El juez rechaza ampliar la investigación del SAS a las contrataciones en otras provincias
La investigación judicial de las contrataciones del SAS
La Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo de la causa, que considera "apresurado" porque todavía falta documentación por recibir
Las seis claves del caso de los contratos de emergencia del SAS
El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la querella del PSOE por las sucesivas prórrogas de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024, ha rechazado la ampliación de la misma a las contrataciones que se realizaron por las diferentes plataformas logísticas sanitarias en el resto de provincias andaluzas, en un auto en el que recuerda que la presente investigación se limita a dos expedientes muy concretos realizados por los servicios centrales del SAS.
Dice el juez en la resolución, dictada con fecha del pasado martes, que los incumplimientos a los que se refiere la amlicación de la querella del grupo socialista hacen referencia a diversos contratos suscritos por las "diferentes plataformas logísticas sanitarias de contratación o centrales provinciales de compras que tienen la gestión en la contratación de los centros sanitarios de la respectiva provincia, por parte de los directores provinciales que los dictan y suscriben", por lo que "la competencia para conocer de cada uno corresponde al juzgado de Instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos".
El instructor entiende además que "no concurre ninguno de los supuestos de conexidad del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que este juzgado pueda asumir la instrucción de estos nuevos hechos, toda vez que no hay coincidencia en cuanto a su objeto ni en cuanto al sujeto, más allá de la posible tipología de contrtación de emergencia".
El PSOE pidió al juez que investigara por qué el Consejo de Gobierno "no frenó" la contratación de emergencia
En la ampliación de la querella que ha rechazado ahora el juez, la acusación popular que ejerce el PSOE pedía que se investigara por qué el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "no frenó" la contratación de emergencia si al menos desde junio de 2021 tenía conocimiento de que se estaba utilizando esta normativa amparada en la pandemia del Covid, de acuerdo con la instrucción 1/2021 de la dirección general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta que había declarado el fin de esta contratación con motivo de la pandemia. De hecho, recientemente el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, ha reclamado a la asesoría jurídica de la administración sanitaria información sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga ya a la directora gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, la acusación popular ponía en conocimiento del juez los "nuevos hechos presuntamente delictivos" que, a su juicio, se derivan de los 25 informes de Control Financiero Permanente (CFP) realizados por la Intervención de la Junta sobre los contratos de emergencia, en especial los referidos a los años 2020, 2021 y 2022-2023.
En esta segunda ampliación de querella, el PSOE explica que los expedientes de los contratos de emergencia fueron elevados para su conocimiento al Consejo de Gobierno de la Junta, lo cual acredita que "las más altas instancias de la Junta habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la contratación corrupta en el área de emergencia del SAS".
Estas contrataciones, prosiguen los socialistas, sucedieron bajo "presunto pero pleno conocimiento y aquiescencia o tolerancia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues al menos durante todo el año 2022 y hasta bien entrado 2023 (creemos que continuaron incluso durante 2024), el Consejo de Gobierno tomó razón de las indebidas contrataciones de emergencia llevadas a cabo en el SAS".
De esta forma, el propio Consejo de Gobierno "tuvo necesariamente que advertir de que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS" porque, "conociendo o debiendo conocer que desde el 18 de junio de 2021 no había causa Covid para contratar de emergencia, tuvo expresa constancia de que con posterioridad a esa fecha la contratación presuntamente ilegal se continuaba produciendo en el SAS en masa y por importes millonarios".
El magistrado insiste en que el juzgado sevillano "no es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales, no existe justificación para asumir este juzgado la ampliación de la querella de todos los incumplimientos, no se puede extender a toda la contratación ni hacer una revisión general que no corresponde a este juzgado, estando limitada la instrucción al expediente 110/21 (contratos de servicios) y al expediente 2/21 (contratos de obras, ejecución de la segunda fase de obras del hospital Militar Vigil de Quiñones)" de Sevilla.
No obstante, dice el magistrado que hay varios documentos que sí podrían ser "relevantes para estas diligencias" y que están referidos a "informes de la Intervención Central del SAS de los años 2020-2023 al referirse a contratos de emergencia suscritos por los servicios centrales del SAS para servicios de asistencia sanitaria complementaria a los usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga derivada del Covid 19".
La Fiscalía se opone al archivo y a aumentar la fianza a 450.000 euros
De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en el que se opone al archivo de la causa tal y como solicitó la defensa de uno de los gerentes del SAS investigados, al estimar que el sobreseimiento en este momento es "apresurado" porque todavía queda por recibir mucha documentación que se reclamó a distintos organismos y aún no ha llegado al juez.
Dice en concreto el Ministerio Público que "estando pendientes diligencias instructoras, las acordadas por providencia de 13 de noviembre de 2024 a instancia del Ministerio Fiscal, en este momento, en el que ni siquiera consta la remisión de la documental requerida", resulta "apresurado tal pronunciamiento", por lo que se opone al mismo, "todo ello sin perjuicio del resultado de la instrucción que se practique".
El fiscal también se opone al aumento de la petición de fianza realizada por la defensa de los gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que habían pedido que se impusiera una fianza de 450.000 euros a los parlamentarios socialistas para poder ejercer la acusación popular, una cuestión que, no obstante, ya fue resuelta por el juzgado al fijar dicha fianza en 5.000 euros y, en este sentido, señala que esta cuantía impuesta por el juez "no se considera por esta parte exigua", dice la Fiscalía, que no obstante indica que es "patente que los querellantes actúan en su propio nombre y derecho y a la vez en su condición de parlamentarios andaluces del grupo parlamentario socialista, el cual carece de personalidad jurídica".
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