La juez reactiva una antigua causa contra la 'mafia del taxi' del año 2018

No toda la macrocausa contra la 'mafia del taxi' que se investigó en el año 2017 es nula ni se ha archivado por haber superado los plazos legales de la instrucción. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha reactivado una antigua pieza de la macroinvestigación relacionada con la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi (AHST), que estaba siendo investigada por ejercer presuntamente el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

La instructora, que ha actuado precisamente ahora que la Brigada de Información de la Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la denominada 'mafia del taxi', con la detención de 18 taxistas a los que se ha prohibido acercarse a menos de 500 metros del aeródromo sevillano, ha pedido a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que presenten cargos contra los 27 investigados que figuran en esta pieza, entre los que se encuentran dos líderes del grupo del aeropuerto, el actual presidente de Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, y su antecesor en el cargo, Enrique Filgueras, ya jubilado, además de otros miembros de la junta directiva de la asociación.

¿Y qué pieza es la que sigue viva de aquella macrocausa?

Lo primero que cabe decir es que esta causa no tiene nada que ver con la reciente investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en la que figuran esos 18 taxistas a los que se ha impuesto la orden de alejamiento del aeródromo sevillano, mientras que al menos otros 17 conductores figuran como investigados, aunque no llegaran a ser arrestados.

Cuando la juez de Instrucción 8 inició la investigación en el año 2017, se abrieron varias piezas, entre ellas una por la quema de los 9 vehículos de Cabify durante la Feria de 2017 y otras por los incidentes en el aeropuerto y las amenazas y daños a otros taxistas y conductores de VTC. Todas esas causas quedaron archivadas porque la Audiencia de Sevilla estimó, a instancia de las defensas de los taxistas que se habían superado los plazos legales de instrucción que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Todas, menos la que ha reactivado precisamente la instructora, si bien la Audiencia también limitó la instrucción de esta pieza. En la causa que se retoma ahora, la juez dictó el 28 de diciembre de 2021 un auto en el que procesó a 27 taxistas a la AHST como integrantes de la denominada 'mafia del taxi', a los que atribuyó delitos de pertenencia a organización criminal, coacciones y daños.

Tras ese auto que ponía fin a la instrucción y ordenaba tramitar un procedimiento abreviado (PROA) contra los 27 taxistas, entre los que se hallaban los dos líderes del grupo del aeropuerto mencionados, la Fiscalía pidió que se detallara la relación de "daños y coacciones concretos" y que se determinaran las imputaciones por esos delitos a cada uno de los investigados, todo ello para evitar que la imputación pudiera ser considerada "sorpresiva", algo que no se llevó a cabo.

Las defensas denunciaron la vulneración de los plazos procesales y en julio de 2022 la Audiencia de Sevilla estimó sus pretensiones, anulando una parte de la instrucción, la que afecta a las actuaciones para perpetuar el monopolio de la parada del aeropuerto. La Audiencia concluyó que la investigación a la 'mafia del taxi' debió entenderse finalizada desde el 8 de enero de 2018, por lo que todo lo que se incluyera en el proceso desde esa fecha sería por tanto nulo.

Y desde entonces, esta causa estuvo paralizada hasta que la juez de Instrucción 8 dictó el 28 de octubre de 2024 un nuevo auto en el que, estimando un recurso de las defensas, limitó esta investigación relacionada con los delitos de "organización criminal, coacciones y daños". En esta resolución, la magistrada deja fuera del proceso los actos vandálicos que se produjeron en el aeropuerto el 23 de febrero de 2018 -en el hall de llegadas, en el aseo de caballeros del vestíbulo- y la imputación a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi como "persona jurídica", "ratificando el resto de los pronunciamientos e imputaciones", asevera la resolución de la instructora, a la que ha tenido acceso este periódico. De esta forma, los hechos que quedarían en esta investigación serían los actos vandálicos y amenazas cometidos desde que se inició la investigación, en el año 2017, hasta el 8 de enero de 2018.

Después de este auto, la magistrada ha dictado una providencia, con fecha 13 de enero pasado, es decir, una vez conocida la nueva operación policial contra la 'mafia del taxi', en la que explica que como el auto de procedimiento abreviado dictado en diciembre de 2021 es ya "firme", decide dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular "a fin de que formulen escrito de acusación". Entre las acusaciones figura Unauto, la patronal de las VTC, así como algunos denunciantes de los daños y coacciones investigados.

Las defensas ya han recurrido esta providencia, al entender que la juez no puede dar por firme el auto de procedimiento abreviado del año 2021, sino que al haberse eliminado parte de la acusación tendría que haber dictado un nuevo auto de PROA, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

En ese auto de 2021, la juez procesó a los 27 taxistas por el uso de "medios coactivos y vandálicos" para mantener el monopolio del uso de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo. La magistrada concluyó que de la instrucción practicada se derivan "indicios suficientes" para estimar acreditado que la actividad de Solidaridad del Taxi estaba "encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla, teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de esas instalaciones que tenían concedidas por el aeropuerto de Sevilla, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación".

Decía la instructora que aunque los investigados habían negado estos hechos, la investigación había permitido reunir "indicios suficientes y claros", recordando en relación con el conflicto con los vehículos VTC que se "generó una situación de auténtica inseguridad ciudadana" por el "carácter vandálico y violento que revestían los actos cometidos frente a ellos". Así, prosigue, en el registro realizado por la Policía en las oficinas de la asociación en el aeropuerto se encontraron "fotografías realizadas a tales vehículos en distintos puntos de la ciudad y existen multitud de denuncias que constan unidas a las presentes actuaciones de incidentes sufridos por conductores de vehículos VTC en la propia parada del aeropuerto, causando daños a sus vehículos, apareciendo grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se advierte la presencia en las inmediaciones de el propio presidente o de miembros de la directiva de la asociación, lo que nos lleva a presumir en virtud de indicios que sean los responsables y quienes ordenen dichos ataques, sin perjuicio de que las cámaras no capten lógicamente la acción directa de daños contra esos vehículos".

"Clara guerra a los VTC"

En este sentido, la magistrada consideraba que las propias manifestaciones de los integrantes de la asociación ponían de manifiesto que "tienen o al menos en sus inicios emprendieron una clara guerra abierta contra dichos servicios, por entender que estarían limitando su capacidad de negocio y que le estarían lo que entienden robando a los clientes".

Las múltiples denuncias y declaraciones testificales que se recogen en la causa llevan a la juez a aseverar que "existía una concreta animadversión hacia estos servicios pretendiendo impedir que pudieran acudir al aeropuerto a recoger pasajeros, obligándoles finalmente a estacionar sus vehículos en una zona del parking habilitada al efecto pero igualmente intentando amedrentar a los conductores y causar daño en sus vehículos para intentar que no se prestasen tales servicios".