El juez procesa a la ex cúpula de UGT-A por un fraude de 40 millones en facturas falsas

Un fraude de más de 40 millones de euros. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla Juan Jesús García Vélez ha procesado al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a otras 14 personas por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en un auto en el que el instructor concluye que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros.

En un auto fechado ayer, 3 de diciembre, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados en esta macrocausa son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A y ex tesorero Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna; la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio G. S., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, "valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución" que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su "situación de incapacidad sobrevenida" por motivos de salud, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata en el auto que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, "se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", añadiendo que "la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido", como es "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

Y según el juez, en la consecución de "aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".

El uso del rápel y el bote y una tercera vía fraudulenta

El magistrado analiza "las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito", como son el mecanismo llamado rápel, por el que el sindicato se beneficiaría de los "descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa", o el mecanismo denominado bote, sistema informatizado y controlado a través de un programa denominado Spyro, por el que UGT-A "se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no corresponderían a servicio prestado alguno", pero que "eran imputadas a programas subvencionados".

Según el instructor, en la implantación y desarrollo del sistema de defraudación mediante el rápel y el bote "tuvo especial relevancia la creación por decisión directa de Manuel Pastrana de la central de Compras en 2006, con la finalidad de centralizar la relación con los proveedores de UGT-A". Lo mismo ocurre con el bote, en cuya implantación y consolidación "resultó esencia el apoyo y gestión que prestó la Central de Compras, creada por Manuel Pastrana y con la participación directa de los investigados María Dolores Sánchez, Federico Fresneda y María Charpín", sostiene el instructor.

Y para asegurar el fin del sistema, el ex tesorero Federico Fresneda "seleccionaba a los proveedores de la organización, y negociaba con ellos la aplicación de un descuento, mediante pacto escrito o verbal, pero siempre bajo la exigencia de que no se dejara reflejo de dichos descuentos en las facturas emitidas por adquisición de bienes o prestaciones de servicios, sino que se incluyeran en factura al final del ejercicio, en concreto mediante una factura de abono". Por esta factura, el proveedor realizaría la "devolución en una sola vez del descuento completo a la entidad sindical, mediante ingreso en cuenta o pago en metálico", dice el magistrado.

El mecanismo culminaba cuando en la cuenta justificativa que había que presentar ante la Junta, se adjuntaba sólo la factura que no incluía el descuento oportuno, "descuento que era ocultado" y el juez destaca que UGT-A llegó a desarrollar el programa informático Spyro para "gestionar el importante volumen que adquirieron las cuantías correspondientes al concepto de rápel o descuento, cuantías que Federico Fresneda informaba a la Comisión Ejecutiva de UGT-A".

Como tercera "vía de financiación fraudulenta", el instructor señala que el sindicato "habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único- "mediante contratos elevados a público entre dichas empresas". Así, se trataba de un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto".

En este punto, Juan Jesús García Vélez explica que, "tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES", agregando que, "en tanto que, según la normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento", pero, en este caso, "tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable".

El magistrado considera que, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor" del investigado Federico Fresneda, secretario general de Administración, "que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica", una labor en la que además "contaba con el apoyo directo" del ex vicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

El instructor precisa que, "para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, "prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes" del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes "se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención".

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, "para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente", se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

"El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros", asevera el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.

14 expedientes de subvenciones

En el auto, el juez recoge las presuntas irregularidades detectadas en 14 expedientes, de acuerdo con el informe pericial elaborado por el interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad Luis Ayala Gallo, quien en mayo de este año ratificó en el juzgado su informe en el que cifraba el presunto fraude en casi 41 millones.

El perito examinó un total de 32 expedientes de subvenciones concedidas a la organización sindical, si bien las presuntas irregularidades se centraban en 16 ayudas. El expediente donde supuestamente el interventor detecta el mayor fraude se corresponde con un convenio suscrito el 29 de diciembre de 2009 de la dirección general de Empleabilidad y Formación Profesional, por el que se concedió una subvención por importe de 16,5 millones. En virtud de este convenio se realizaron 516 acciones formativas y, según el perito, hay gastos imputados al expediente "no subvencionables" por la cantidad de 15.186.328,51 euros.

Y también un expediente del año 2009 por el que se concedió a UGT una subvención de algo más de ocho millones de euros para la realización de 183 cursos, donde el perito concluye que la organización sindical ha incluido gastos "no subvencionables" por importe de 7,5 millones.