La defensa de un presunto asesino machista en Sevilla: "Si alguien quiere matar a alguien, no lo hace en una casa repleta de gente"

El juicio contra Alfredo G.C., acusado de asesinar a su pareja en Sevilla y después ocultar su cadáver en la orilla del Guadalquivir a la altura de San Jerónimo, ha empezado este viernes con múltiples problemas técnicos y una larga exposición de la fiscal, que solicita 29 años de cárcel para el investigado. Entre una cosa y otra, la declaración del protagonista ha sido postergada al próximo lunes, pero a su defensa sí le ha dado tiempo de intervenir. La abogada del encausado, un ciudadano boliviano en situación no regularizada en España, ha admitido que su cliente provocó la muerte de Virginia, a la que asfixió "con las manos o con la almohada", pero ha calificado los hechos como homicidio y ha solicitado que sea absuelto al entender que actuó "obcecado por los celos" y mermado por un altísimo nivel de alcoholismo. "No fue un asesinato. Si alguien quiere matar a alguien, no lo hace en medio de una fiesta y con la casa repleta de gente. No toda muerte violenta es asesinato", ha argumentado en el trámite de alegaciones previas. Durante la investigación judicial, el encausado confesó el crimen, indicó que estaba "arrepentido" y se excusó en que estaba borracho y no recordaba exactamente cómo sucedió todo.

La fiscal, en cambio, ha sido muy dura con el procesado e incluso ha manifestado sus dudas sobre ese supuesto arrepentimiento. "Arrepentido ya les digo yo que no", ha comentado al jurado popular que deberá determinar si es culpable y de qué delitos. "Durante la investigación se dedicó a estar de fiesta y vivir la vida", ha añadido la representante de la acusación pública.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía pide para Alfredo G.C. veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, tres años por un delito continuado de estafa y un año por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer con la agravante de reincidencia. También solicita que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con 188.888 euros a la familia de la fallecida y que devuelva los 8.140 euros que presuntamente sustrajo de la cuenta bancaria de su pareja tras acabar con su vida.

La defensa, por su parte, califica lo ocurrido como homicidio al escudarse en que la víctima falleció durante una pelea con su agresor y que este no tenía intención alguna de acabar con la vida de la mujer. Aun admitiendo que existió delito, la letrada también ha pedido la absolución de su cliente basándose en la aplicación de las eximentes completas de arrebato, "por los celos" al saber que su pareja estaba teniendo una relación con otro hombre y pensaba dejarlo, y de alcoholismo, ya que estuvo todo el día de los hechos consumiendo "ingentes cantidades de cerveza".

El Ministerio Público relata que el acusado y la víctima, ambos de nacionalidad boliviana, tenían desde 2010 una relación sentimental intermitente y con convivencia esporádica, ya que ella trabajaba habitual y regularmente en domicilios en el servicio doméstico en régimen de interna. El 30 de agosto de 2020, el encausado llegó al domicilio que ambos compartían, una habitación alquilada en la calle Ágata. Tras solicitarle dinero y ver que ella se negaba a darle nada, “la increpó" y la persiguió hasta un locutorio cercano del que la sacó para acto seguido propinarle dos bofetadas en la cara.

Por estos hechos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla impuso a Alfredo G.C. una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con la víctima durante 16 meses por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. La sentencia fue dictada el 31 de agosto de 2020 y la orden de alejamiento finalizó el 23 de diciembre de 2021, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante el tiempo de vigencia de dicha pena, según la Fiscalía, el acusado y la víctima cesaron en su relación y mantuvieron relaciones sentimentales con otras personas. Sin embargo, una vez que la orden de alejamiento dejó de estar en vigor, ambos retomaron su relación y desde febrero de 2022, momento en que la mujer dejó de trabajar como interna en un domicilio y comenzó a prestar servicios como externa por horas, reanudaron la convivencia en la habitación de la calle Ágata.

“Movido por los celos” y por el dinero de ella

Detrás del crimen hay un móvil económico, explica la Fiscalía. La víctima, gracias a su trabajo, había ahorrado casi 32.000 euros que guardaba en una cuenta corriente de la que era la única titular con una tarjeta asociada “que siempre llevaba consigo”. De esto “era conocedor” el encausado, quien “retomó la relación animado por tal motivo”.

La tragedia empezó a desatarse el 24 de abril de 2022. Ambos se encontraban desde la mañana reunidos en el salón del inmueble junto a unos amigos “bebiendo cerveza y bailando”. Ahora bien, en un momento dado de la tarde-noche, el investigado “se percató” de que su pareja “presentaba marcas de chupetones en el cuello que no le había hecho él". Eso le "molestó" y dio origen a una discusión en el curso de la cual la mujer “le dijo que era muy viejo y aburrido y que prefería estar con otro hombre con el que había pasado la noche y el día anterior”.

Minutos después, el acusado se acercó a ella, que estaba sentada en una silla, y “de forma sorpresiva le propinó un fuerte golpe en la cara y se lanzó contra ella". Los amigos "tuvieron que intervenir en su ayuda" y consiguieron que el varón se marchase pero "muy enfadado”.

Un tiempo después, Alfredo G.C. regresó al domicilio. Nada más verlo, la pareja “se introdujo en estado ebrio en su dormitorio y cerró la puerta", así que el acusado se quedó junto con los invitados en el salón. Pasado un rato, cuando todos se habían quedado dormidos, entró en el dormitorio que compartía con la víctima y, “movido por los celos y por el propósito de hacer suyo el dinero que tenía, consciente de que pretendía abandonarlo” por otro hombre y “aprovechando la situación de indefensión que aquella presentaba al encontrarse sus capacidades psicofísicas afectadas por el abundante alcohol ingerido y que estaba desprevenida, de forma súbita y sorpresiva se colocó encima de ella con objeto de darle muerte”.

El acusado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 24 de junio de 2022, la inmovilizó “al aplastarle pecho y tórax con el peso de su propio cuerpo" mientras "le sujetaba fuertemente el cuello para evitar que se moviese y le taponaba las vías respiratorias, bien con la mano o con la almohada”, hasta que la mujer falleció por asfixia mecánica por sofocación.

A continuación, con el objetivo de "eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo a lo acontecido”, el acusado “empaquetó el cuerpo sin vida” de su pareja. Sobre las 10.00 de la mañana del 25 de abril echó a todos sus invitados de la vivienda “bajo el pretexto de que quería hablar a solas” con la víctima y, ya solo, “se fue deshaciendo a lo largo del día de todas sus pertenencias tirándolas a diferentes contenedores de basura”. Por último, sobre las 23.30 de la noche, sirviéndose de una carretilla, “trasladó el cadáver y lo arrojó en la orilla del río Guadalquivir, pasado el Puente del Alamillo, oculto entre matorrales”. El cadáver permaneció allí hasta el 21 de junio de 2022, cuando el acusado fue detenido y reveló su ubicación.

Se apoderó de 8.140 euros de la cuenta de la víctima

El investigado no sólo mató a su pareja. “Guiado del ánimo de ilícito beneficio”, también se apropió de su tarjeta bancaria y, como conocía el pin porque ella se lo había facilitado, se dirigió a varios cajeros automáticos y extrajo un total de 8.140 euros de la cuenta de su pareja entre el 25 de abril y el 7 de mayo.

Mientras tanto, para "apartar cualquier sospecha que pudiera asociarlo a la muerte", contó a los amigos y allegados que la víctima “se había marchado voluntariamente con otro varón". También "fingió conexiones" de ella misma a Facebook y Messenger”, según el Ministerio Público.

La Fiscalía afirma que el acusado y la fallecida “estaban ligados de forma estable por una relación de afectividad análoga a la matrimonial" y que el crimen se produjo "en el seno de esa convivencia, precisamente por el hecho de ser mujer y por su deseo de ruptura de la relación", que A.G.C. "no quiso aceptar”.