La defensa de Guerrero denuncia los "graves errores" de Alaya para crear un "juicio político"

La defensa del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en el juicio de los ERE, ha denunciado este martes los "graves errores" de la instrucción llevada a cabo por Mercedes Alaya para crear un "juicio político" y ha apuntado que esos errores en su opinión se producen desde el inicio de la investigación en el año 2011, cuando los peritos no analizaron que las ayudas concedidas por la Junta estaban amparadas en la orden del Ministerio de Trabajo de 1995. Ese error de los peritos, ha explicado, fue asumido por la juez y se arrastró a la Audiencia de Sevilla y hasta llegar al instructor del Tribunal Supremo que instruyó la causa contra los aforados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El abogado José Ávila, que defiende a Javier Guerrero en esta causa, ha solicitado la absolución insistiendo en su informe en que las ayudas estaban amparadas por ese marco legal estatal, pero los peritos cometen un "craso error" al dar por sentado que existe un sistema propio en la Junta para el pago de las ayudas sociolaborales, cuando éstas se encontraban reguladas por la orden de 1995, que eran de concesión directa e incluían una serie de requisitos, pero los peritos "confunden las ayudas previas a la jubilación anticipada, reguladas en la orden de 1994, con las ayudas a la reestructuración y las prejubilaciones, que regula la orden del 95", y Alaya "no sólo equivoca el Derecho aplicable, sino que obvia el hecho notorio, que mediante esta norma el Ministerio de Trabajo llevaba en esa fecha 20 años usando esa norma para dar ayudas a las prejubilaciones", ha aseverado. El "gravísimo error" de los peritos y de la instructora, lo arrastra la Audiencia de Sevilla y también el instructor del Tribunal Supremo, ha agregado.

Dice la defensa que tanto Alaya, como el juez de refuerzo Álvaro Martín y el instructor del Supremo Jorge Alberto Barreiro "han asumido sin reservas y de forma acrítica el informe de los peritos", también la Audiencia de Sevilla y la Fiscalía, los cuales "también son corresponsables del error", y también ha reprochado a la UCO su "nulo conocimiento de la normativa".

El abogado José Ávila ha comenzado su intervención asegurando que en este procedimiento se ha constituido una premisa en base a un resultado, que se instauró un sistema para defraudar 855 millones de euros de los fondos públicos de la Juan, y ha considerado que durante estos años se ha efectuado "un juicio, que pretende un beneficio político, para lo que se han usado los elementos mediáticos necesarios para construir un juicio paralelo, sin tener en cuenta los más elementales derechos fundamentales", con el único fin del "sensacionalismo, sin tener documentación, argumentos ni otra causa que la de obtener unos réditos políticos".

El letrado ha dicho que desde 2010, el juzgado conocía los nombres y los domicilios de todos los prejubilados -más de 6.000 personas- que se acogieron a estas ayudas y se ha preguntado por qué "nunca se ha traído a este procedimiento a los perceptores, a los beneficiarios de las ayudas" como partícipes a título lucrativo de los delitos", si se piensa que el dinero está defraudado, la obligación de devolverlo no corresponde sólo a las personas que han intervenido en la concesión, gestión o creación del procedimiento, ha argumentado.

En este sentido, José Ávila se ha preguntado por qué la juez Alaya no paralizó las ayudas, "si era perfectamente consciente de la situación" de la ilegalidad y cuando tenía "capacidad para hacerlo", y también se ha cuestionado por qué no se ha reclamado civilmente a las compañías aseguradoras, como "responsables civiles subsidiarios o directos del presunto delito".

También ha criticado que si el Partido Popular, que ejerce la acusación popular, no ha planteado nunca que se reclame el dinero a los beneficiarios, es porque pretende una "pura utilización política del proceso penal, ya que en ningún momento ha pretendido recuperar el dinero, sólo forzar un cambio político en la comunidad autónoma", y se ha cuestionado si el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Antonio Sanz, el ex delegado del Gobierno -en su momento querellantes- desconocían la normativa por la que se concedían las ayudas con la orden de 1995.

El letrado ha recordado que el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) intervino en el conflicto de los estibadores, junto con el ministro Iñigo de la Serna, y ha afirmado que tal y como actuó este ministro "es como se han arreglado muchas de las crisis en empresas de Andalucía, y no ha imputado nadie al señor ministro ni a nadie del Gobierno, por lo que habrá que preguntarse si el caso que estamos enjuiciando es un ilícito penal, o más bien es un problema político con el que el PP pretende acceder al Gobierno de la Junta de Andalucía", por lo que ha concluido que la actuación en Andalucia "no es opaca, está regulada en una norma, y cualquier persona podía pedir las ayudas, aunque lógicamente los que intervenían en los asuntos eran los sindicatos y las patronales, los despachos de abogados, las compañías de seguro, en definitiva, los operadores jurídicos".

El letrado, como hiciera ayer la defensa de otro ex alto cargo, ha aludido a que el PP busca aquí una condena para compensar el escándalo de la Gürtel, al afirmar que la acusación del PP "lo que persigue no es un pronunciamiento justo y en equidad, sino conseguir un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, de suerte que lo que se establezca es un juicio político, que pueda aclarar su ya dañada imagen ante los ciudadanos, por causas bien conocidas por todos, y que ha supuesto que dicho partido haya perdido el Gobierno de la nación".

La "idea Zombi" de que el dinero ha desaparecido

José Ávila ha calificado de "profecía autoincumplida", expresión acuñada por el sociólogo Robert King Merton, que se sostenga que el dinero defraudado asciende a la cuantía de la totalidad de las pólizas. La instructora fijó desde el principio que las ayudas eran ilegales y a partir se creó un "estado de alarma social en la sociedad" respecto a que se habían malversado y habían desaparecido 855 millones de euros, una "idea zombi", que sirve a "un propósito político", y ha concluido que "el dinero no ha sido defraudado, ha ido a los trabajadores y a la tesorería general de la Seguridad Social".

El defensor de Javier Guerrero, a quien la Fiscalía reclama ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha agregado que "el perjudicado civil" (la Junta de Andalucía) ha sostenido que el dinero que han recibido los prejubilados "está bien pagado, lícitamente abonado y correctamente recibido", por lo que ha estimado que no hay delito de malversación.

En este punto, ha advertido que la Fiscalía no ha movido su posición "aún conociendo todo esto, porque sabe que en el momento que reconozca que el dinero abonado es legítimo, la causa completa se cae en más del 90%, y este juicio nunca se hubiera celebrado".

También ha criticado el "fin estigmatizador y punitivo" de la fianza que Alaya le impuso a Guerrero por más de 686 millones, y ha dicho que no caben interpretaciones en unos casos y en otros no. "O bien el dinero está defraudado o no lo está, si lo está, está defraudado para todos, no para unos sí y otros no; y si no lo está, no lo está para nadie", lo que no cabe es que la Fiscalía y la luz consideren que "para unos sí y para otros no", un comportamiento que ha calificado de "arbitrario y caprichoso".

El letrado ha denunciado las "múltiples contradicciones, incoherencias y errores de la fase de instrucción" y la "inverosimilitud de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el único fin de obtener un resultado forzado".

La defensa ha concluido que las ayudas concedidas por la Junta durante una década "son absolutamente legales" y concedidas a los trabajadores, "no a empresas" y están sustentadas en un "amplio y consistente abanico normativo que no ha sido considerado, tenido en cuenta, o bien interpretado a lo largo de todo este procedimiento, ni entendido por los instructores actuantes, ni contemplado por los peritos de auxilio judicial, y en consecuencia, ni tan siquiera citado en los atestados elaborados por la UCO" para concluir en unas acusaciones graves e injustas, basadas n unas conclusiones "sesgadas y torticeras".

El abogado también ha tenido un reproche para el resto de las defensas por no haber defendido la aplicación de la normativa del 95 a estas ayudas, al considerar que la legalidad de las misma se podría haber defendido aún mejor si cabe, "si muchas de las defensas de los encausados en la presente, hubiesen consensuado esta postura, en lugar de defender postulados individuales".