Otro juicio fijado para "enero de 2026"

Lo extraordinario comienza a convertirse en lo habitual en los juzgados de Sevilla, cuya demora en la celebración de los juicios está haciendo que los señalamientos se estén fijando ya para el año 2026. Hace poco comentábamos que el retraso de la jurisdicción Social iba camino de entrar en el libro Guinness de los récords, después de que un juzgado fijara un juicio para el 13 de enero de 2026. Pero ha vuelto a ocurrir, ahora se acaba de señalar la celebración de una vista por una reclamación de una cláusula suelo para el día, tomen nota, "21 de enero de 2026".

La demora en la celebración de los juicios en los juzgados de Sevilla va camino de entrar en el libro Guinness de los récords. No hay semana en la que no surja una nueva fecha de juicio más disparatada. Si hasta hace poco estos órganos judiciales estaban señalando vistas para el año 2025, es decir, casi cuatro años después de que la demanda o la reclamación haya sido presentada en los tribunales, esta semana otro juzgado acaba de dar un paso más en esta escalada imparable de demoras al fijar un juicio en un proceso para la Seguridad Social para el año 2026.

Ahora un juzgado de Primera Instancia de Sevilla acaba de fijar un juicio por la reclamación de una cláusula suelo para el 21 de enero de 2026, con un retraso hasta ahora nunca visto en esta jurisdicción. El abogado Joaquín Moeckel, que representa al ciudadano afectado por este señalamiento, ha asegurado a este periódico que esta lamentable demora ene el enjuiciamiento de estos procesos viene a poner de manifiesto que "Séneca ha muerto", en alusión a la frase que se atribuye al filósofo y pensador respecto a que no hay nada más injusto que una justicia lenta.

De ser así, ha explicado Moeckel, este retraso evidencia que "el Poder judicial está trasladando a los ciudadanos las quejas para que sean ellos los que se muevan. En vez de un plante de los jueces, ponen los juicios tardíos para que sean los ciudadanos los que se muevan para que el gobierno" solucione el problema.

Para el letrado, la Justicia "sigue siendo la asignatura María del Gobierno, cuando se le pregunta a la gente en las encuestas responde que le importa el paro, el covid, su trabajo, pero no le importa la Justicia. Mientras la Justicia no esté dentro de las encuestas como una prioridad para los ciudadanos, los políticos no echarán cuenta".

En este sentido, Moeckel considera que como a la Justicia no se la dota de medios personales y materiales, la justicia va lenta. "Se está trasladando a la ciudadanía los problemas que existen en la falta de dotación de medios, a su vez se ha visto claramente que la cesión de competencias en materia de Justicia a las comunidades autónomas, esa descentralización de las competencias, no ha servido para nada", ha concluido

El retraso de esta jurisdicción está siendo objeto de seguimiento desde hace tiempo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha reconocido en su memoria de 2020 que los resultados del plan de refuerzo en Sevilla –que cuenta con dos jueces de Adscripción Territorial, dos letrados de la Administración de Justicia y 13 funcionarios– “no han sido satisfactorios, por lo que será necesario asegurar una correcta y mayor eficiencia”.

Los juzgados de lo Social de Sevilla son los más colapsados de toda la comunidad. A finales de 2020 tenían un total de 25.867 asuntos pendientes de resolver, lo que supone el 29,30% del total pendiente en toda Andalucía, que era a esa fecha de 86.340. Detrás de Sevilla, se sitúa la provincia de Málaga, con 15.768 asuntos pendientes de resolver, y ya a mucha distancia Almería, con 9.054 casos sin resolver a finales del año pasado.

Un futuro incierto para 2021 por los ERTE

La memoria del TSJA aventuraba un “futuro incierto” para estos juzgados a lo largo del presente año, con una previsión de incremento de la litigiosidad en índices “muy elevados” por los efectos de la pandemia del coronavirus, que provocarán un aumento de los asuntos como los litigios derivados de la renta mínima vital, las prórrogas de los ERTE o los “despidos colectivos de empresas que no han podido superar la situación creada por las alarmas sanitarias”.

El análisis del Alto Tribunal andaluz concluía que los ERTE “sirven de freno para el posible aluvión judicial que vendrá de despidos, impagos de nóminas o modificaciones contractuales, lo que incidirá, aún más, en la Justicia a largo plazo que padecen bastantes partidos judiciales en el orden social, agravando aún más la débil situación del trabajador afectado”. El panorama que describe no es nada halagüeño para estos juzgados, pero sobre todo para los ciudadanos y la economía andaluza.