Griñán alega que no actuó porque el interventor "no detectó menoscabo" de fondos públicos

La defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha insistido en que éste no intervino para detener el fraude de los ERE en su etapa de consejero de Hacienda porque la Intervención general de la Junta "no detectó menoscabo de fondos públicos" y no emitió el denominado informe de actuación, que podría haber paralizado el pago de las ayudas.

El abogado José María Mohedano ha continuado este miércoles exponiendo su informe definitivo ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, donde ha sostenido que en este caso no había causa de menoscabo por responsabilidad contable y en este punto ha citado un informe del gabinete jurídico de la Junta que señalaba como requisito para que se produzca una infracción contable que exista ese menoscabo de fondos públicos, en concreto, "un daño real, efectivo y avalado económicamente".

Si no existe este daño, ha destacado, podrá existir un "déficit económico pero no responsabilidad contable" y en el caso de las ayudas de los ERE "no se apreció riesgo de menoscabo de fondos públicos". El consejero de Hacienda, en alusión a Griñán, no fue informado a los efectos de un supuesto de responsabilidad contable del artículo 1000 de la ley general de la Hacienda Pública para que abriera unas diligencias previas, y ha concluido que "si quienes podían detectar el menoscabo no lo apreciaron, ¿cómo podía conocerlo el consejero?".

La defensa del ex presidente, que en la sesión de ayer cargó contra el interventor general Manuel Gómez, ha criticado que las acusaciones han querido que el informe adicional de 2003 de la Intervención cobrara "una importancia que no tuvo" y así ha señalado que siguiendo la "rotunda argumentación" de los peritos de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), este informe es el "comienzo de un procedimiento reglado, por l o que en ningún caso puede preverse su alcance y consecuencia" porque "o había menoscabo y debió hacerse el informe de actuación, y si no se hizo el informe es porque se consideró que no hubo menoscabo" por parte de la Intervención de la Junta.

En este sentido, ha insistido en que si no hubo informe de actuación no se puede argumentar que en su lugar se hizo un informe adicional "del que no se sabe su alcance y que ni siquiera fue remitido al consejero de Hacienda", además de que ese informe adicional "no tiene sustantividad propia" y se ha pretendido dar una importancia a este informe "que no tuvo en el momento de su emisión".

Mohedano ha concluido que en ningún momento se inició "procedimiento alguno por la Intervención" para que el consejero de Hacienda actuara en relación a la concesión y el pago de estas ayudas, ha dicho el letrado, que ha señalado que esta defensa "no necesita decir lo que hacer o no los demás".

Para la defensa, "difícilmente se puede acusar de inacción" al consejero de Haciendas, que actúa "siempre" a instancias de la Intervención, y lejos de mantener una actitud pasiva, Griñán "se hizo cargo de todas las propuestas de mejora de Control Financiero Permanente" de la Intervención, que fueron elevadas al Consejo de Gobierno, donde se aprobaron y después se publicaron en el BOJA.

Impugna la pericial "jurídica"

La defensa de Griñán también ha impugnado el informe pericial realizado por los peritos de la IGAE, al considerar como el abogado de Zarrías que se trata de una "pericial jurídica", y en este sentido ha indicado que no puede atribuírsele a este informe más rigor o valor científico que al dictamen elaborado por los otros peritos propuestos por las defensas de algunos de los ex altos cargos.

Mohedano ha dicho que ha sido una prueba o intento de prueba de que fuera "doctrina jurídica y legal" y será el tribunal quien tenga que valorarla con el principio iura novit curia -el aforismo latino que significa que el juez conoce el Derecho-, porque las materias de disputa legal del portavoz de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, "abarcaban el mundo infinito del Derecho", ha considerado.

El defensor ha subrayado asimismo que "no es propio de un perito decir que la Junta engañó al Parlamento, que eso se pueda esgrimir en un informe pericial", ha explicado Mohedano, que ha concluido que la teoría del engaño al Parlamento ha sido "desmentida contundente" por el ex presidente del Parlamento Manuel Gracia y el letrado mayor José Antonio Víboras.

También ha dicho que las trasferencias de financiación, cuya utilización para el pago de las ayudas es rotundamente criticada por los peritos de auxilio judicial, no fueron ilegales.