Nuevo juicio ERE: Anticorrupción pide siete años de cárcel para un sindicalista de CCOO y cinco para Rivera por las ayudas a Fertiberia

Nuevo juicio en la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar este jueves la vista oral correspondiente a la pieza separada de las ayudas que recibió Fertiberia. Los acusados en este caso son tres: el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que sigue pagando haber sido excluido del macrojuicio a los políticos; Antonio Albarracín, responsable de la empresa Vitalia; y un sindicalista de Comisiones Obreras que asesoró a doce trabajadores para que cobrasen una doble ayuda ilegal, una por traslado de centro y otra por baja incentivada. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Rivera y siete años para los otros dos encausados.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública relata que Fertiberia realizó cinco ERE entre 2001 y 2010. Los hechos están relacionados con el de 2003, por el que la empresa planeó prescindir de 166 trabajadores mayores de 54 años. Doce de ellos, asesorados por sus representantes sindicales, solicitaron la baja incentivada "apenas unos días" después de ser trasladados a otros centros. Por tanto, apunta la Fiscalía, cobraron un incentivo por traslado y otro "adicional" por la baja. Además, mandaron una carta al entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, en la que le solicitaban "colaboración ante las circunstancias especiales en las que se encontraban". En concreto querían "ayudas sociales".

"De este modo se articuló una mecánica ilícita de solicitar el traslado de centro de trabajo para, al poco tiempo, obtener una baja incentivada y la inclusión de estos trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de renta de jubilación a través de las cuales se instrumentalizó el pago ilícito de las ayudas", explica Anticorrupción.

Estos empleados contaron con el "asesoramiento" del acusado Juan Antonio F.G., que era secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fitega) de CCOO. También era "conocedor de la ilicitud de las subvenciones y la incorrecta actuación de la Administración", apostilla la acusación. Entre él y Guerrero, "en connivencia", supuestamente "materializaron" este procedimiento "con el fin de conseguir condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho eludiendo cualquier tipo de disciplina administrativa".

El 11 de octubre de 2004, Guerrero autorizó la suscripción de una póliza para estos doce trabajadores y se comprometió a abonar un total de 812.049,63 euros.

Con posterioridad a estos hechos, Fertiberia continuó con su plan de despidos y la Dirección General de Trabajo, primero con Guerrero al frente y después con Juan Márquez, fue ordenando a la agencia Idea que pagase distintas cantidades a favor de los prejubilados de la empresa. En lo que respecta a esos doce trabajadores, el 15 de diciembre de 2009 se autorizó el pago de 498.042,64 euros procedentes de la famosa partida 31-L.

La participación de Rivera, según Anticorrupción, se ciñó a tres abonos en 2010: uno de 70.852,96 euros el 28 de mayo, otro de 146.882,32 euros el 1 de septiembre y uno último de 464.863,22 euros el 29 de octubre.

Fertiberia recibió casi 10 millones de euros

En total, en todo el periodo de ERE de Fertiberia, Anticorrupción determina que la Administración concedió 9.765.666,58 euros. "Estas subvenciones podrían corresponder al ámbito laboral al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral del trabajador y antes de que esta se extinga", indica la Fiscalía. A continuación menciona un informe elaborado por el Ministerio de Empleo en 2013 para sustentar que, como la Junta estableció "un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria distinto al regulado por el Estado", por tanto "se ha vulnerado el artículo 149.7 de la Constitución".

"Estas ayudas constituyen verdaderas subvenciones a la empresa. No consta ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto si en sí mismas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en cuanto a la ausencia de capacidad econóica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta", denuncia la acusación pública.

Además, como es habitual en los escritos de esta causa, Anticorrupción lamenta que en la tramitación de esas ayudas "se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", sin olvidar que "el concepto presupuestario a cuyo cargo corrió" el gasto era "inadecuado" y que la Dirección General de Trabajo "carecía de competencia legal" para autorizar las ayudas. Y por supuesto "no se aplicaron los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad" para conceder los fondos "ni se acreditó el carácter excepcional" de la subvención, que "no fue sometida a fiscalización previa" y fue seguida después para comprobar que el dinero se destinaba al fin para el que había sido concedido.

La Fiscalía, en definitiva, atribuye un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos a los tres encausados. Al darles la condición de continuados en los casos del sindicalista y el responsable de Vitalia, la pena que pide para ellos es algo mayor que para el ex director general de Trabajo, a quien achaca las mismas infracciones pero con carácter simple.

En esta pieza también fueron investigados y procesados Guerrero, Márquez y el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera. Como los tres fueron juzgados y condenados en la pieza política, la Audiencia de Sevilla los excluyó del caso para que no fuesen enjuiciados dos veces por los mismos hechos.