Juicio a una mujer que suplantó la identidad de Rubén Sánchez

El Juzgado de lo Penal número 16 de Sevilla ha fijado para el 4 de noviembre el juicio a una persona que suplantó la identidad y accedió a las comunicaciones privadas del secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Los hechos se remontan a mediados de 2018, cuando esta persona, simulando ser el propio Rubén Sánchez y facilitando su nombre y DNI, llamó al teléfono de atención al cliente de la compañía de telecomunicaciones con la que tenía contratada tanto la línea fija de su domicilio como los móviles de su mujer y sus hijas para solicitar un cambio en la cuenta de correo electrónico donde recibía las facturas y modificar la contraseña de acceso a su zona privada en la web. La acusación particular reclama una condena de tres años de prisión por un delito de revelación de secretos, y de manera subsidiaria una condena de 14 meses y multa de 12 meses a una cuota diaria de seis euros.

La juez que investigó el caso señaló que la investigada, "sola o en unión de un varón no identificado", el día 31 de julio de 2018 haciendo uso de dos teléfonos, uno de ellos de su titularidad, llamó hasta tres veces al servicio de atención al cliente de la compañía de telecomunicaciones "haciéndose pasar" por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez García, y solicitando "modificar el correo electrónico de contacto del denunciante".

El día 1 de agosto de 2018, la investigada a través de la web de la misma operadora de telefonía "solicitó regenerar la contraseña de acceso a la cuenta personal de Rubén Sánchez, remitiendo la web las instrucciones al nuevo correo electrónico, regenerando nueva contraseña, logrando así acceder a la cuenta personal" en esta compañía de Rubén Sánchez y "con ello a sus datos personales, facturas, etc."

La investigada logró así no sólo conocer la dirección del domicilio y las numeraciones telefónicas privadas del secretario general de Facua y su familia, que no aparecían en ninguna guía, sino acceder a información sobre los números de teléfono a los que llamaban.

Al comprobar que habían dejado de llegarle las facturas a su correo electrónico y que tampoco podía acceder a su zona privada en la web de su compañía de telecomunicaciones, Sánchez contactó con la empresa para aclarar lo ocurrido. Fue entonces cuando le indicaron que se habían producido los cambios en su mail y contraseña tras una supuesta petición realizada por él mismo.

La magistrada explicaba en el auto de procesamiento que de "las diligencias hasta la fecha practicadas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva la formación de esta causa y las personas que en él han participado, evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración al investigado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789.5.4 / 779.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede seguir la tramitación" por el procedimiento abreviado contra esta persona.

La juez le atribuyó un delito de descubrimiento de secretos y ahora ha dado un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.