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La juez suspende el examen de las oposiciones de los 44 policías locales afectados por el caso de la "filtración"

El caso de la filtración de las oposiciones de la Policía Local de 2012

La magistrada señala que adoptar esta medida no supone ningún perjuicio para las partes y recuerda que hay "múltiples incidentes" en los que se reclama la imposibilidad de ejecutar la sentencia

El Ayuntamiento pide a la juez que no ejecute la sentencia de los 44 policías locales afectados por las oposiciones

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José Luis Sanz, con la Policía Local de Sevilla. / Ayuntamiento De Sevilla

No habrá por ahora repetición del examen de las polémicas oposiciones de la Policía Local de Sevilla celebradas en 2012. La juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla ha acordado cautelarmente suspender la repetición del examen práctico de estas oposiciones, que el Ayuntamiento fijó para el próximo 30 de septiembre, al estimar que la medida no supone "ningún perjuicio" para las partes, dado que nadie se ha opuesto a la suspensión de la prueba, y porque todavía quedan "múltiples incidentes" de inejecución de la sentencia planteados por las defensas y el propio Consistorio en los que se alega los graves perjuicios que supondría para las arcas municipales y la seguridad ciudadana, así como para las familias de los 44 agentes afectados por la sentencia que obligó a repetir el examen.

La juez recuerda, en auto que tiene fecha de este mismo miércoles y al que ha tenido acceso este periódico, que la representación jurídica del denunciante de las oposiciones presentó un incidente de ejecución en el que solicita que se declarase la "nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento" -lo que no quiere decir que haya pedido la inejecución de la sentencia, como ha asegurado el alcalde-, en concreto del acuerdo de la junta de gobierno para ejecutar la sentencia y en la que se convocó la celebración del ejercicio práctico para el próximo 30 de septiembre.

Así, explica la magistrada que el denunciante alega supuestas "irregularidades en los actos que se han venido dictando en ejecución de la sentencia, que afectan a la propia celebración de la prueba, tales como la determinación de los llamados a la misma, si han de considerarse funcionarios o no los funcionarios afectados por el procedimiento que ya han promocionado, la composición del tribunal, etc" y añade que en el caso de que se estimara la nulidad de la resolución por la que se convoca la repetición del examen, "supondría la anulación de la prueba que se pudiera llegar a celebrar el próximo 30-9-2023, con el grave trastorno para el actor, los interesados, y todos los afectados llamados a dicha prueba, y para el propio interés público".

No hay perjuicio y quedan "múltiples incidentes" pendientes de resolver

Por otro lado, la juez añade que la demora en la celebración del examen hasta que quede definitivamente resuelto el incidente "no supone perjuicio alguno a las partes y ello lo evidencia el hecho de que ninguna de las parte se ha opuesto a la presente medida de suspensión".

Además, la juez Nuria Marín recuerda que las defensas de los policías locales han presentado "múltiples incidentes que se están tramitando y cuyo resultado está íntimamente ligado a la realización del ejercicio práctico del proceso selectivo el día 30 de septiembre de este año cuya suspensión se solicita, que por otro lado no pueden ser resueltos ante el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento, que le impide presentar alegaciones ni recibir notificaciones vía lexnet, haciéndose una excepción con la resolución de la presente pieza debido a la proximidad de la celebración del examen".

En este sentido, este periódico ya adelantó este martes que la defensa de los policías locales ha vuelto a presentar en el juzgado de lo Contencioso-administrativo numero 7 de Sevilla cuatro incidentes de inejecución del fallo, mientras que el denunciante de las oposiciones presentó un escrito rechazando los términos en los que el Consistorio había planteado la ejecución del fallo y solicitando que se declarara nula la resolución por la que se convocaba el examen para el próximo 30 de septiembre para que se realizara la ejecución conforme al dictado de la sentencia y evitar futuras impugnaciones.

Por todo lo expuesto, la titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo ha decidido suspender la convocatoria del ejercicio práctico del proceso selectivo prevista para el próximo 30 de septiembre en el CEIP Maestro José Fuentes y en el Centro Cívico Blas Infante, todo ello mientras se resuelven esos incidentes en los que se plantea la imposibilidad material de ejecutar la sentencia.

Las alegaciones del Ayuntamiento

La resolución del juzgado se ha producido después de que el Ayuntamiento planteara la inejecución de la sentencia argumentando el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana que supone el cese de los funcionarios. En un auténtico giro inesperado de los acontecimientos, el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado de informar al juzgado de que los 44 agentes serían cesados a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a informar a la juez de que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.

El nuevo planteamiento del Ayuntamiento se produce después de que la defensa de once de los agentes planteara un último intento para frenar la ejecución de la sentencia, alegando que el cese de estos funcionarios supondría un coste para las arcas municipales de unos seis millones de euros y proponía como alternativa que se hiciera una "reserva de notas" para el denunciante en las próximas oposiciones o que se acordara una indemnización para el mismo.

El director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Fernando Díaz Orta, presentó el pasado 7 de septiembre un escrito en el juzgado en el que ponía de manifiesto la imposibilidad de ejecución de la sentencia y señala que la ejecución de la misma supondría para el Ayuntamiento un "coste económico y esfuerzo absolutamente desproporcionado" en relación al beneficio que el denunciante puede obtener con la ejecución, además de afectar a la "seguridad ciudadana", al tiempo que destacaba la "complejidad de los actos administrativos dictados durante la dilación del proceso referido y la situación previsible de los/las Agentes afectados/as por la sentencia en términos económicos, familiares y de empleo".

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