Otro juicio de los ERE se cierra con un pacto que evita la cárcel
El caso de los ERE
El beneficiario de una ayuda de 225.000 euros acepta una condena de dos años de cárcel y la devolución del dinero
La nueva sentencia de los ERE se convierte en una misión imposible
Una nueva condena de los ERE que supone el cien por cien de los juicios que se han celebrado han acabado en condena. Y ya van 21 juicios, de los cuales uno fue el del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que fueron juzgados los ex altos cargos de la Junta, y los otros 20 hacen referencia a las piezas por las ayudas individuales en la que se sientan en el banquillo los beneficiarios de las ayudas.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado este lunes una nueva sentencia 'in voce', en la que ha condenado a un empresario en otra pieza de los ERE por las ayudas a la empresa Plantasur, que se ha saldado con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A, la defensa del único acusado en este procedimiento, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Al inicio de la vista oral, el investigado, que es el responsable de dicha empresa, ha reconocido los hechos y se ha mostrado de acuerdo con las peticiones de pena planteadas por las acusaciones. De la 21 sentencias que se han dictado ya en la macrocausa de los ERE, ésta es la décima condena en la que el acusado muestra su conformidad y llega a un acuerdo con las acusaciones.
De este modo, y tras dicho acuerdo de conformidad, el tribunal ha dictado sentencia ‘in voce’ en la propia Sala y ha condenado al acusado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación absoluta y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de 225.000 euros por la cuantía de la ayuda recibida por parte de la Junta de Andalucía.
La Sección Primera, igualmente, ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años, todo ello en una sentencia que se ha declarado ya firme al expresar las partes su voluntad de no recurrirla. Con la de hoy, son ya veinte las sentencias que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a piezas separadas del caso ERE.
El acusado es Salvador M. B., responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur, con sede en Jerez de la Frontera y dedicada a la actividad agrícola, forestal, ganadera, pesquera, industrial, de construcción, de transporte, de intermediación, de profesionales y de "servicios en general".
Problemas de liquidez
Según el escrito de las acusaciones, el 23 de diciembre de 2009, este empresario solicitó a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía "una ayuda excepcional" por importe de 450.000 euros para "solventar problemas de liquidez", dada la "falta de crédito por parte de las entidades financieras y la falta de liquidez a corto plazo de los clientes".
A continuación, "prescindiendo de todo procedimiento legal, el 8 de febrero de 2010", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez le concedió "una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros" con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que eran financiados los ERE.
"A pesar de no reunir los requisitos legales para ello", al empresario le fue abonado "el 75%", es decir, 225.000 euros, de manera "arbitraria y fraudulenta"; con el "visto bueno del (entonces) viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, siguiendo las indicaciones del consejero de Empleo, Antonio Fernández".
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