárcel por un delito de violación continuada con la agravante de que el acusado Julio A.F. se prevalió de la especial vulnerabilidad de la víctima, una mujer de 31 años hija de su esposa que había quedado con una discapacidad psíquica del 84% tras un accidente de tráfico.
Como consecuencia de las violaciones llevadas a cabo entre octubre de 2016 y marzo de 2017, la víctima se quedó embarazada, fue sometida a una interrupción de la gestación y también tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica como consecuencia del virus del papiloma humano que el acusado le transmitió por vía sexual.
Fruto de estas relaciones traumáticas la joven, residente en un pueblo de la provincia, desarrolló una gran agresividad e intentos de suicidio que motivaron diferentes ingresos en el área de Psiquiatría del hospital Virgen Macarena, por lo que la Fiscalía añadió a la petición de cárcel otros 17 años de prohibición de contactar con la víctima y el pago de una indemnización de 10.000 euros.
La discapacidad psíquica “evidente” de la joven no fue solo confirmada por la directora del centro ocupacional al que asistía y otros testigos -recordó la fiscal del caso- sino que pudieron apreciarlo todos los asistentes al juicio por su forma de expresarse y gestos contenidos en el CD de su declaración.
La acusación particular que ejerce la hermana de la víctima y tutora legal de la joven elevó su petición de indemnización a 30.000 euros y destacó que el acusado conocía su discapacidad por pertenecer a su entorno familiar más próximo al estar casado con su madre.
La defensa de Julio A.F. reconoció en su informe ante la Sección Cuarta de la Audiencia que el delito había quedado “acreditado” y que los informes médicos y psiquiátricos eran “irrebatibles” pero solicitó que el delito de agresión sexual quedara rebajado a abuso sexual porque “no existieron una violencia ni intimidación claras” y las amenazas “no eran concretas ni reales y no era posible que se diesen”.
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