La defensa del ex consejero Antonio Fernández carga contra los "errores mayúsculos" de Alaya

La juez Mercedes Alaya y su polémica instrucción de las macrocausas vuelve al juicio de los ERE. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha denunciado al inicio de su informe definitivo los "errores mayúsculos" que en su opinión se han producido a lo largo de la instrucción, por no haber seguido "el rastro del dinero" de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante una década.

El letrado ha expuesto que la causa de los ERE ha estado "marcada y lastrada por esenciales equívocos y contradicciones" que se han producido a lo largo de la instrucción -en ningún momento ha citado expresamente el nombre de la juez Mercedes Alaya- y que han seguido presentes hasta este juicio, y ha precisado que el "principal lastre" a su juicio es que la "instrucción se basó en criminalizar una herramienta presupuestaria" como son las transferencias de financiación, que "en sí mismas son de carácter neutro", y a partir de la criminalización de ese instrumento se ha hecho lo mismo con "todas las disposiciones de fondos" con las que se pagaron las ayudas, hasta el punto de que "se entendido que se prevaricó para malversar" los fondos públicos de la Junta.

El "error mayúsculo" de la instrucción, ha continuado, fue no haber seguido "el rastro del dinero" y si se siguió una finalidad pública o no en la concesión de las ayudas, pasando a entenderse que "todo el dinero se había malversado, sin importante que viniera, año tras año, en la ley presupuestaria" de la Comunidad Autónoma. Del Hoyo ha ofrecido un dato: entre el 85 y el 90% de la disposición de fondos públicos en el caso de los ERE se llevó a cabo para beneficiar a "6.300 trabajadores que hoy siguen disfrutando de las ayudas de prejubilación", y ha señalado como una de las contradicciones que se haya exigido este dinero y embargado por ello a los ex altos cargos sin solicitárselo a los beneficiarios. "No cabe entender esos pagos a la vez como legales e ilegales, las cosas son o no son", ha aseverado.

A partir de ahí se produjeron otros "nuevos y esenciales equívocos" que se consagraron como "verdades inmanentes" que se han arrastrado durante todos estos años que se prolongó la instrucción, entre las que ha citado que las transferencias de financiación sólo podían ser utilizadas de manera exclusiva para cubrir las pérdidas del ente al que iban dirigidas, o se ha aceptado "casi como un dogma de fe" que las ayudas debían enmarcarse en la ley de subvenciones sin contar por ejemplo con la orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, o que el Ejecutivo andaluz creó un "ángulo ciego" para que la Intervención no pudiera controlar las ayudas; o que los interventores delegados fueron "sorprendidos o engañados" y se les ocultó el destino de las transferencias.

"Que la realidad no estropee un buen proceso"

De esta forma, Del Hoyo ha añadido que se llegó al "paroxismo de alumbrar una tesis" en la que se sostenía que el propio Parlamento andaluz fue "engañado", en un escenario en el que el abogado ha evocado una célebre cita periodística que aparece en la película La pícara soltera (Sex and the single girl):Sex and the single girl "¿No irás a dejar que la verdad te estropee un buen reportaje?"; y así el letrado ha afirmado que "se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso".

La defensa del ex consejero ha indicado que cuando se hizo evidente que se estaba haciendo "lo que decía la ley del Presupuesto", entonces el jugado se sometió a investigación al propio Parlamento, creando un "conflicto institucional grave", que motivó incluso una queja del presidente de la Cámara autonómica ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A partir de ahí, según el dibujo que ha realizado de la instrucción esta defensa, "entraron ciertas prisas" por acabar la instrucción y se decidió poner freno a las imputaciones.

El letrado se ha preguntado "cómo es concebible" que esté acusado en este juicio el interventor general de la Junta y no lo estén los interventores delegados en las Consejerías, los adjuntos a la Intervención y los que llevaban el Control Financiero Permanente en el IFA/IDEA.

Toda estas tesis de la instrucción y de las acusaciones se ha ido "aireando a los cuatro vientos como si se tratara de una verdad judicial", dando por sentado que se estableció un sistema que permitía una "generalizada corrupción", con una serie de mensajes y frases hechas como el que se ha utilizado "el dinero de los parados" y que "los culpables están sentados en el banquillo y se les va a condenador" que se ha ido "interiorizando" por la opinión pública y la sociedad, una "estado de opinión que se ha hecho calar".

"Ataque descarnado a la independencia del tribunal"

Del Hoyo ha destacado que ese estado ha ido creciendo hasta suponer un "ataque descarnado a la independencia" del tribunal que enjuicia los ERE, al recordar que en mayo pasado, durante el debate de la moción de censura que arrebató la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy, éste realizó la siguiente pregunta: "¿Señor Ábalos cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner a una moción de censura a sí mismos?", con lo que "se ha hecho calar un prejuicio de culpabilidad a la sociedad" en torno al caso de los ERE.

Del Hoyo ha dicho que no puede haber una "mayor y grosera presión" a este tribunal que cuando el propio presidente del Gobierno "da por hecho que aquí va a haber una condena" y, lo que es más grave, "que nadie se ha opuesto al ataque al tribunal, porque ni siquiera se ha notado, por ése es el efecto natural que produce la interiorización de las cosas", ha reflexionado Del Hoyo, que ha considerado un "lapsus calami", una traición del subconsciente del presidente, ese "ataque descomunal" a la independencia del tribunal.

La defensa del ex consejero ha culminado la primera parte de su informe, en la que el abogado ha expuesto algunos conceptos a modo introducción, citando una frase de Alicia en el País de las Maravillas: "Sólo unos pocos encuentran el camino; algunos no lo reconocen cuando lo encuentran; y otros ni siquiera quieren buscarlos".

El letrado, que ya ha advertido a la Sala que su informe será extenso -ocupará más de una sesión-, también ha impugnado la pericial realizada por los interventores de la Administración General del Estado (IGAE) pero no porque considere que se trata de una "pericial jurídica", sino porque se cuestiona la "cualificación profesional de los autores".