El juicio a la mujer que mató a sus vecinos en Dos Hermanas empezará después de Semana Santa

Un jurado popular enjuiciará en la Audiencia de Sevilla a partir del próximo 10 de abril, lunes de Pascua, a una mujer acusada de asesinar a sus vecinos en julio de 2020 en la localidad de Dos Hermanas. Joyce Greyce G.S., de nacionalidad brasileña, ya confesó en su día los hechos y la Fiscalía reclama para ella cerca de treinta años de cárcel por atropellar, golpear y acuchillar a las víctimas, con quien mantenía distintos conflictos desde hacía años.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pide catorce años, once meses y veintinueve días de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento que le atribuye, en ambos con la atenuante de confesión y la atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica. También reclama que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 230.000 euros a los familiares de los dos fallecidos y que pague 1.249 euros por los daños ocasionados en el vehículo de uno de ellos.

La Fiscalía relata en su escrito que la encausada, de 41 años en el momento de los hechos, vivía en una nave dividida en dos viviendas independientes y residía junto con sus dos hijos menores de edad en la vivienda ubicada en la primera planta. El inmueble del bajo estaba habitado por las víctimas, quienes habían habilitado una parte para refugio de perros. El hombre, de 60 años, y la mujer, de 49, cuidaban de los animales. Las dos familias vivían allí en alquiler desde hacía varios años.

La relación entre la acusada y sus vecinos “era conflictiva" y las disputas eran "continuas”, en especial entre la investigada y la mujer presuntamente asesinada, quien en varias ocasiones comunicó a la investigada “su intención de quitarle a sus hijos menores". Eso creó en ella “el temor de que intervinieran los Servicios Sociales y fuera apartada de sus hijos". En 2020 hubo varias denuncias cruzadas.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron sobre las dos de la tarde del 24 de julio de 2020. La acusada, “estando en el interior” de un turismo y “actuando de forma deliberada y guiada por el ánimo de hacer sufrir innecesariamente hasta la muerte” a la pareja, aprovechó el momento en el que se encontraban juntos en el exterior de su vivienda, “desprevenidos y sin posibilidad de oponer defensa eficaz de sus personas”, para “de forma repentina y sorpresiva embestirles violentamente” con el vehículo. Además, lo hizo “de forma reiterada en repetidas y seguidas ocasiones", los "golpeó y lanzó con violencia" contra la vivienda y les causó "importantes traumatismos y fracturas”.

El ataque no terminó ahí. Cuando las víctimas estaban en el suelo, "gravemente malheridas y sin posibilidad de repeler el ataque”, Joyce G.S. “les propinó numerosos golpes en la cabeza y la cara con una piedra o ladrillo que encontró en el lugar”. A continuación, “de forma decidida, con clara intención de causar un padecimiento adicional a sus vecinos y de asegurar un resultado de muerte y, por ende, con claro ánimo de arrebatarles la vida”, entró en la vivienda de los fallecidos y cogió de la cocina un cuchillo con el que “asestó múltiples puñaladas a ambos en diferentes zonas corporales". Así logró su objetivo de "poner fin a la vida de ambos”.

Dos agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada informando de un atropello y una riña entre varias personas. Al llegar, encontraron los cuerpos de los dos fallecidos “tumbados en el suelo sobre charcos de sangre y con evidentes signos de violencia”. La acusada se dirigió entonces a ellos y les dijo frases como “estoy aquí, he sido yo quien los ha matado; que ya estaba harta de que me amenazaran y a mis hijos no me los quita nadie", "un momento, que me estaba duchando y recogiendo mis cosas para irme a la cárcel" o "no quiero ir sin mis cosas a la cárcel”.

Posteriormente, tanto en sede policial como en en el juzgado, la investigada reconoció los hechos, efectuó un relato “detallado” de lo ocurrido y explicó “de forma pormenorizada” la forma de comisión y los medios empleados para ello, según manifiesta el Ministerio Público, que considera que la encausada padecía un trastorno por consumo de cannabis de larga evolución y un trastorno mixto de la personalidad con rasgos límites y paranoides. Por tanto, tenía alteradas de forma leve sus capacidades intelectivas o de comprensión de los hechos y de forma moderada-importante sus capacidades volitivas o de reacción.

Según ha informado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el 10 de abril se constituirá el jurado popular y las partes presentarán sus alegaciones previas. Al día siguiente comparecerán la investigada, que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza por estos hechos desde el 27 de julio de 2020, y varios testigos, mientras que el 12 declararán nuevos testigos y el 13 será el turno de los peritos.