El juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía queda visto para sentencia después de cinco meses

Juicio por las presuntas facturas falsas

Los cinco sindicalistas acusados prefieren no decir nada en el turno de la última palabra y ahora le toca una larga deliberación a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla

Anticorrupción no perdona ni un día de cárcel a la antigua cúpula de UGT-A por el presunto fraude a la Junta de Andalucía

Arranca más de una década después el juicio por el caso de las facturas falsas de la UGT-A

Vista parcial de la sala donde se ha celebrado el juicio. De espaldas, la mayoría de los acusados. / Juan Carlos Vázquez

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía por un supuesto fraude superior a los 40 millones de euros, procedentes de subvenciones públicas destinadas a cursos de formación para trabajadores, ha quedado este jueves visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla. Dos minutos después de las dos y cuarto de la tarde, después de casi cinco meses y casi una treintena de sesiones, el presidente del tribunal de la Sección Tercera ha puesto fin a una vista oral en la que han participado tres acusaciones (la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el PP-A) y una quincena de defensas. Sólo uno de los acusados ha ejercitado su derecho a la última palabra y ha sido un proveedor. Los cinco sindicalistas encausados, al contrario, han preferido guardar silencio.

Esa opción, la de no decir nada más, es la que han escogido el ex secretario general de la organización Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín, el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea y la que era responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño. El Ministerio Público pide siete años de cárcel para los cuatro primeros y cinco años para la quinta.

La Fiscalía también pide que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, que es el total de lo supuestamente defraudado, y que Sánchez Montaño pague 4.288.707,74 euros. Y para todos ellos, además, solicita que abonen multas de 50 millones.

El juicio empezó el lunes 29 de enero y ha concluido casi a finales de junio. En febrero hubo un parón de tres semanas debido a los problemas de salud que padeció el presidente del tribunal y de la Sección Tercera, Ángel Márquez. Aun así, el cronograma señalaba que el proceso iba a acabar el pasado día 6, pero no hubo tiempo material de que las numerosas defensas expusieran sus informes finales y la última sesión se postergó para este jueves 20. Es más, el tribunal contempló una segunda ampliación y una jornada extra para el 10 de julio. Por suerte para todos, la mayoría de defensas intervinientes en esta sesión han sido diligentes y rápidas y ha dado tiempo de dejar todo listo.

El único procesado que ha ejercido su derecho a la última palabra, un proveedor del sindicato, ha lamentado el "daño reputacional" que ha supuesto esta acusación para su empresa, así como "lo mucho" que han "sufrido" tanto su familia como él por este procedimiento que comenzó hace ya una década.