Zarrías censura a la Fiscalía por proponer a los peritos emitir "un veredicto de un jurado"

La defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha impugnado este martes la prueba pericial de los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la prueba estrella del juicio de los ERE, al estimar que se trata de una pericial jurídica que está vedada por la ley y con la que la Fiscalía Anticorrupcion y la acusación del PP pretendieron construir la "única prueba de cargo" en este juicio al interrogar a estos peritos y proponerles que emitieran "un veredicto de un jurado".

El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa a Zarrías, ha pedido al tribunal que declare nulo el informe pericial de la IGAE, una petición a la que se han adherido la mayoría de las defensa de los 21 ex altos cargos que le han precedido en su informe, y ha destacado la "influencia negativa" que este informe ha tenido sobre el objeto del procedimiento.

Así, ha dicho que esta "prueba reina" que se ha convertido en la "columna vertebral de la instrucción" se apartó del destino del dinero, al considerar las acusaciones que las ayudas concedidas por importe de 680 millones de euros son fraudulentas porque "el procedimiento es fraudulento y ya no importa el destino del dinero" porque, en lugar de investigar la desviaciones individuales de esas ayudas, se "empezó por arriba, con el juicio contra la cúpula de la Comunidad Autónoma".

Este dictamen pericial, ha proseguido, ha causado "mucho daño" al desviar el objetivo de la investigación. "El procedimiento es fraudulento, ergo las ayudas ayudas son fraudulentas. Ya no hay que investigar más y luego se viene aquí a partir culpas, afectando a todos los acusados".

La defensa ha recordado que esta prueba, acordada por la juez Mercedes Alaya en un auto dictado el 7 de febrero de 2012, se calificó inicialmente como una prueba "pericial contable", con un contenido económico-financiero para la cual "parecían los peritos idóneos" y cuya primera tarea teórica consistía en "seguir el circuito y el dinero" presuntamente malversado en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta durante una década.

Sin embargo, en ese auto, la instructora de las macrocausas introdujo un último párrafo en el que ordenaba a estos peritos analizar si los expedientes se habían ajustado a los procedimientos legalmente establecidos, así como la idoneidad del procedimiento y cualquier otro particular que afectara a la normativa de aplicación a estas ayudas, con lo que, ha aseverado el letrado, se estaba pidiendo "una prueba de legalidad".

Martínez-Fresneda ha afirmado que en marzo de 2015 ya se opuso a esta prueba pericial con motivo de la instrucción en el Tribunal Supremo contra los aforados, entre ellos Gaspar Zarrías, y ha afirmado que la "prueba reina" acabó convirtiéndose no sólo en un dictamen jurídico, sino en una "pericia sobre la responsabilidad penal de los acusados" y se convirtió en "una clase del derecho del perito, que además es economista, no abogado".

A juicio del letrado, con esta prueba "se franquea un línea roja: convertir la pericia en una pericia sobre culpabilidad", una vez que tanto el fiscal como la acusación popular del PP fueron preguntando a estos peritos sobre la participación que había tenido cada uno de los 21 acusados y sobre lo que debió hacer y no hizo en relación con el pago de estas ayudas.

El abogado ha subrayado que la prueba pericial constituye una "flagrante vulneración" de la Constitución, que reserva la facultad de juzgar a los tribunales de Justicia, porque en este caso los peritos, que además eran 9 -incluidos los de las defensas-, parecía "un jurado al que se le pedía un veredicto".

Gonzalo Martínez-Fresneda ha citado la sentencia del Tribunal Supremo del Caso Nóos, para afirmar que este tipo de periciales supone un "asesinato alevoso del principio iura novit curia", un aforismo latino que significa que el juez conoce el Derecho.

La "brillantez" del argumento del PP

En este punto, el abogado de Zarrías se ha referido a la postura totalmente contraria de la Fiscalía y el Partido Popular en la causa de los avales, donde "sostienen lo contrario de lo que defienden aquí", en alusión a que impugnaron por considerar que se trataba de una pericial jurídica la encargada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) en la macrocausa de los préstamos y avales concedidos por la agencia IDEA, donde recusaron la designación de estos peritos.

Martínez-Fresneda ha empleado la ironía para afirmar que no va a emplear en este juicio el argumento que con tanta "brillantez" utilizó el PP para descartar a los peritos de la IGJA al afirmar que unos "interventores que son del Gobierno no son imparciales", recordando que en el caso de los ERE los peritos fueron nombrados por la IGAE en el marco de un Gobierno del PP, el mismo partido que ejerce la acusación popular en los ERE.

La defensa también ha destacado las contradicciones de las acusaciones, por cuanto se acusa a los ex altos cargos del diseño del sistema y también de no actuar para detenerlo, algo que a su juicio es como "acusar de tirar a alguien por la borda y de denegación de auxilio".

En cuanto a la imputación concreta a Zarrías, a quien la Fiscalía reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, el abogado ha dicho que no existe ninguna carta, fax, correo electrónico o comunicación de éste en materia de ayudas sociolaborales, ni la Consejería de Presidencia ni el propio Zarrías recibió ningún informe de la Intervención General de la Junta alertando de las presuntas irregularidades del sistema, añadiendo que se le ha acusado con "insinuaciones" que tienen un "ínfimo nivel probatorio".

Por último, ha defendido que Zarrías "no tuvo absolutamente nada que ver con la concesión de ayudas a ninguna empresa", ni en las de Campofrío, Gres de Vilches y EDM Seneca, y no está documentado que participara en ellas.

El letrado ha lamentado el "efecto devastador" en el terreno personal y político para su cliente, que era parlamentario, dimitió y se interrumpió "bruscamente su carrera política".