Chaves no pudo detectar "ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas"
Juicio de los ERE
La defensa del ex presidente reprocha a la Fiscalía que tiene "poco para incriminarle" cuando ha recurrido a una serie de cartas y faxes tras "bucear" en los 270 expedientes de las ayudas investigada
Insiste, sin entrar a valorar por qué no se hizo el informe de actuación por el interventor, que al no existir dicho informe las presuntas irregularidades no llegaron a conocimiento del Consejo de Gobierno
Chaves no pudo detectar "ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas" y es "imposible pretender que tuviera conocimiento de las irregularidades" en la concesión de las ayudas. Con estos dos argumentos, el abogado Pablo Jiménez de Parga, ha pedido este lunes ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE la absolución para el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a quien la Fiscalía reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
En su informe definitivo, el letrado que representa a Chaves ha recordado que el Ministerio Público se basa en las memorias unidas a los planes anuales de Control Financiero Permanente que elabora la Intervención General de la Junta para acusar al ex presidente de la Junta, pero la defensa ha destacado que del resultado de la prueba practicada y de los informes periciales es "imposible pretender" que tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas.
Chaves asistió a la reunión del Consejo de Gobierno donde se procedió a la aprobación de estas memorias de los ejercicios 2005 y 2006, pero no a la de 2007, y el letrado ha hecho hincapié en su declaración en el juicio, cuando el ex presidente afirmó que no leyó dichas memorias y que, una vez leídas con posterioridad con motivo de la causa judicial, la lectura de las memorias no le hubieran permitido detectar "ninguna señal de alarma". Su abogado ha dicho "no hay nada reprochable" en que no leyera las memorias porque, pretender que el presidente de la Junta se tenga que poner a estudiar todos los expedientes administrativos antes de aprobarlos, "se opone a las reglas de la lógica y lo razonable, y aboca a una situación que linda con lo absurdo".
De esta forma, Pablo Jiménez de Parga ha concluido que Manuel Chaves no pudo detectar "ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas", y de la aprobación de esas memorias "difícilmente se puede extraer que Chaves habría tenido conocimiento de las supuestas irregularidades".
Sin entrar a valorar por qué el interventor general de la Junta Manuel Gómez, también acusado, no hizo el informe de actuación tras haber alertado de las diferentes deficiencias en los distintos informes de control financiero permanente de la agencia IDEA, la defensa de Chaves sí que ha llamado la atención sobre el hecho de que el interventor "no consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación, es un hecho incontrovertido que nunca lo realizó y no se utilizó el mecanismo legal que hubiera permitido que las irregularidades hubieran llegado al Consejo de Gobierno".
"Poco para incriminar" a Chaves
Jiménez de Parga ha proseguido afirmando que "no hay nada en la causa que permita deducir que Chaves tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención".
El abogado del ex presidente ha considerado respecto a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción que si todos los indicios que tienen contra Manuel Chaves tras "bucear" en decenas de archivos y en los 270 expedientes de las ayudas objeto de investigación son simplemente las "cartas y faxes" -como las de los conflictos de Bilore o la Faja Pirítica de Huelva, enviadas por trabajadores o comités de empresas de las sociedades en crisis- a las que el Ministerio Público aludió en su informe, "poco tiene para incriminar al presidente de la Junta", ha aseverado.
El letrado de Chaves ha evocado el informe de los fiscales delegados de Anticorrupción, quien dijo que "no se creía" la tesis de que el gabinete de la Presidencia actuara como una especie de "cortafuegos" de esos documentos que exponían lo que estaba ocurriendo con las ayudas y no le contaran nada al presidente, para afirmar que la actuación del gabinete de la Presidencia quedó clara con la declaración de uno de los testigos, Antonio Jesús Mena Calvente -director del área de planificación y seguimiento-, quien explicó la mecánica que seguía cada carta o fax, remitiéndose a la Consejería competencia y utilizando la fórmula de estilo "por indicación del Presidente".
De estos elementos, ha dicho Jiménez de Parga, no se puede extraer ningún elemento incriminatorio y tampoco del testimonio de los ex trabajadores de Bilore, por lo que ha concluido que "no hay un solo indicio incriminatorio contra el señor Chaves en esas declaraciones".
Impugna la pericial "jurídica" de los "pseudoperitos de la IGAE"
Pablo Jiménez de Parga se ha adherido a la petición de nulidad de la prueba pericial realizada por los que ha denominado "pseudoperitos" de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), una impugnación que anunció recientemente el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El abogado del ex presidente Manuel Chaves ha dicho que en este caso hay una "pericial jurídica" que ha sido realiza por "licenciados en Ciencias Económicas y Químicas", en alusión a la titulación de dos de los interventores de la IGAE, de los que el fiscal destacó su gran experiencia en la función de las cuentas públicas como interventores, aspecto en el que la defensa ha destacado que esa experiencias es precisamente en su condición de "interventores, no como juristas", y ha añadido que frente a esa "aceptación acrítica de estos pseudoperitos interventores" que han hablado de todo, se ha cuestionado los informes de los catedráticos "con el único argumento de que son peritos de parte".
El letrado ha añadido que los peritos de la Intervención no fueron seleccionados "por insaculación", sino que fueron elegidos "a dedo" por el interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, ha dicho para rechazar la afirmación del abogado de Manos Limpias respecto a que estos peritos habían sido designados por insaculación y por tanto había "garantía de su independencia".
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