El juez prohíbe acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto a los ocho taxistas detenidos por la 'mafia del taxi'

Nueva prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto de Sevilla a los ocho taxistas detenidos en la segunda fase de la operación policial contra la denominada 'mafia del taxi'. El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, ha dejado este viernes en libertad a estos taxistas detenidos el pasado miércoles, pero les ha impuesto una dura medida cautelar que impide que puedan acercarse ellos y sus licencias a menos de 500 metros del aeródromo sevillano.

Al igual que ocurrió con los 18 taxistas detenidos en la primera fase de la operación, el instructor les atribuye a estos taxistas hasta cuatro delitos: organización criminal, coacciones, daños y amenazas. Los ocho taxistas han sido puestos a disposición judiciales a primera hora de la mañana, tras haber sido arrestados en una operación que ha llevado a cabo la Brigada de Información de la Policía Nacional.

Según fuentes del caso, el magistrado ha acordado las mismas medidas que el pasado 11 de enero adoptó contra los primeros 18 taxistas arrestados. En aquella ocasión, el juez ya puso de manifiesto que pretendía “cortar de raíz” la actividad criminal de los investigados en esta nueva investigación a la denominada 'mafia del taxi'. Así lo aseguróen el auto en el que acordó ayer la puesta en libertad de los arrestados y en el que incluye importantes medidas cautelares para evitar que durante la instrucción de la causa los investigados puedan acudir a las instalaciones del aeropuerto de San Pablo y aproximarse a menos de 500 metros al aeródromo.

El magistrado detallaba en el auto cómo el grupo de taxistas del aeropuerto, pertenecientes a la asociación Solidaridad del Taxi, se valieron de la violencia y de las amenazas para obtener un "gran lucro" económico con el monopolio de las carreras que allí realizaban y a las que no tenían acceso el resto de taxistas de la capital andaluza.

Para el instructor, de las investigaciones realizadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional, se desprenden "fundados indicios" de la comisión por parte de los 18 investigados de cuatro delitos -amenazas, coacciones, daños y dirección y pertenencia a organización criminal-, que se castigan con hasta ocho años de prisión, según apunta la resolución judicial, a la que tuvo acceso este periódico.

En cuanto a las acusaciones contra el grupo de taxistas del aeropuerto, el juez explica que éstos se "organizaron para monopolizar el servicio de transporte de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, impidiendo con violencia a otros profesionales del sector trabajar en las instalaciones, mediante amenazas, coacciones y otros actos de intimidación, individualmente y en grupo".

Para ello, proseguía el magistrado, los investigados establecieron "un sistema de vigilancia y control, dañando bienes de los profesionales que pretendían realizar su trabajo en el aeropuerto, consiguiendo con ello un gran lucro económico debido a las tarifas de traslado a/o desde el aeropuerto de los usuarios".

Con estos argumentos, el juez decidió imponer la orden de alejamiento a los taxistas, a instancias de la Fiscalía de Sevilla, una medida que estima necesaria para "cortar de raíz la criminal actividad, proteger a los trabajadores del sector ajenos al grupo delictivo, a las víctimas de las ilícitas actividades de los mismos, a los usuarios, y al normal funcionamiento del servicio de transporte en el aeropuerto".

El auto acuerda, por tanto, la prohibición de acceder a las instalaciones del aeródromo sevillano o acercarse intencionadamente a las mismas a una distancia inferior a 500 metros, extendieron la prohibición "a cualquier otra persona que, usando las licencias de taxi de los mismos, pretenda acceder al aeropuerto de Sevilla, o acercarse intencionadamente a menos de 500 metros".

El juez también advirtió a los investigados para que "se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta, apercibiéndoles de que su incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, incluso la prisión provisional, sin perjuicio de otras responsabilidades criminales que del incumplimiento pudieran resultar", dando incluso instrucciones a la sociedad estatal Aena, que gestiona el aeropuerto, para que en su caso preste "auxilio y ayuda" a las víctimas.