El juicio de los 104 acusados: un día de récord en la Audiencia de Sevilla

Más de 80 acusados y unos 50 abogados abarrotaron ayer la sala de plenos de la Audiencia de Sevilla, la más grande del edificio aunque por un día se quedó pequeña, para protagonizar el arranque de un juicio histórico. El caso no entrará en los anales del Palacio de Justicia por la envergadura del crimen ni por los años de cárcel que les van a caer a los culpables, pero sí por la cantidad de involucrados en el delito: 104. Sólo la Fiscalía señala a 81, mientras que la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Publico de Empleo Estatal (Sepe) acusan ni más ni menos que a otros 25, así que en total había 106 procesados, aunque dos ya han fallecido. El resto sí está ya cara a cara frente a la Justicia por perpetrar un fraude masivo a la Seguridad Social relacionado con el subsidio agrario.

No fue fácil que el juicio se celebrase en esa sala de la segunda planta de la Audiencia. Para que cupieran todos los implicados, sus representantes legales y las tres acusaciones hubo que rediseñar el interior de la estancia con el fin de aprovechar al máximo cada metro cuadrado. La Junta de Andalucía incluso fue requerida para alquilar un local fuera del Prado de San Sebastián, pero el coste era excesivo. Así que tocó reorganizar la sala. El primer problema era dar cabida a la ingente cantidad de defensas que participan en el asunto (sólo ayer se presentó medio centenar, pero hay más): la solución consistió en colocar una segunda hilera de mesas en cada lateral del estrado y sumarles cuatro bancadas en el centro de la tarima. El segundo problema era cómo sentar a todos los acusados: la solución consistió en añadir un banco más a los catorce que suele haber normalmente e intercalar sillas en ambos flancos y el pasillo central e incluso sumar una fila más entre el penúltimo banco y el último.

El juicio estaba señalado para las diez de la mañana, pero la organización de semejante mastodonte judicial y las negociaciones de última hora para rebajar penas hicieron que comenzase a las 12.30. Sólo para que se acomodasen todos los acusados (bajo el imprescindible mando de dos funcionarias de la Sección Séptima, una tramitadora y una auxilio) se necesitó un cuarto de hora. Y la sesión en sí, que se redujo a que 71 encausados reconocieran los hechos y la fiscal les leyese las penas pactadas antes con sus defensas, se alargó hasta una hora y 50 minutos. Quienes no aceptan la conformidad serán enjuiciados a partir del próximo 13 de enero.

El caso tiene que ver con el subsidio agrario para personas trabajadoras de Andalucía y Extremadura, es decir, la versión moderna del famoso y polémico PER. Los cabecillas de la trama dieron de alta a decenas de vecinos de lugares como Osuna, Lora, Burguillos, Córdoba o Fernán Núñez como si fuesen a trabajar en el campo, cosa que nadie hizo, y gracias a esas falsas peonadas acabaron cobrando después el paro que el Estado concede a eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social (en una palabra, jornaleros). Según la Fiscalía, el fraude ascendió a 215.000 euros.

El núcleo del delito fue la empresa Labransur, constituida a principios de 2016 para “actividades de apoyo a la agricultura”, entre otros fines. Sus fundadores eran los acusados Juan Enrique P.A. y Dolores A.R., aunque quien “de facto” la gestionaba era el principal investigado, Francisco Javier R.M., para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel. Este hombre iba a ser enjuiciado hoy porque también había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, pero finalmente esperará a enero porque teóricamente va a declarar contra Juan Enrique P.A., que va a pelear la absolución, y el abogado de este acusado no estaba presente este martes en la Audiencia.

El acusado principal, el propio Juan Enrique P.A., también contó con la “ayuda” de Alfonso B.M., José Antonio C.C., Manuel Jesús M.F. y Ángel O.M., que igualmente pasarán este martes por la Audiencia. Actuaban como “conseguidores de trabajadores ficticios”. La Fiscalía resume su actividad como “venta de peonadas”: estos implicados mediaban para que Labransur diese de alta a terceros “con el número de jornadas que necesitaban para acceder al subsidio agrario”, aunque “nunca llegaron a desempeñar actividad laboral real alguna”.

Según la fiscal, Francisco Javier R.M. adquirió Labransur para “utilizarla como sociedad saco” y “albergar un elevado número de trabajadores de alta”. Una parte importante “serían trabajadores cuyas altas no se corresponderían con actividad laboral” ninguna. Entre 2016 y principios de 2017 fueron contratadas 73 personas. 71 de ellas son las que fueron juzgadas ayer: 63 mujeres y ocho hombres. Todas lograron el paro del campo gracias a esa “relación laboral simulada”. 

Las claves de la conformidad

Como puntos clave del pacto entre las partes, la fiscal eliminó la acusación por el delito de falsedad (por los contratos de mentira) y aplicó la atenuante de confesión a todos los que admitieron el delito contra la Seguridad Social ante el tribunal. A muchos otros, los que ya han indemnizado al Estado, también les concedió la atenuante de reparación del daño. Entre una cosa y otra, las condenas más gravosas serán de seis meses de prisión. A partir de ahí las habrá de tres meses, un mes y medio pero sustituible por una multa de 180 euros y, por último, multas de distintas cuantías (la mayoría, de 1.278 euros). Nadie irá a la cárcel, porque la fiscal aprobó la suspensión de la ejecución de las penas de reclusión durante dos años. Los requisitos son no delinquir y, en el caso de quienes aún no han resarcido a la Administración, hacerlo.

Y mientras, un jurado deliberando de aquí para allá

El inicio de este juicio, que continuará el 13 de enero para todos los procesados que no quieren un acuerdo con la Fiscalía, ha coincidido en el tiempo con la deliberación del jurado popular que está enjuiciando uno de los peores crímenes machistas de los últimos años en Sevilla, el de la joven Elia a manos de su novio en El Rubio. Ayer se les entregó el objeto del veredicto (las preguntas que ahora deben responder para fijar el relato de hechos probados), pero los jurados no pudieron empezar su tarea en su sala porque precisamente es la misma del juicio del fraude a la Seguridad Social. Por eso tuvieron que subir a la cuarta planta, al lugar más emblemático de la Audiencia, la conocida como sala de los ERE, que es la segunda más grande de la sede judicial y, como resulta obvio, el sitio donde se enjuició la pieza política de la macrocausa contra la etapa socialista de la Junta de Andalucía. Eso sí, cuando el juicio de abajo acabó sobre las dos y media de la tarde, el jurado bajó a continuar con su deliberación en su escenario natural.

La previsión es que ese veredicto esté listo este mismo martes. En función de cómo se desarrolle la segunda sesión del juicio por el fraude del paro agrario, hay posibilidades de que ese acto se celebre en la sala de la cuarta planta y no en la sala de plenos, lo cual sería tan inédito como la multitudinaria vista de la Seguridad Social.