Aguayo alega que la Intervención era el "único órgano" que podía reparar y suspender los pagos de las ayudas

La Intervención era el "único órgano" que podía reparar y suspender el pago de las ayudas de los ERE. Esta es la alegación que ha realizado este martes en el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE la defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

El abogado Víctor Moreno Catena, que defiende a la ex consejera, ha señalado que sólo la Intervención delegada en la Consejería de Empleo o el interventor general de la Junta Manuel Gómez podían haber detenido el pago de las ayudas, pero la inexistencia de reparo alguno lleva a la defensa a concluir que las transferencias de financiación podían destinarse a esa finalidad para el pago de la ayuda, tras haber sido aprobada por el Parlamento en la ley de Presupuestos.

El letrado ha insistido en que "nadie en la Intervención", ni en la intervención delegada en el IFA, advirtió lo que ahora se ha conocido ni detectó ningún hecho que mereciera reparo alguno o que "tuviera tal gravedad para emitir el informe de actuación o que existiera riesgo de menoscabo de fondos públicos" y se ha preguntado que si el interventor "no hizo nada" qué pudieron haber hecho los acusados en esta causa.

Ha agregado que si la Intervención entendía que las transferencias de financiación eran inadecuadas para hacer allegar los fondos a la agencia IDEA "lo primero que podía haber hecho era reparar las transferencias en el acto de fiscalización previa".

Así ha recordado que el artículo 12.5 del decreto 9/99, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, regula que se emitirá el informe de actuación cuando no se adopten las medidas para solventar las deficiencias detectadas o cuando se producen circunstancias que pudieran generar menoscabo de fondos públicos.

La defensa también ha combatido las tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) respecto a que el Parlamento andaluz fue engañado o inducido a error con la partida 31L y el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, porque los parlamentarios "conocían la finalidad" de las transferencias y los diputados "no son débiles mentales", sino que disponen de los recursos y de la experiencia suficientes para analizar la materia presupuestaria, pudiendo solicitar cualquier información relativa a los Presupuestos, y contando además con el auxilio de la Oficina de Control Presupuestario.

Moreno Catena ha añadido que si se siguieran hipotéticamente las tesis de la acusación en cuanto al engaño al Parlamento, si éste votó a sabiendas las distintas partidas presupuestarias, "hada habría que reprochar salvo que se dirigiera el proceso" contra los parlamentarios, algo que sería un auténtico "disparate jurídico y político". Y si los parlamentarios fueron engañados, ha proseguido, habría que declarar la ley de Presupuestos "errónea y anularla", pero en ese supuesto tendría que ser el propio Parlamento quien aprobara una disposición del "mismo rango legal derogando la anterior" ley, por lo que ha concluido que el engaño al Parlamento es un "acto imposible".

La defensa también ha defendido que la utilización de las transferencias no supone una "merma o déficit de control" y ha añadido que la consejera de Economía no tiene competencia alguna de "control de la legalidad", porque pretender que podía haber planteado una especie de veto a las modificaciones presupuestarias de la partida 31L es "insólito" y acercaría su conducta a un delito de "prevaricación" en el caso de que hubiera paralizado unas modificaciones presupuestarias que contaban con todos los requisitos y todos los informes favorables, incluido el de la Intervención, ha dicho.

El letrado ha criticado que en este proceso se parte de una "acusación global y coral", según la cual "todos tenían competencia para todo y todos tenían que haber hecho algo", y se ha intentado hacer aparecer a la Consejería de Hacienda como un órgano "plenipotenciario" que también tenía conocimiento de todo lo relacionado con la partida 31L y atribuyendo a los cargos de la consejería el conocimiento de las irregularidades.

No leyó los informes que alertaban de las deficiencias

Moreno Catena también ha defendido que la ex consejera no se leyera los distintos informes que le remitía la Intervención y en los que se alertaba de las distintas deficiencias porque, según ha explicado, entre 2004 y 2013 se recibieron 856 informes en la Consejería, de los cuales 630 eran informes de Control Financiero Permanente de las distintas empresas públicas, por lo que presumir que Aguayo, "meramente por ostentar el cargo, analizó y conoció estos informes, desatiende a la lógica" y a los cometidos que tenía encomendados, porque no le llegaron todos esos documentos ni los leyó, dado que contaba con un gabinete que "depuraba los informes" y le hacía llegar los aspectos con relevancia para la propia Consejería de Hacienda.

El gabinete de Aguayo analizaba esa documentación y le hacía un "resumen", que es lo que se despachaba con la consejera, pero en esos informes se advertía de "deficiencias, no de ilegalidades", ha aseverado la defensa, que también ha dicho que el interventor general Manuel Gómez en sus distintas declaraciones ha negado que hablase o comunicara a la consejera de Economía el informe adicional de 2003 o los informes de la agencia IDEA.

Por último, ha señalado que todos los interventores que han declarado en el juicio, "todos sin excepción", han manifestado que lo único que apreciaron son "irregularidades", si hubieran advertido menoscabo de fondos públicos "tenían el deber de haber actuado en consecuencia", ha concluido.