El juez rechaza por tercera vez la petición de Serrano de expulsar del caso a Podemos

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que ha procesado al ex líder de Vox Andalucía Francisco Serrano por fraude de subvenciones y estafa, ha rechazado por tercera la petición del investigado para expulsar de la causa a la acusación popular que ejerce Podemos, que reclama una condena de cuatro años y medio de cárcel y multa de 9,9 millones.

La defensa de Serrano había pedido al juez que declarase la "expulsión" del procedimiento de Podemos, al entender que el escrito de acusación se había presentado fuera del plazo de diez días que había dado el juez para su presentación, sin tener en cuenta que el juzgado había acordado una ampliación de dicho plazo.

En una providencia, el juez Juan Gutiérrez Casillas rechaza la petición de expulsar a la acusación popular de Podemos porque, según recuerda el instructor, ya se había acordado en plazo "la ampliación del plazo solicitada, sin que materialmente hubiese podido ser llevada a efecto al encontrarse las diligencias en la Fiscalía y además por el hecho de que estas actuaciones se han visto afectadas en su paralización procedimental por la convocada huelga de letrados de la Administración de Justicia".

Tanto Podemos como la acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ya han presentados sus respectivos escritos de acusación, en los que solicitan penas de prisión para el ex líder de Vox y sus dos ex socios.

En concreto, Podemos ha reclamado una condena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 9,9 millones para Francisco Serrano, por su presunta participación en un delito de fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,5 millones que Serrano y sus dos ex socios recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

La acusación popular de Podemos reclama una condena de cuatro años de prisión para Francisco Serrano por un delito de fraude de subvenciones, y otros seis meses de cárcel por un delito contable; mientras que para Francisco Javier López Ballesteros solicita cuatro años de prisión y para Enrique Pelegrín Díaz cuatro años y siete meses de cárcel. Asimismo, reclama para todos ellos una multa de 9.956.000 euros y, en caso de impago, una responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión.

Además pide que en caso de condena por el delito de fraude de subvenciones se les imponga la pérdida de la posiblidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo cinco años. Y reclama que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Agencia Estatal Agencia Tributaria o al Ministerio de Industria con 2.489.000 euros.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha solicitado una condena de cinco años y medio de prisión para Francisco Serrano -cuatro años de cárcel por un delito de fraude en subvenciones, otros seis meses por delito contable y un año más si no paga una multa de 9,6 millones de euros-. Esta acusación también pide que los acusados inmdenicen conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria o al Ministerio de Industria en 2.489.000 euros.

En el escrito de acusación presentado, el secretario general de Facua señala que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros se concertaron en el año 2016 con el "propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuyo importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla". De esta forma, constituyeron el 30 de marzo de 2016 la entidad Biowood Niebla, siendo su objeto social la explotación de la madera.

La acusación popular, que ejerce el letrado Francisco Tejado Vaca, señala que el préstamo se concedió ante la "falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de Biowood Niebla ante el Minsiterio de Industria y todo ello por las maniobras falsarias y de engaño" que presuntamente llevaron a cabo "con el objeto de aparentar una solvencia financiera que no tenían y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".