Anticorrupción denuncia el "enchufismo" de la Faffe y las defensas reivindican la "legalidad indiscutible" del fichaje de un alcalde socialista

El juicio a Fernando Villén, ex director general técnico de la Faffe, y Antonio Torres, alcalde socialista de Lebrija durante 24 años y después director de Recursos Externos de la fundación pública, ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla después de que las partes hayan pronunciado sus respectivos informes finales. La Fiscalía Anticorrupción, a partir de calificar como "irregular, ilegal y grosera" la contratación del segundo acusado, ha incidido en que en la Faffe "nunca hubo un proceso de selección de personal" y por eso "se convirtió en un lugar para el enchufismo y la contratación de gente afín al poder entonces". Las defensas, por su parte, han reivindicado la "legalidad indiscutible" de la entrada de Torres en la Faffe

El primero en hablar ha sido el fiscal. Fernando Soto se ha referido primero a la contratación de Torres, en la que centra la acusación por prevaricación. "Lejos de someterse a los principios de acceso a la función pública, es el señor Torres quien de manera espontánea, al leer el BOJA, se presenta ante el señor Villén y este de repente ve la luz y lo contrata", ha narrado. "Esta manera de contratar está fuera de toda normativa", ha lamentado. En este sentido, ha incidido en que los dos encausados, por tener carreras ligadas al sector público, debían tener un conocimiento de la ley "superior al de un ciudadano medio".

El fiscal, además, ha destacado que el puesto para el que Torres fue contratado, primero como "gestor de recursos municipales" y después como "captador de fondos", era inexistente. "Parece que la necesidad surgió cuando entró en el despacho del señor Villén", ha dicho con aparente sarcasmo. Es más, ha señalado que el director general, cuando presentó la estructura de la Faffe a su Patronato, "le oculta de forma deliberada" la creacción de esa Dirección de Recursos Externos. Y sobre todo se ha preguntado si "en una Fundación tan implantada en la comunidad no había nadie que hiciese esa función". "Por supuesto que sí", se ha respondido a sí mismo.

En cuanto a esa supuesta misión de "captador de fondos", el fiscal Soto ha sido especialmente rotundo: "El solo uso de esa palabra repugna. ¿Qué es esto de que el señor Villén tuviera que captar fondos para la Fundación? Es un argumento tramposo para justificar la contratación. El competente para esa función, para aprobar el plan de actuación de la Faffe, era el Patronato", ha argumentado.

Durante el juicio, Villén alegó que fichó a Torres porque necesitaba nuevas fuentes de financiación. "La Faffe recibió más de 200 millones en sus ocho años de vida, unos 25 millones por año. ¿De verdad quieren hacernos creer que la Faffe tenía necesidad de financiación?", ha replicado el fiscal.

En cuanto a los convenios que Torres aseguró haber gestionado, una treintena en total, el acusador público ha recordado que "su nombre no aparece en ninguno" y se ha detenido en uno con el Ministerio de Defensa para formar a soldados que se quedaban en el paro, firmado en 2005. "¿Dos años hicieron falta para justificar un convenio de dos folios? La realidad es que la trabajadora que más tuvo que ver con este convenio aseguró que no conocía al señor Torres y que este se limitó a estar", ha citado.

A continuación se ha referido a otro convenio con unos agricultores de El Ejido, que estaba negociando "cuando la Faffe ya estaba extinguiéndose". "Estaba totalmente desconectado de la estructura de la Faffe, es que ni se enteraba de lo que ocurría allí", ha finalizado.

La réplica de las defensas

Las defensas, lógicamente, han tirado por una senda totalmente opuesta. Adolfo Cuéllar, el abogado de Villén, ha remarcado la "legalidad indiscutible" de la contratación de Torres, que fue decidida por el director general pero con este "autorizado por el Patronato de la Faffe", y ha vuelto a criticar la investigación, que a su juicio fue "prospectiva" pero no alcanzó a estos hechos en concreto. "No existe un atestado de la Guardia Civil que haya investigado los hechos por los que se acusa a estos señores", ha lamentado antes de denunciar que todo se haya basado en "suposiciones, deducciones y elucubraciones".

"Las acusaciones no han acreditado que Torres no trabajó para la Faffe. Es estrafalario decir que fue contratado para estar ocho horas al día en su casa", ha proseguido el letrado. "Ni un solo testigo ha dicho que no trabajaba en la Faffe. Lo único que han dicho es que no lo conocían, pero en la Faffe había 700 u 800 personas. Y se ha demostrado que acudía esporádicamente a la sede", ha resaltado. "La actividad para la que fue contratado se realizó", ha rematado.

Pablo Ollero, el abogado de Torres, también ha defendido la legalidad de todo lo que ocurrió entre 2003 y 2011. "La contratación no estuvo ligada a unos hilos ficticios, sino a favorecer unos intereses públicos. Villén tomó unas decisiones que en absoluto eran ilegales", ha apostillado el letrado. "La originalidad del puesto puede repugnar a las acusaciones, pero es legal", ha agregado.

"Nadie ha puesto en duda el currículum del señor Torres", ha continuado diciendo Ollero, que ha lamentado que "se tiende a despreciar su experiencia de veinte años como gestor de una Administración pública", en alusión al Ayuntamiento de Lebrija.

Tras deslizar que la Fiscalía tiene "alguna causa oculta" para acusar a su cliente, aunque no ha profundizado más, esta defensa también ha comentado que "es indiscutible que el señor Torres fue contratado como técnico" y que "nadie ha dicho que fue director de Recursos Externos". Para ser sinceros, durante el juicio el propio Villén reconoció que contrató a Torres con la categoría de "mando" y los dos encausados admitieron que el puesto final fue el de responsable de Recursos Externos. En cualquier caso, Ollero ha afirmado que su defendido "cumplió adecuadamente con lo que se le encomendó".